Santiago Moreno: “La Ley valenciana es un disparate y tiene mucho recorrido legal”

J. Ignacio Ferrer, director de la revista SECTOR DEL JUEGO, presentó a Moreno quien lleva desde 1986 participando activamente en todo el desarrollo normativo regulador del sector tanto a nivel nacional como internacional.

Moreno calificó la Ley del Juego valenciana como “un disparate”. Considera “injusto y arbitrario” que a los salones se les exija una distancia mínima de 850 metros respecto a los centros educativos y se exonera de esta medida a bingos y casinos. También se detuvo en la figura de “espacios vulnerables” recogida en el texto. En dichos espacios no se podrá instalar salones. Espacios vulnerables son aquellos afectados por una degradación urbanística o que presentan dificultades para la movilidad urbana. “Es una norma ambigua. ¿Cómo se acota, por ejemplo, dicha degradación?. ¿Qué distancia puede comprender?. No hay criterio y nos podemos encontrar con resoluciones que se adopten de forma arbitraria”, señaló Moreno.

La Ley vuelve a adolecer de inseguridad jurídica al determinar que los salones cuya autorización fue concedida con la anterior regulación, una vez venza su período de validez, deberán adaptarse a los requisitos actuales. “Cuando les dieron sus autorizaciones se hizo en virtud de un texto que decía por 10 años y que se podrían renovar automáticamente. Los empresarios no hicieron inversiones  y accedieron a una licencia pensando solo en 10 años. Por tanto es ilegal, inconstitucional e injusto”, destacó Santiago Moreno.

La Ley valenciana atenta contra la libertad de empresa. Según el reconocido jurista “siempre se pueden establecer limitaciones pero con un juicio de proporcionalidad”. La clara discriminación entre los salones y casas de apuestas y el resto de locales de juego vulnera este principio fundamental.

Respecto al mando de activación y desactivación de las máquinas B en hostelería “conculca el principio de protección de la confianza legítima” pues si las máquinas que en su momento se compraron y cuyo período de explotación se encuentra vigente, no son capaces de adaptarse a dicho sistema deberán ser retiradas y sustituidas por otras. Una situación que ocasionaría “un daño económico al operador pudiendo exigir responsabilidad patrimonial al legislador”. Además la figura del mando tiene poco sentido pues busca proteger a los menores del juego en los bares. El informe de la Generalitat Valenciana fechado en 2018 señala que de 65.000 inspecciones realizadas no se registró ninguna acta por este motivo. Es, por tanto, un dispositivo innecesario. Además el hostelero deberá tener acceso a un registro de prohibidos para activar el mando. “No es viable y es recurrible”, destacó Moreno.

Otro contenido cuestionable es aquel que da “patente de corso” a los ayuntamientos para negar licencias por contar con “zonas saturadas de establecimientos de juego”. Los municipios no tienen competencias en esta materia siendo una trampa administrativa a todas luces ilegal.

Moreno no se olvidó del intento de la Generalitat de “primar al juego público”. La norma permite la instalación de terminales de SELAE y ONCE en bares sin autorización por parte del Gobierno autonómico. Además de una laxitud total al no exigir requisitos ni mandos de activación.

Las actuaciones judiciales pasan por denunciar ante la Agencia de Protección de Datos el empleo del mando a distancia en las máquinas de los bares; presentar recursos contenciosos-administrativos planteando la inconstitucionalidad del texto; recurrir a la CNMC a través de la SECUM solicitando un informe sobre el entorno empresarial derivado de la Ley y acudir a instancias europeas. “La Ley tiene mucho recorrido legal”, sentenció Moreno.

Luigi Limido, Director General de Bally Wulff España, estuvo presente en la jornada “El impacto de la ley del juego en la hostelería, la restauración y el turismo de la Comunidad Valenciana”. Reflexionó sobre la “posible exportación de la Ley valenciana” a otras CCAA y el soporte que va a recibir SOS Hostelería en su defensa del Sector. Fidel Molina respondió: “En SOS Hostelería tienen cabida otras asociaciones pero he de decir que no hemos recibido el cariño adecuado. No se dan cuenta realmente del problema que viene o no quieren ser conscientes. Quizá no hayamos sido capaces de transmitir la inquietud que vive la hostelería  y todas las personas que estamos relacionadas con la misma.”. Molina agradeció a ASVOMAR “el entender el problema”. Apeló a “seguir luchando” pues “no hacemos nada ilegal y cumplimos con todos los requisitos”.