SELAE y la ONCE brillan por su ausencia en la comparecencia de Andrés Barragán

Durante la comparecencia de Andrés Barragán en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de Adicciones, el secretario general, junto a los grupos políticos que participaron, hablaron de un buen número de temas regulatorios, como las cajas botín, los límites de depósito o el Juego seguro.

Lo que más ha sorprendido, es que el discurso sobre la supuesta “proliferación de los locales de Juego en barrios pobres” sigue siendo uno de los temas recurrentes. De hecho, ante las insistencias del PSOE sobre que las comunidades autónomas tomen medidas más restrictivas para limitar la apertura de nuevos establecimientos de Juego, Barragán declaraba que, aunque no sean competencias que atañen al Gobierno central, adelantó que trabajarán en colaboración con las comunidades autónomas para coordinar medidas más restrictivas, sobre todo en cuanto a la proximidad de locales de juego a centros educativos y a la gestión de zonas de alta concentración de estos establecimientos en áreas vulnerables.

Asimismo, el PSOE solicitó durante la intervención del secretario general que se aumente la fiscalización para evitar que estos locales faciliten el acceso a menores. Una petición que no se escuchó en relación al Juego público, que carece totalmente de controles de acceso.

En lo que respecta a la implementación de los límites de depósito para los jugadores, Barragán declaraba que el Real Decreto introduce límites conjuntos de 600 euros diarios y 1500 euros semanales, aplicables a todas las plataformas de Juego, con el objetivo de proteger a los jugadores más vulnerables y evitar comportamientos de riesgo.

El portavoz de VOX, José Fernández Ríos, consideraba que esta medida era una intervención excesiva en la libertad individual de los jugadores: “No podemos caer en el paternalismo. Los ciudadanos son adultos responsables de sus decisiones, y estas limitaciones pueden percibirse como una intrusión del Estado en su esfera privada”. A estas críticas se sumaba Cristina Castillo, quien también señaló que la medida podría resultar contraproducente: “Si un jugador tiene que pedir autorización para modificar sus límites de depósito, esto podría convertirse en un proceso burocrático innecesario. Además, los jugadores que buscan esquivar estas restricciones podrían optar por plataformas ilegales donde no existen tales controles”.

Para terminar, el secretario general también habló de Juego ilegal, destacando la lucha contra el fraude y el juego ilegal como uno de los principales objetivos de su departamento. Según el secretario, en 2023 se bloquearon 240 webs ilegales y se sancionó a 90 operadores en los últimos años. “Hemos contenido la actividad del juego ilegal en España por debajo del 4%, lo que nos sitúa como uno de los países con menor incidencia de Juego no regulado”. Sin embargo, la diputada del Partido Popular, Cristina Castillo, señalaba sobre la eficacia de las sanciones a los operadores ilegales: “Sancionar es importante, pero la realidad es que los operadores de Juego ilegal pueden volver a operar rápidamente bajo otros nombres. Necesitamos acciones más severas que no solo sancionen, sino que erradiquen estas prácticas de manera efectiva”. Más aún si esas sanciones quedan en saco roto como suele pasar con los Operadores ilegales.

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