Vicente de la Morena: “La normativa en Castilla-La Mancha ha obligado a todas las empresas a realizar importantes inversiones”

Vicente de la Morena, Presidente de ASMAREMA, ha hablado recientemente con la Tribuna de Ciudad Real en relación a la implantación de los controles de acceso en los establecimientos de Juego desde la aprobación de la normativa manchega de modificación de la Ley del Juego el pasado año.

Para el Presidente de ASMAREMA, la aprobación de este texto supuso un cambio importante para el Sector, pues este obligó a los establecimientos de Juego en Castilla-La Mancha a realizar importantes inversiones, “tanto en adaptación de las fachadas, en las que se han tenido que eliminar todo tipo de imágenes, como en la adquisición de costosos sistemas electrónicos para cumplir las rigurosas exigencias de control de acceso a los establecimientos que se imponen en la nueva normativa”.

Pese a ello, Vicente de la Morena valora positivamente la implantación de estos controles, asegurando que “pese a suponer un alto coste para las empresas, aportan una mayor seguridad y agilidad en la admisión de las personas que acuden a los establecimientos de Juego”.

Un control exhaustivo, que tan sólo se refleja en el Juego Privado, mientras que en el Juego Público presencial no requiere ningún tipo de control. De la morena destaca que en los establecimientos de Juego “es imposible que pase alguien sin el dni”, añadiendo que las Salas de Juego “tenemos inspecciones cada quince días”.

Otro de los puntos que destaca el Presidente de ASMAREMA, es que este sistema “ha acabado con una percepción distorsionada que existía anteriormente, según la cual mucha gente pensaba que no se controlaba adecuadamente el acceso a estos establecimientos”, y recuerda que desde hace ya diez años se controla rigurosamente el acceso, “pero es verdad que ahora existe una sensación generalizada de que ese control es aún más riguroso y eficaz”.

Una de las notas negativas de esta normativa, fue la necesidad de trasladar algunas de las Salas de Juego ante la entrada en vigor de las medidas de distancias respecto a centros de enseñanza: “hay algunos locales que no han podido afrontar el cambio de ubicación y que, por ello, se verán obligados a cerrar dentro del periodo transitorio previsto en dicha ley, que establece como fecha tope la del 31 de diciembre de 2029”.

Una medida que se ha traducido en la petición por parte de algunos locales del cese de actividad, situación que pueden prorrogar durante un año, tiempo tras el cual, deberán cerrar definitivamente: “Las empresas tendrán que decidir si se trasladan a otra ubicación, con la importante inversión que ello conlleva, o se acogen al plazo de prórroga de la autorización que supondría mantener su ubicación actual, pero sabiendo que tendrán que cerrar como tarde el 31 de diciembre de 2029”.

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