Ofrecemos la Crónica de la Sesión de Les Corts que rechazó la Enmienda a la totalidad del PP al Proyecto de Ley de Juego de la Comunidad Valenciana

El Conseller de Hacienda (de pie) hizo una amplia exposición en el Parlament

El Juego protagonizó una parte fundamental del Pleno celebrado en las Cortes Valencianas el jueves, día 31 de enero. En el Orden del Día de la Cámara autonómica figuraba el debate y votación de la Enmienda a la totalidad presentada por el PP contra el Proyecto de Ley de Juego de Valencia, ley destinada a sustituir a la antigua legislación de 1988 y que surge del acuerdo entre los Grupos Socialista, Compromís y Podemos-Podem.

En primer lugar el Conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, explicó los fundamentos y contenido del Proyecto para dar paso a continuación a la presentación de la Enmienda a la totalidad realizada por el diputado popular Rubén Ibáñez y a las consiguientes intervenciones de los representantes del resto de los Grupos que, en su totalidad, rechazaron la iniciativa popular para permitir la pronta tramitación del Proyecto al que sí le serán presentadas enmiendas parciales por distintas fuerzas políticas. La votación arrojó 51 votos contra la Enmienda, 26 a favor y cero abstenciones (el Parlamento consta de 99 miembros) y la sesión de las Cortes Valencianas permitió que se pusieran de relieve notables posturas políticas sobre nuestro Sector, comenzando por la expresada por el Conseller Vicent Soler al fundamentar la nueva legislación elaborada por el Gobierno valenciano.

Vicent Soler situó al Juego justificó la nueva Ley por el desfase de la anterior ante los cambios tecnológicos y la “interacción compleja entre los aspectos económicos y sociales que se presentan en el siglo XXI”. Un marco en el que señaló como deber de su Gobierno “tutelar a los colectivos de personas vulnerables” a través del desarrollo de tres puntos: 1) Proteger la posición del débil, es decir el jugador, frente a la posición dominante del fuerte, el organizador del Juego. 2) Velar por los menores y los ciudadanos propensos a la ludopatía. 3) Establecer el papel de la Administración para garantizar la libertad de empresa, en condiciones de especial supervisión del Sector, así como determinar las adecuadas medidas fiscales.

Aseguró el Conseller que la Ley se dirige a agrupar todas las dispersas normativas de Juego fijando qué juegos, qué condiciones, qué requisitos, qué derechos y obligaciones tienen todos los agentes, también las autorizaciones, espacios, régimen sancionador, ejercicio responsable… en definitiva, todo lo relativo a la actividad desde una óptica de adaptación al entorno estatal y de las otras Comunidades Autónomas, donde adelantó la convalidación de otras homologaciones si cumplen los requisitos de la valenciana.

Es muy importante la regulación de las nuevas tecnologías, es decir el juego online, desde la base de que lo regulado no será el jugador sino las empresas con sede o servidor en el territorio valenciano, que tributarán por su ubicación física. En cuanto al control de acceso, incluidos los Salones, se prevé un sistema de supervisión completo que ya podría implementarse en el plazo de tres meses. En esa línea y para combatir conductas irresponsables anunció que los bares no podrán pagar premios de apuestas, “lo que les convertiría en Salones de Juego”, siendo necesario dirigirse para el cobro a las Salas propias del Operador de Apuestas.

En un tema tan relevante como el de la fiscalidad el Conseller se basó en el consenso con el Sector mediante tributación trimestral y asimismo defendió la postura de que “el mercado determinará el número de máquinas” a través de acuerdo expresos entre el bar y el Operador. “El mercado regula el funcionamiento y la Administración regula la protección del ciudadano”, haciendo injustificadas las restricciones del Sector. En cuanto a las reclamaciones en el Sector se derivan al Sistema Arbitral de Consumo de la Generalitat, organismo supra-juego del Govern. Finalmente el Conseller felicitó al equipo de la Dirección General de Juego de Valencia por el gran trabajo que han realizado.

