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El acuerdo entre los Partidos Demócrata y Republicano en la Comisión de Juego del Congreso cambiará una situación que fomentaba el juego ilegal

Proyecto de Ley en Estados Unidos para derogar el impuesto aplicado a las Apuestas Deportivas presenciales

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No es muy frecuente ver que en la Cámara de Representantes  o Congreso de los Estados Unidos los dos Partidos enfrentados, Demócrata y Republicano, se ponen de acuerdo para sacar adelante una “ley bipartidista”, pero ese ha sido el caso en la Comisión del Juego donde sus dos Copresidentes, Dina Titus y Guy Reschentaler, han mostrado pleno acuerdo para dar luz verde a una Ley que derogará el impuesto especial del 0,25% que se aplicaba a las apuestas deportivas presenciales.

Este acuerdo ha merecido las felicitaciones inmediatas del Sector Privado a través de las declaraciones de Bill Miller como Presidente de la American Gaming Association (AGA), quien calificó el impuesto de “anticuado e innecesariamente oneroso”, señalando que su aplicación ayudaba al mercado ilegal perjudicando a las casas de apuestas deportivas seguras, legales y reguladas en todo el país.

Bill Miller, Presidente de la American Gaming Association (AGA)
Bill Miller, Presidente de la American Gaming Association (AGA)

La congresista Dina Titus había reconocido esta situación al declarar que “el impuesto castiga a los operadores de juegos legales y alienta a los consumidores a realizar apuestas ilegalmente”. A lo que añadió con respecto a la existencia de otro impuesto de 50 dólares por cada empleado en una casa de apuestas que “a medida que más Estados reconozcan los beneficios de legalizar y regular las apuestas deportivas, la derogación del impuesto creará empleos en el sur de Nevada y en todo el país. En un momento en que Las Vegas está experimentando la segunda tasa de desempleo más alta de cualquier área metropolitana grande del país, obligar a las casas de apuestas a pagar un impuesto adicional por cada empleado dificulta la recuperación económica”. 

Por su parte el diputado Guy Reschentaler refiriéndose a un Estado muy distinto al de Nevada también fue muy contundente: “Los juegos tienen un impacto económico de  634.000 millones en Pensilvania y respaldan más de 33.000 puestos de trabajo. Desafortunadamente, la industria se ve obstaculizada por un código tributario obsoleto y regulaciones onerosas que penalizan a los operadores legales regulados al tiempo que brindan una ventaja injusta a las operaciones ilegales. El proyecto de ley garantizará que la industria del juego, muy afectada por los cierres obligatorios de COVID-19 y la cancelación de eventos deportivos, pueda respaldar empleos bien pagados y crecimiento económico en el suroeste de Pensilvania y en todo el país”. 

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