“Si la ONCE lo tiene todo, ¿por qué nos quieren aniquilar? Es que no tiene sentido”

Albert Campabadal Mas, Presidente de honor de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee), intervino en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso a petición del Grupo Parlamentario Socialista para exponer la evolución, situación y perspectivas de futuro de los centros especiales de empleo en España, destapar el trato de favor que ostenta la ONCE, denunciarlo y pedir explicaciones. Una interesante intervención que él mismo definió como de inusual, “porque aludimos a otras entidades del sector de la discapacidad”, al tiempo que describía la situación actual como de momento “muy complicados, complicadísimos”.

Y es que, la ONCE, como ocurre también en el ámbito del Juego, recordemos que ningún colectivo más de discapacitados puede operar una Lotería Solidaria, presenta un trato de favor con respecto a otros actores que desarrollan su misma actividad, en este caso, Centros Especiales de Empleo. En este punto, Campabadal lo explica muy claro: “todos estamos trabajando para que las personas con discapacidad puedan trabajar. No tiene ningún sentido que se haga una exclusión, pero además es una exclusión para la entidad más potente de este país. Si ustedes hacen números verán que la discapacidad visual no representa ni el 1 % de todas las discapacidades, y si ustedes juntan todos los ingresos del grupo ONCE son superiores a todos los ingresos de los restantes 2000 centros especiales de empleo. Es que lo tienen todo. [¡Coño!]1* ¿Por qué nos quieren matar? (Risas). Es que no lo entiendo. Si lo tienen todo, ¿por qué nos quieren aniquilar? Es que no tiene sentido”. Argumentos que bien se pueden extrapolar a su situación en el mundo del Juego.

Volviendo al tema principal, a su juicio, tanto “los centros especiales de empleo de iniciativa privada, sobre todo y muchos del sector asociativo no habíamos estado en el riesgo de desaparición, de extinción, en el que estamos ahora”.

Campadabal afirmó en el primer turno de su intervención (pág. 2 del pdf) que “ante la gravedad de la situación, seguro que no hemos sido políticamente correctos pero, claro, una ocasión como la presente de poder hablar delante de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara o lo haces muy clarito y que se entienda muy bien, o si te vas por las ramas, el mensaje no cala como tendría que calar”, dijo.

“¿Por qué hay una ley que de los aproximadamente 2300 centros especiales de empleo que hay en España reserva solo para 258 centros especiales de empleo de ONCE la Ley de Contratos del Sector Público?”, preguntó, para a continuación explicar por qué considera que el trato no es igualitario (pág. 6).

“Entre el convenio colectivo y la Ley de Contratos del Sector Público nos van a triturar”, dijo. Una exclusión ante la que solo cabe el pesimismo, poniendo en peligro su misma supervivencia. En palabras de Campadabal:

“¿Por qué para esta entidad este Congreso y el Gobierno han hecho una ley para reservarla todos los contratos y nos han excluido a todos los demás? Es que no lo entendemos. Es que de verdad no lo entendemos. Es muy incorrecto lo que digo, pero es que nos vamos a morir, porque quedamos excluidos. Ahora estamos negociando el convenio colectivo. En el convenio colectivo se ha puesto un párrafo en el que dice que los centros especiales de empleo de iniciativa social tendrán los salarios del convenio colectivo, y los centros especiales de empleo que no son de iniciativa social tendrán los salarios del convenio de actividad del sector. Imaginemos el caso de la Ford de Valencia. Hay 1000 trabajadores de un centro especial de empleo de la ONCE que tienen los salarios del convenio del sector de centros especiales de empleo; 1000 trabajadores de un centro especial de empleo de iniciativa privada tendrá que aplicar los salarios de Ford. Por tanto, quedamos absolutamente fuera de juego; nos van a triturar. Entre el convenio colectivo y la Ley de Contratos del Sector Público nos van a triturar. Por eso, pedimos, por favor, que los más de 2000 centros especiales de empleo que estamos en España, calificados como tal y que todos hacemos lo mismo, tengamos por parte de esta Cámara, de este Congreso, por parte de todos los partidos políticos la consideración de iguales, porque todos estamos trabajando para que las personas con discapacidad puedan trabajar. No tiene ningún sentido que se haga una exclusión, pero además es una exclusión para la entidad más potente de este país. Si ustedes hacen números verán que la discapacidad visual no representa ni el 1 % de todas las discapacidades, y si ustedes juntan todos los ingresos del grupo ONCE son superiores a todos los ingresos de los restantes 2000 centros especiales de empleo. Es que lo tienen todo. [¡Coño!]1* ¿Por qué nos quieren matar? (Risas). Es que no lo entiendo. Si lo tienen todo, ¿por qué nos quieren aniquilar? Es que no tiene sentido”, finalizó su primera intervención.

En el documento, que ofrecemos en pdf para su descarga, pueden consultarse también las intervenciones de los distintos Grupos Parlamentarios, en las que fijaron su posición, además de plantear algunas cuestiones. El diputado del Grupo Mixto Ínigo Alli Martínez (pág. 6), Diego Clemente Giménez, del Grupo de Ciudadanos (pág. 7), Ángela Rodríguez Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (pág. 8), así como Rocío Frutos Madrazo (pág. 9) y, por último, Francisco Vañó Ferre, del Grupo Popular (pág. 10).

En concreto, fue Vañó Ferre quien hizo una alusión directa a la ONCE, afirmando lo siguiente:

“Yo no soy de la ONCE, ni trabajo ni he trabajado nunca en la ONCE, pero no hay que menospreciar el hecho de que en veinte años han creado 107 000 empleos para personas con discapacidad, o que el 60 % de su plantilla son personas con discapacidad. Insisto, los centros especiales de empleo no son de la ONCE. Podría entrar en más detalles, pero yo lo único que le pretendo decir es que —y ya es la última ocasión que tenemos, no va a ser en esta legislatura—, igual que usted ha comparecido —y ya sabe usted el respeto y la admiración que le tengo y, sobre todo, la buena labor que hacen los centros especiales de empleo, sean del tipo que sean—, deberíamos también pedir la convocatoria de los representantes de centros especiales de empleo con iniciativa social, porque yo creo que sería un equilibrio perfecto.

Para terminar, solamente le diré —para su tranquilidad porque lo he averiguado— que, en cuanto a las reservas de centros especiales de empleo de iniciativa social, distintas resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales han despejado cualquier rastro de duda sobre la legalidad de la reserva de contratación a favor de centros especiales de empleo de iniciativa social. O sea que, de verdad, no hay ninguna intención de ir contra los centros especiales de empleo con fines de lucro”.

En dicha Comisión también ha comparecido el Presidente de la Fundación Nipace, Ramón Rebollo, así como Ignacio Calderón Almendros, profesor de Teoría de la Educación de la Universidad de Málaga y el Presidente de la Fundación Española del Corazón, Carlos Macaya Miguel.

La Comisión la compone un grupo de trabajo cuyos miembros son diputados, cuyo cometido es encargarse de forma eficiente de las discusiones y debate de las tareas relativas a esta materia, con el fin de impulsar iniciativas parlamentarias para promover medidas y leyes al respecto.