Valencia: “La nueva ley aboca al juego a la extinción”

Los partidos del Botànic abren en Levante-EMV una puerta al diálogo sobre número de locales, su ubicación y plazos de aplicación que el sector acoge con cautela al ver peligrar 7.000 empleos

Las cartas están sobre la mesa. Los partidos del Govern del Botànic abrieron ayer una puerta al diálogo con el sector del juego durante un desayuno informativo en las instalaciones de Levante-EMV, una luz a una negociación sobre la nueva ley que debe dirimir el futuro de su modelo empresarial y que será debatida el próximo 10 de marzo en la Comisión de Hacienda que se celebrará en las Corts. José Muñoz, secretario de Organización del PSPV,-PSOE y diputado ponente de la ley, fue quien lanzó el envite y Ferran Martínez, diputado de Unides Podem, quien refrendó la propuesta. Encarna Gaspar y Alexandre Mollá, en representación de la Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas de la Comunidad Valenciana (Andemar), tomaron el guante y se mostraron esperanzados.

Aún así, y como quedó de manifiesto en una sesión que reunió por primera vez a los ponentes del nuevo texto de los seis grupos políticos con representación en las Corts, las posturas todavía están lejanas. Los empresarios aseguran que, en vista de las enmiendas presentadas por el Botànic, el sector está «abocado a la extinción» y que se ponen en riesgo 7.000 empleos en la Comunitat Valenciana. PSPV, Compromís y Unides Podem defienden la necesidad de que haya una regulación «ambiciosa» que vele por los intereses de los ciudadanos amparándose en la «alarma social» suscitada. Sobre el tablero, tres cuestiones que planteó Muñoz sobre las que dialogar: «¿Cuántos establecimientos son deseables/soportables? ¿Dónde deben estar ubicados? Y ¿cuál es el plazo para reestructurar el sector con esta ley?»

Precisamente, dos de esos temas están relacionados directamente con la medida que más ha soliviantado a los representantes del sector del juego: la prohibición de que haya establecimientos o máquinas recreativas de tipo B en locales de hostelería a menos de 850 metros de centros escolares, hospitalarios o polideportivos. «El resultado final de esta normativa es la extinción del sector», sostuvo Gaspar, que apuntó a que «ningún local cumple actualmente con esa distancia ni se podrá acoplar a ella», al tiempo que lamentó que «el juego presencial será el afectado cuando el protagonista de la situación actual es el online». «El número de salones y máquinas recreativas no es mayor que el de 2008. El juego online y las apuestas han hecho que haya una mayor visibilidad que se confunde con alarma social», señaló la responsable de Andemar. Gaspar incidió en el daño que, según sus datos, supondrá la nueva normativa: «Se perderán 7.000 empleos directos , se afectará a 30.000 puestos de trabajo indirectos y se dejarán de recaudar 159 millones de euros en impuestos».

En ese sentido abundó también Alexandre Mollá: «El Govern no analizó el impacto laboral y económico que tendrían esas enmiendas. Todas las mañanas los empleados me preguntan lo mismo: ¿Cuál va a ser nuestra situación? Si se aprueban esas medidas, en un máximo de 10 años estamos fuera». «Tenemos un salón de juego desde 1981 a 100 metros del instituto Lluís Vives de València y jamás ha generado ningún tipo de alarma. Nos encontramos con que, al vencimiento de la autorización, deberá cerrar, y otros nuevos seguirán abiertos», lamentó. A pesar de las grandes diferencias, Mollá, a raíz del guante lanzado por el Botànic, emitió un mensaje conciliador: «Estoy convencido de que hemos empezado un diálogo y estoy seguro de que se acercarán posturas y de que ambas partes llegaremos a un punto en que quedemos satisfechos».

Necesaria por «alarma social»
Los portavoces de los tres partidos del Botànic coincidieron en la necesidad y la premura para aprobar el nuevo proyecto de ley con sus enmiendas por la «alarma social» que se ha creado. Para ello, Muñoz recordó que la legislación vigente data de 1988 y que desde que se inició el actual proyecto de ley en 2017 «han ocurrido una serie de cosas que han provocado que hayamos aportado cambios en forma de alegaciones. Se plantean para proteger a los menores, regular la publicidad al nivel de competencia autonómico y limitar las casas de apuestas y juegos que especialmente han proliferado en barrios de rentas medias y bajas». «No nos preocupan tanto los operadores del juego como los intereses de la ciudadanía, pero sabemos que llevan a cabo una actividad legal», apuntilló Muñoz.

Mientras, Graciela Ferrer (Compromís) ahondó en la «preocupación» social que ha suscitado la proliferación de las casas de juego. «Se están abriendo a 20, 30, 50, 150 metros de colegios e institutos. Todo indica que hay un riesgo grande hacia nuestra juventud para los próximos años. Tenemos la responsabilidad de que su futuro y el de sus familias no sea destrozado por prácticas compulsivas», argumentó. A su vez, Ferrer consideró que «el horizonte de implementación de esas medidas –10 años– es suficiente para la adaptación de los sectores económicos
afectados a una nueva realidad».

