El acuerdo entre los Partidos Demócrata y Republicano en la Comisión de Juego del Congreso cambiará una situación que fomentaba el juego ilegal
Proyecto de Ley en Estados Unidos para derogar el impuesto aplicado a las Apuestas Deportivas presenciales
No es muy frecuente ver que en la Cámara de Representantes o Congreso de los Estados Unidos los dos Partidos enfrentados, Demócrata y Republicano, se ponen de acuerdo para sacar adelante una “ley bipartidista”, pero ese ha sido el caso en la Comisión del Juego donde sus dos Copresidentes, Dina Titus y Guy Reschentaler, han mostrado pleno acuerdo para dar luz verde a una Ley que derogará el impuesto especial del 0,25% que se aplicaba a las apuestas deportivas presenciales.
Este acuerdo ha merecido las felicitaciones inmediatas del Sector Privado a través de las declaraciones de Bill Miller como Presidente de la American Gaming Association (AGA), quien calificó el impuesto de “anticuado e innecesariamente oneroso”, señalando que su aplicación ayudaba al mercado ilegal perjudicando a las casas de apuestas deportivas seguras, legales y reguladas en todo el país.

La congresista Dina Titus había reconocido esta situación al declarar que “el impuesto castiga a los operadores de juegos legales y alienta a los consumidores a realizar apuestas ilegalmente”. A lo que añadió con respecto a la existencia de otro impuesto de 50 dólares por cada empleado en una casa de apuestas que “a medida que más Estados reconozcan los beneficios de legalizar y regular las apuestas deportivas, la derogación del impuesto creará empleos en el sur de Nevada y en todo el país. En un momento en que Las Vegas está experimentando la segunda tasa de desempleo más alta de cualquier área metropolitana grande del país, obligar a las casas de apuestas a pagar un impuesto adicional por cada empleado dificulta la recuperación económica”.
Por su parte el diputado Guy Reschentaler refiriéndose a un Estado muy distinto al de Nevada también fue muy contundente: “Los juegos tienen un impacto económico de 634.000 millones en Pensilvania y respaldan más de 33.000 puestos de trabajo. Desafortunadamente, la industria se ve obstaculizada por un código tributario obsoleto y regulaciones onerosas que penalizan a los operadores legales regulados al tiempo que brindan una ventaja injusta a las operaciones ilegales. El proyecto de ley garantizará que la industria del juego, muy afectada por los cierres obligatorios de COVID-19 y la cancelación de eventos deportivos, pueda respaldar empleos bien pagados y crecimiento económico en el suroeste de Pensilvania y en todo el país”.
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