¿Serán Ceuta y Melilla el nuevo Gibraltar para las empresas de juego online?

Analizamos la nueva regulación implementada por el gobierno español con respuesta al Brexit.

En Abril de 2018, el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro convertía a Ceuta y Melilla en una suerte de paraíso fiscal para las empresas de juego online. La medida entró en vigor en Julio de 2018, coincidiendo con la rebaja fiscal que todo el sector demandaba desde que se reguló en 2012.

El objetivo principal de dicha medida fue conseguir atraer a las grandes empresas que tenían sede en Gibraltar – y que estaban y están expuestas a la actual inestabilidad política en el denominado Brexit – con reducciones fiscales del 50%, un caramelo demasiado dulce como para dejarlo escapar no solo por las compañías anglosajonas afincadas en Gibraltar sino también por los operadores con licencia que operan en España desde la regulación. Esta dualidad ha sido el amplificador de las voces más críticas con estas medidas, ya que, aunque dicha medida se entiende como imán para las compañías que tienen sede en Gibraltar, favorece también a las compañías reguladas en España.

Tanto Ceuta como Melilla se han procurado una serie de beneficios fiscales para hacer todavía más atractiva la estancia de los operadores online en estos enclaves. Aunque no se han revelado los nombres, ya hay más de 7 compañías que operan u operarán en España y que han trasladado su sede fiscal a estas poblaciones y el interés del resto es enorme, como se hizo público tras la Feria ICE London de este año.

Sin embargo, hay algunos matices que vale la pena destacar. Si España quiere atraer a empresas con sede en Gibraltar no solo debe equiparar las características fiscales, sino también las regulatorias. Y es que, desde el peñón, las empresas de juego online con licencia de esta jurisdicción pueden operar en mercados que todavía no han sido regulados.

Y si además se quiere competir con el otro gran destino europeo en materia de juego online – sí, me refiero a Malta –, esta característica es decisiva para decantar la balanza hacia este pequeño archipiélago del Mediterráneo. Porque los operadores tienen claro que con la licencia española se puede operar en España, no en el resto de jurisdicciones.

Esto se hace patente tras las medidas que adoptaron 888 y PaddyPower Betfair, las primeras compañías gibraltareñas que anunciaron cambios tras el Brexit.

La segunda gran incógnita se refiere al IVA. Muchos de los operadores que se han trasladado a estas nuevas demarcaciones hablan de que no solo es atractiva la rebaja fiscal sobre el juego del 50% (que lo es), sino que además va a ver un gran ahorro en lo que se refiere al impuesto sobre el valor añadido, el 21% que los operadores de juego no se pueden desgravar y que pasa al 0.5 con el IPSI superreducido aprobado en Noviembre de 2018. Pero el artículo 70 de la Ley 37/1992 sobre el IVA resalta que si la actividad económica se realiza mayoritariamente y por via vía electrónica sobre la población de la península las facturas tienen que estar sujetas al impuesto sobre el valor añadido. Otra incógnita a disipar.

Aunque lo cierto es que, al margen de la actividad de juego en sí misma, empresas, empresarios y empleados pueden disfrutar de unas condiciones fiscales muy ventajosas: bonificación del 60% de la cuota del IRPF, el 75% de bonificación de la correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio, el 50% de bonificación en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, o el 50% de la bonificación en los Impuestos locales comunes. Al menos eso explica Vivas en AZARplus.