En un sentido similar también apuntó Ferran Martínez (Unides Podem): «Una buena parte de la sociedad percibe el crecimiento del sector del juego como un riesgo, porque más allá incluso de un efecto patológico como es la ludopatía, el hecho de que alguien pueda dejarse 50, 100 ó 200 euros en ello puede suponer un efecto pernicioso en la economía familiar». Por ello, Martínez defendió que aboga por una regulación más restrictiva. «Para nosotros es evidente que hay que frenar la expansión del sector. Incluso debe decrecer», añadió. Aún así, Martínez defendió que los términos previstos por las enmiendas se basan en una «aplicación muy progresiva que atenuaría los efectos que pueda tener sobre los puestos de trabajo y la economía».

Y para refrendarlos se sumó el secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero, quien justificó que «la distancia entre establecimientos y centros escolares deberá ser la que se considere más correcta y equilibrada, pero no debe estar en función de la actividad». «La ley no se hace para perjudicar al sector, sino para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad», insistió.

Por su parte, los partidos de la oposición mostraron su crítica, principalmente, a la forma en que se ha engendrado la nueva ley. Rubén Ibáñez (PP), cuyo partido ha presentado una enmienda a la totalidad, insistió en que las alegaciones presentadas por los grupos del Botànic otorgan a la legislación «un problema de inseguridad jurídica». «Si la hacen los grupos parlamentarios sin ningún filtro jurídico, esta ley es carne de Tribunal Constitucional seguro. Bien una parte o la otra van a recurrirla», advirtió. Asimismo, Ibáñez hizo hincapié en la falta de medidas concretas contra la ludopatía. «No desarrolla nada más que lo que dice la Ley estatal», indicó.

Coincidió en la crítica del uso de las enmiendas para legislar Ruth Merino (Ciudadanos), que reprobó que «se han utilizado mecanismos no del todo adecuados para que se legisle al gusto de los grupos parlamentarios». Asimismo, también recordó que las distancias consensuadas respecto a recintos escolares, deportivos o sanitarios, según la doctrina marcada por una sentencia del Tribunal Supremo, deben estar justificadas por «motivos de imperiosa necesidad»; y pidió que «se compense el efecto pernicioso que puede tener la ley en el sector protegiendo a la vez a las personas vulnerables». «Con las medidas presentadas la alarma social no va a desaparecer. Seguirá existiendo el juego online y la publicidad. ¿Qué vamos a conseguir con los 850 metros? Cerrar prácticamente el sector e incentivar que haya más juego ilegal», denunció Merino.

José María Llanos (Vox) negó la mayor: «No creemos que haya esa alarma social». «Se ha dicho que lo que produce la alarma social es quehaya más salones de juego, pero eso es estrictamente libertad de mercado», mantuvo. Aunque reconoció la necesidad de regular el sector, Llanos acusó al Botànic de «cargarse de forma abismal lo que es una generación de riqueza para muchas familias» en caso de que aprueben las enmiendas propuestas. Eso sí, aseguró que su partido propone «una regulación restrictiva de la publicidad» y afeó que «unos lobbies han reducido las restricciones previstas en la legislación nacional» recientemente propuesta por el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Respecto a esas críticas por la «inseguridad jurídica» del nuevo texto legal, Gamero defendió que «la alarma social existe» y que el cambio vertiginoso que se ha producido en los últimos años ha motivado que se reforme la ley mediante enmiendas en trámite parlamentario. «La alternativa era un decreto ley, con el que hay menos debate», apuntó. Mientras, Ferran Martínez lamentó que «trasladar el debate a la seguridad jurídica es querer eludir el propio debate y desacreditar la ley». «Somos los primeros que queremos seguridad jurídica y eficacia porque no queremos que la tumben», remató.

Los sindicatos piden planes
Los sindicatos, tanto UGT como CCOO, apelaron a la necesidad de la protección de los trabajadores. Miguel Ángel Rodríguez, responsable nacional de UGT en el sector del juego, apuntó que el 80 % de los contratos del sector son indefinidos y estables, y mantuvo que el gran problema se encuentra en la apuesta deportiva. Con la nueva ley, aseguró que «se teme por los puestos de trabajo actuales». Su compañero a escala autonómica, Gonzalo Aranda, reclamó que «si esto va dirigido a una reconversión del sector, planteamos que se tenga en cuenta a los trabajadores con previsiones de reciclaje para paliar en la medida de lo posible los efectos sobre ellos». Salvador Mejías (CC OO) abordó también la necesidad de «un plan de prevención para las personas que trabajan en el sector», si bien apuntó que el juego requiere «una regulación ambiciosa para beneficio de las personas».

El debate, moderado por Julio Monreal, fue seguido en el mismo salón por un nutrido grupo de acompañantes, entre los que se encontraban Luis Portolés Aliaga, presidente de Asvomar, y otros representantes del sector. Finalmente, el máximo dirigente de la alicantina Apromar, Virgilio González, no pudo sumarse a la sesión.

Levante El Mercantil Valenciano

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