El diputado popular Rubén Ibáñez se opuso al Proyecto de Ley aduciendo que “adolece de todo y está hecho desde la dejadez y el proselitismo”. Aunque se presenta el Proyecto –argumentó- desde el espíritu de combatir la ludopatía no hay absolutamente nada concreto a este respecto y sí, por el contrario “barra libre” para la proliferación de Casinos y máquinas en los bares y lo único que contiene “es un incremento de impuestos al grito de vamos a combatir la ludopatía, cuando ya se ha caído hace tiempo la teoría de que subiendo los impuestos se recauda más”. Rechazó la afirmación de Vicent Soler de que el Gobierno valenciano cumple un compromiso al presentar el Proyecto, preguntándose “¿compromiso con quién?” porque desde el Grupo Popular se defiende el compromiso con legalidad, con las garantías jurídicas y con el empleo y eso no está en el texto, y acusó al Proyecto de carecer del preceptivo Informe de Memoria Económica cuando se trata de tasas fiscales, de haberse saltado el trámite de la participación ciudadana, de no haberse consensuado en realidad con el Sector (aseguró que se han presentado 56 alegaciones sin solucionarse) y, fundamentalmente de no haber contado en absoluto con la Consejería de Sanidad y Salud del propio Gobierno de Valencia. Se preguntó asimismo cómo se puede hablar de combatir la ludopatía desde una Ley definida por su falta de restricciones al juego en los bares o a los Casinos. Y, por último, también descalificó “la pompa” en la presentación del Proyecto que “en realidad sólo adapta y fusila la legislación estatal”.

El parlamentario José Enrique Muñoz del Grupo Socialista descalificó la postura del diputado popular con un ataque directo a la responsabilidad del Partido Popular sobre el Juego en  Valencia durante el periodo de gobierno de esta fuerza: “En 2012 teníamos en Valencia los impuestos más bajos sobre el Juego, y eso ocurría en el peor momento de crisis cuando las familias jugaban por desesperación por su situación económica y se hundían aún más y veíamos cómo las máquinas se multiplicaban por tres en las calles”. Continuó con esta visión apocalíptica sobre la responsabilidad de la anterior Administración que ha llevado “a que yo tenga amigos enganchados a las Apuestas y al juego online y que vea la degradación de mi propia calle y cómo sufrimos todos la agresividad ofensiva de la publicidad online y todos los estudios nos dicen que antes la edad de inicio al Juego era a los 28 años y ahora es a los 18”, para concluir que la nueva Ley evitaría que “la actividad recreativa pueda ser el final y la miseria de muchas familias” porque “prefiero perder empleos a que los jóvenes se enganchen al juego y que los lobbits hagan negocio con las personas vulnerables”.

En un tono más sosegado Antonio Woodward expuso que Ciudadanos no apoyaría la enmienda popular y que su Grupo, que consideraba necesaria una Ley que contemplara los cambios tecnológicos, trabajaría para introducir mejoras en el texto, especialmente en el ámbito tributario, como por ejemplo con una enmienda que destinara el 0,7% de las recaudaciones de juego a la lucha contra la ludopatía. También se refirió al problema de los niños en recintos deportivos donde se realizan apuestas (Pelota Valenciana), a la implementación de un Programa de Prevención y a la realización de Cursos de Juego Responsable para el personal de las empresas.

David Torres de Podemos mostró un amplio consenso de su Grupo con el Proyecto de Ley y señaló la necesidad de aprobarlo cuanto antes para regular mejor al Sector y fomentar el Juego Responsable. Señaló que pese a posturas que abogan por ello “el Juego no puede considerarse una actividad económica normal, y así lo ha señalado el Tribunal Supremo y otros Tribunales internacionales”, porque requiere entre otras cosas “la protección de los menores y la prevención del blanqueo de capitales”. Citó directamente argumentos del Director General de Ordenación del Juego de Madrid, Fernando Prats, sobre concentración de locales de juegos para oponerse a ellos por su intencionalidad de “no querer que la Administración Pública controle al Sector Privado, a pesar de que es una actividad que produce graves problemas sociales”.

La última intervención desde el estrado correspondió al representante de Compromís el parlamentario Jordi Juan que calificó a la Ley de “muy necesaria para proteger a los colectivos vulnerables”. Señaló la oportunidad de compatibilizar las nuevas tecnologías con el libre mercado, de adaptar la fiscalidad a la realidad y de coordinar las homologaciones entre Comunidades. Al hablar de la preocupación de su Grupo por la ludopatía, que relacionó con la crisis y el juego online, defendió las distancias entre locales de juego con la expresión de que los Ayuntamientos puedan “declarar zonas libres para no parecernos a Las Vegas”.