El Consell permitirá trasladar salones de Juego, siempre y cuando su traslado suponga un aumento de la distancia del local respecto a los centros docentes…
Valencia prohíbe de forma definitiva nuevas licencias de máquinas en hostelería
AZARplus
La Comunitat Valenciana ha cerrado finalmente el capítulo de transitoriedad que se inició hace casi un año con la última prórroga de la moratoria de licencias. El pleno del Consell ha aprobado el decreto definitivo que establece las directrices y criterios para el desarrollo de la actividad.
En términos operativos para hostelería, la medida más significativa es la confirmación de que no se concederán nuevas autorizaciones de explotación de máquinas B, limitándose exclusivamente a los supuestos de sustitución o renovación. Con esta decisión, la Generalitat impone un fuerte veto al incremento de la oferta de Juego en este canal.
Por primera vez, se abre la posibilidad de trasladar salones de Juego, locales de Apuestas y salas de bingo, aunque solo se autoriza si su traslado supone un aumento de la distancia del local respecto a los centros docentes.
El decreto también introduce mecanismos de revisión a largo plazo para evitar futuras parálisis normativas, fijando que la Generalitat elaborará un nuevo estudio de impacto cada cinco años como máximo.
Asimismo, se han actualizado los registros para ganar eficiencia administrativa: las inscripciones en el Registro de Personas Excluidas de Acceso al Juego tendrán ahora una vigencia máxima de veinte años, y se ha regulado la baja automática en el Registro General de Juego para aquellos establecimientos, principalmente bares y restaurantes, que acumulen más de cinco años sin máquinas autorizadas en vigor.
El texto busca, según la Administración, un equilibrio entre el derecho al ocio legal, el ejercicio empresarial y la protección de los colectivos más vulnerables, basándose en un análisis técnico de la Conselleria de Hacienda y la de Sanidad sobre la prevalencia del Juego problemático.
Según explicaron el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, y el vicepresidente tercero, Vicente Martínez Mus, esta norma no es un mero trámite, sino el resultado del estudio de impacto exigido por la Ley 1/2020 para poner fin a una suspensión que nació originalmente como una medida de choque.
Si no se contesta al delirante informe a que se refiere la noticia, que empezaba por la situación epidemiológica … pasan estas cossas.