Sigue abierto el debate sobre la Ley de Juego de Valencia

La presentación y diálogo sobre las enmiendas de aproximación a la Ley de Juego de Valencia celebrado en esta mañana en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Cortes Valencianas ha dejado abierto el debate sobre el contenido final de esta Ley, que solamente se determinará en un próximo Pleno de la Cámara valenciana, concretamente el 3 de abril.

La sesión de la Comisión comenzó con una discrepancia de forma y de fondo entre la oposición (PP, Ciudadanos y VOX) frente al Botanic (Grupo Socialista, Unidas Podemos y Compromís) por la presentación de estas enmiendas de aproximación que, pese a cumplir los plazos reglamentarios, toda la oposición aseguró que había sido imposible estudiar y debatir en el corto espacio de unas horas. Por ese motivo PP y VOX renunciaron al debate en la Comisión remitiéndose al que se celebrará en el Pleno, y sólo Ciudadanos intervino desde la oposición, aunque sin dejar de denunciar la mencionada circunstancia de falta de tiempo para analizar las propuestas, a la que se adhirió a título personal la propia Presidenta de la Comisión, la diputada del PP Eva Ortiz Vilella.

En esta tesitura la sesión se limitó a una exposición de posiciones que en conjunto resultaron mucho menos radicales y disruptivas y con un lenguaje más moderado que las producidas en anteriores ocasiones en esta misma sede. A lo que cabe añadir una atención  muy especial sobre la consideración que tuvo más de un parlamentario hacia la cuestión de la repercusión de la Ley en la Hostelería, en línea con las reivindicaciones planteadas por este colectivo a través de iniciativas como SOS Hostelería.

Ofrecemos a nuestros lectores el resumen de las intervenciones realizadas en la Comisión.

Ferrán Martínez (Unidas Podemos) utilizó el discurso de las “familias arruinadas” para afirmar que existía una alarma social “que reconocen las propias Patronales del Sector” y aseguró que al preparar el Proyecto de Ley se había hablado con todos los agentes –asociaciones vecinales, asociaciones de exludópatas y asociaciones del Sector entre otros- para llegar a puntos como los 850 metros de distancia con centros escolares y 500 entre los establecimientos de juego, los controles de acceso en la Hostelería, las restricciones publicitarias y de patrocinio y promoción o una estrategia general de prevención de la ludopatía.

Graciela Ferrer (Compromís) defendió que junto al capítulo de prevención del juego patológico para la infancia y la juventud se incluyera una perspectiva de género. También la limitación de la publicidad estática y en los medios de transporte y el exterior de los locales y abogó por el papel de los Ayuntamientos en la materia. Habló de la “proliferación desbocada· de los Salones y Casas de Apuestas” y en cuanto a las máquinas B en la Hostelería además de su contingentación pidió una “alternativa” para garantizar que los menores no accedan a ellas mediante su control de activación y desactivación. Finalmente también pidió la eliminación de los terminales de apuestas de los bares y de los recintos deportivos.

José Muñoz (Grupo Socialista) abordó 4 puntos: 1) La publicidad, donde hay que “restringir, no prohibir; e incentivar fiscalmente a los medios y equipo que luchan contra la ludopatía“. 2) Las apuestas online, que aunque son de regulación estatal deben de regularse considerando las posiciones de las Comunidades. 3) La proliferación de Salas, donde la distancia de 850 metros a los centros escolares no deben ser “lineales, sino radiales” y solo en suelo residencial, ya que no se trata de prohibir sino de regular y de la que deben quedar excluidos Casinos, Bingos y establecimientos de Hostelería, sobre los que es necesario “ser sensibles de que necesitan ayuda”. 4) La lucha y prevención de la ludopatía, un tema en que preconizó 5 años de moratoria para realizar los estudios adecuados.

Ruth María Merino (Ciudadanos) reprochó al Proyecto de Ley ser igual al de hace dos años, a pesar de que sus promotores dicen que la situación ha cambiado muchísimo, y remarcó que se ha producido una “nueva alarma social ante la desaparición de miles de puestos de trabajo y cientos de empresas, además de la de los correspondientes impuestos y el peligro de que se generen apuestas ilegales”.  El programa de su Partido, afirmó, se basa en la prevención y educación sobre el juego hasta los 18 años, la eficacia de los controles de acceso “que funcionan bien, pero donde hay que llegar al cero de menores”, y finalmente el apoyo a los ludópatas habilitando recursos y configurando en 12 meses un Plan de Prevención. La diputada defendió “la libertad individual y la seguridad jurídica de las empresas” regulando con consenso de todas las partes y no simplemente prohibiendo, para conseguir que “el juego sea algo anecdótico como ha sido durante muchísimos años”. Dijo que sobraban inputs y reclamos publicitarios, pero que en esa labor era necesaria “la legislación estatal, porque sino no sirve de nada lo que hagamos”.

Con su negativa a participar en la Comisión los diputados Rubén Ibáñez (PP) y Rebeca Serna (VOX) Rubén dieron por defendidas sus enmiendas hasta el próximo pleno de las Cortes.

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