SUMAR decide “meter mano” a la Lotería

Es loable ver que el partido que trató de ponerle las cosas claras a SELAE y la ONCE en su último Programa Electoral y pese a recular en su intento, no se deja amedrentar por el Juego público y vuelve al ataque… El Grupo Parlamentario SUMAR ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados con el objetivo de impulsar una regulación para la comercialización de juegos de lotería a través de canales electrónicos.

SUMAR subraya la necesidad de implementar mecanismos estrictos de verificación de identidad en los puntos de venta autorizados, para evitar la participación de menores y autoprohibidos. Además, la iniciativa pretende garantizar que se tomen las medidas adecuadas para prevenir delitos relacionados con el blanqueo de capitales.

Según señala SUMAR en su exposición de motivos, el uso de medios electrónicos para la compra de boletos de lotería ha crecido de manera exponencial en España, con un incremento del 85 % entre 2019 y 2021. Este crecimiento está relacionado con el avance de la tecnología y la digitalización, que han facilitado el acceso a la compra y gestión de productos de lotería a distancia. Según la PNL presentada por SUMAR, este cambio en los hábitos de consumo hace necesario implementar una regulación adecuada para garantizar que la comercialización a distancia se lleve a cabo de manera segura, evitando que personas no autorizadas, como menores de edad, participen en estos juegos.

La Proposición No de Ley también destaca la importancia de definir los requisitos que las entidades colaboradoras deben cumplir para comercializar juegos de lotería por medios electrónicos. Actualmente, el marco legal aplicable establece que cualquier entidad que comercialice productos de lotería debe contar con la autorización expresa de SELAE.

No obstante, SUMAR aboga por una actualización de esta normativa, adaptándola a las nuevas realidades del mercado electrónico, para garantizar que tanto las entidades colaboradoras como los consumidores cuenten con las garantías necesarias en el proceso de comercialización de estos productos.

La proposición será debatida en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, donde se evaluarán las posibles implicaciones de estas medidas en la seguridad del proceso de comercialización y en la protección de los colectivos más vulnerables.

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