Las socias de Loyra analizan el marco regulatorio del juego y advierten del impacto negativo de la falta de coherencia normativa

Patricia Lalanda y Cristina Romero: “La inseguridad jurídica frena la inversión en la Industria del Juego”

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Cristina Romero de Alba y Patricia Lalanda, socias de Loyra Abogados, han sido entrevistadas por LWYR Magazine, donde han comentado la realidad regulatoria actual dentro de la Industria del Juego. Ambas coinciden en que la intervención normativa es necesaria, pero advierten de los riesgos derivados de un exceso o una deficiente calidad regulatoria.

La regulación es necesaria, pero el equilibrio se rompe cuando la norma pierde coherencia o previsibilidad”, señalan, subrayando que “la clave está en la seguridad jurídica: reglas claras, análisis de impacto regulatorio y coordinación competencial”. En su opinión, este elemento resulta determinante para garantizar tanto la estabilidad del mercado como la capacidad de adaptación de los operadores.

Desde esta perspectiva, defienden que una regulación bien diseñada puede incluso reforzar el Sector: “Cuando la regulación es técnicamente sólida y estable en el tiempo, el operador privado puede adaptarse e incluso fortalecer su modelo de negocio”. Frente a ello, alertan de que “la inseguridad jurídica es el principal freno a la inversión”, haciendo referencia a los posibles escenarios normativos inestables o excesivamente restrictivos.

En cuanto al momento regulatorio actual, describen un proceso de intensificación normativa a nivel estatal, especialmente en el ámbito del Juego online, con medidas orientadas a reforzar los controles sobre la actividad. “La regulación de la publicidad del Juego constituye una de las controversias jurídicas más relevantes del sector en España”, explican. En este ámbito, destacan la existencia de una clara fragmentación normativa: “La situación actual evidencia una notable complejidad y falta de armonización”, haciendo referencia a la dualidad competencial entre el Estado y las autonomías.

En ese aspecto, las abogadas subrayan que “numerosas Comunidades Autónomas han endurecido su propia normativa publicitaria” en el Juego presencial, lo que ha generado una situación paradójica: “En muchos territorios, la publicidad del Juego presencial está sujeta a limitaciones más severas que las aplicables actualmente al Juego online”. Esta asimetría normativa, añaden, se ve agravada por la falta de coordinación entre niveles regulatorios.

El problema es que los ritmos regulatorios son distintos”, advierten, lo que desemboca en “un escenario de notable inseguridad jurídica para los operadores que deben navegar en un entorno con reglas dispares”.

Sobre la posibilidad de establecer diferencias regulatorias entre el Juego presencial y el online, reconocen que puede existir justificación técnica, pero insisten en que el problema no radica en la diferenciación, sino en la falta de coherencia global: “La necesidad de unificar criterios para garantizar la seguridad jurídica choca con la realidad competencial”.

Más allá de la publicidad, ambas juristas abordan los principales retos regulatorios que afectan al sector. En materia de protección de menores, destacan la exigencia creciente de sistemas tecnológicos avanzados: “No basta con obligaciones formales; el regulador exige trazabilidad y evidencia técnica”. En protección de datos, advierten del impacto del tratamiento de información conductual: “La utilización de algoritmos para detección de riesgo debe estar jurídicamente blindada”.

En el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, señalan que el enfoque “debe ser plenamente integrado: KYC reforzado, monitorización continua de operaciones y coordinación efectiva con las autoridades”. Todo ello, insisten, refuerza la idea de que el cumplimiento normativo se ha convertido en un elemento estructural dentro del sector.

Según señalan, el problema no es la regulación en sí misma, sino su exceso o su falta de calidad técnica. “El operador que no aborda el cumplimiento como una función estratégica asume riesgos significativos”, concluyen, aunque dejan implícita una advertencia de fondo: sin seguridad jurídica, coherencia normativa y proporcionalidad, el desarrollo del Sector no es finalmente viable.

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