Ana Parra Sevilla: “El reto es construir un marco regulatorio flexible, coherente y moderno”

Ana Parra Sevilla, responsable de Administraciones Públicas de Codere, aprovechó su intervención en la mesa de debate “El Jugador del Mañana”, celebrada durante la segunda jornada del XIX Congreso de Juego de Castilla y León en Soria, para plantear una cuestión que afecta directamente a la evolución del Sector: ¿está la regulación preparada para responder a las necesidades del nuevo consumidor?

Sevilla articuló su intervención en tres cuestiones: los esports, las apuestas virtuales y los medios de pago.

Sobre los esports, la representante de Codere fue tajante: “No estamos ante una moda pasajera“. Se trata de una industria consolidada desde hace más de 15 años, con competiciones internacionales, equipos profesionales, patrocinadores, publicidad y mercados de apuestas. Un ecosistema que, según las cifras citadas por Parra Sevilla, superó en 2025 los 600 millones de espectadores en todo el mundo y rozó los 1.900 millones de dólares de ingresos.

En España, el anuario de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) recoge que unos 22,8 millones de personas juegan a videojuegos, casi la mitad de la población, con una media de 8,5 horas semanales y un uso mayoritario de móviles y tabletas.

Una realidad que, a su juicio, exige una respuesta normativa a la altura. La regulación de los esports no depende de una única norma, sino de un “puzle de muchas piezas” en el que confluyen la legislación del Juego, la publicidad, la propiedad intelectual, la protección de datos, la protección de menores y las reglas aplicables a los establecimientos. Además, recordó que buena parte de las comunidades autónomas ya los han incorporado a sus mercados de apuestas.

Uno de los puntos en los que más insistió fue en la necesidad de distinguir entre lo digital y lo virtual. “Aunque estos eventos sean digitales, no significa que sean virtuales“, explicó. En los esports compiten personas reales, con su habilidad, estrategia y capacidad competitiva; en cambio, las apuestas virtuales se basan en simulaciones informáticas. Por eso, defendió que los esports requieren “un análisis jurídico propio que distinga la competición real, el producto ofertado y el marco regulatorio“.

Parra Sevilla reclamó una visión coherente entre el canal presencial y el online, teniendo en cuenta el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. El objetivo debe ser garantizar “seguridad jurídica para los operadores“, preservar la integridad de las competiciones frente a posibles amaños y proteger a los consumidores. Todo ello, subrayó, con la protección de los menores y de las personas que tienen prohibido el acceso al Juego como principios irrenunciables.

El segundo bloque estuvo dedicado a las apuestas virtuales, que quiso diferenciar claramente de los esports. En este caso no hay deportistas ni competiciones reales: el resultado lo determina un software mediante mecanismos aleatorios. Su atractivo comercial reside en que permiten apostar durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin depender de un calendario deportivo.

El problema, señaló, es que reconocer estas apuestas en una norma no siempre basta para hacer posible su explotación. Como ejemplo, mencionó Euskadi, cuyo Reglamento General del Juego contempla las apuestas virtuales tanto para los locales de apuestas como para el canal online, pero donde, según explicó, todavía falta el desarrollo mediante las correspondientes órdenes para que puedan ponerse en marcha de forma efectiva. Una cuestión que ilustra cómo la actualización normativa debe ir más allá de recoger nuevos productos sobre el papel.

Pero la propuesta más enérgica de su intervención llegó al abordar los medios de pago. Parra Sevilla volvió a la imagen del consumidor que utiliza el móvil para pagar en tiendas, taxis o bares y lanzó una pregunta directa: “¿Por qué no puede hacerlo en un establecimiento de juego, máxime cuando contamos con las máximas garantías y controles de acceso a todos los niveles?“.

La responsable de Codere defendió aprovechar la reforma de los reglamentos para “admitir todo medio de pago legalmente aceptado en derecho“, utilizando la tecnología disponible y los procedimientos de homologación previstos en cada regulación sectorial. La propuesta persigue facilitar nuevos sistemas de pago, garantizar la seguridad y la trazabilidad de las operaciones, simplificar procedimientos y evitar trabas innecesarias, “sin rebajar ninguna garantía“.

La intervención concluyó con una reivindicación de fondo: el futuro del Juego no depende únicamente de incorporar nuevos productos o tecnologías, sino de contar con reglas capaces de acompañar esa evolución. “El reto no es únicamente incorporar nuevos productos o tecnologías, sino construir un marco regulatorio flexible, coherente y moderno“, defendió Parra Sevilla.

Una regulación que permita innovar con seguridad jurídica, proteja al consumidor y mantenga la competitividad de las empresas. Para ello, concluyó, “la omnicanalidad, la experiencia de cliente y la adaptación normativa siempre tienen que confluir juntas“.