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Publicado en el BOE el Real Decreto-ley (RDL) 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera

Novedades en la normativa de Medios de Pago

AZARplus

El Boletín Oficial del Estado publicó con fecha 24 de noviembre de 2018 el Real Decreto-ley (RDL) 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, que adjuntamos íntegro en pdf a continuación. Una norma aprobada por el Consejo de Ministros que transpone varias directivas europeas con plazo de trasposición vencido y adapta el ordenamiento jurídico interno a algunos reglamentos comunitarios en vigor.

Se trata de un área, como es bien sabido, de interés para el Sector, especialmente para el Juego Online. En particular, con la aprobación de este RDL, el Ministerio de Economía y Empresa da un paso más en el proceso de adaptación de nuestro ordenamiento a la normativa europea, dentro de las recomendaciones de los principales organismos internacionales, según publica Elderecho.com.

Transposición de Directivas 

De acuerdo con la misma fuente, el RDL incluye distintas mejoras y ajustes técnicos para reforzar la correcta ejecución de diferentes Directivas ya transpuestas a nuestro ordenamiento. Asimismo, incluye la transposición parcial de la Directiva sobre servicios de pago en el mercado interior, cuyo plazo de transposición venció el pasado mes de enero. Con esta Directiva se pretende crear un marco integrado en este campo a nivel europeo con el fin de hacer frente a los nuevos retos y cambios que plantean los medios de pago para garantizar la seguridad de las transacciones, en concreto los realizados con tarjeta, internet y móviles.

Su transposición al ordenamiento jurídico español mejora la protección de los derechos de los usuarios de servicios de pago, facilitando la realización de transacciones más seguras, además de fomentar la innovación.

También se reducen los plazos de resolución de reclamaciones, hasta los 15 días, reforzando los requisitos para la autentificación de clientes, tanto de cara a evitar la suplantación de identidad como el robo de claves.

La reducción a 50 euros de la responsabilidad del ordenante por las pérdidas producidas por operaciones de pago no autorizadas tras robos o sustracción de un instrumento de pago repercute de forma positiva en los derechos de los clientes.

Igualmente, se amplía el ámbito de la regulación para incluir dos nuevos servicios de pago: los iniciadores de pagos (una alternativa al pago con tarjeta en la que los intermediarios garantizan el pago del consumidor al comerciante) y los agregadores de cuentas, que consolidan la información de las distintas cuentas de un usuario en diferentes entidades, clasificándolas por categorías. Unas novedades que, por otra parte, impulsan la innovación.

La transposición de la Directiva de ejecución sobre abuso de mercado, -cuyo plazo de transposición venció en julio de 2016-, permite denunciar de forma anónima a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre incumplimientos contemplados en el Reglamento europeo de abuso de mercado.

La norma también completa la transposición de la Directiva de requisitos de capital, conocida como CRD IV, y cuyo plazo de transposición finalizó en 2013. Aunque esta ya se consideraba transpuesta, la Comisión Europea inició el año pasado un procedimiento de infracción, tachándola de incompleta.

De igual manera, se incluye un canal de denuncias en el Banco de España cuyo objeto es comunicar los incumplimientos de las entidades de crédito en materia de solvencia. Por último, se incorporan determinadas obligaciones de la CNMV y del Banco de España en materia de intercambio de información y se mejora la cooperación y coordinación entre diferentes autoridades de la UE competentes en la materia.

Adaptación a Reglamentos 

Con el fin de mejorar la seguridad jurídica de los Operadores de mercado y la eficiencia de su funcionamiento, el RDL que nos ocupa también adapta el ordenamiento jurídico español a reglamentos comunitarios de aplicación directa desde su entrada en vigor.

Así pues, se adapta la normativa interna para adecuarla al Reglamento de abuso de mercado, incorporando a la Ley del Mercado de Valores las disposiciones necesarias para atribuir a la CNMV las competencias de supervisión, inspección y sanción, además de detallarse las infracciones y sanciones aplicables.

En otro orden de cosas, la Ley del Mercado de Valores se adapta también, atribuyendo las correspondientes competencias a la CNMV, para incorporar las disposiciones necesarias sobre supervisión, inspección y sanción de los incumplimientos del Reglamento sobre índices de referencia, así como del Reglamento sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros y del Reglamento sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización.

Finalmente, según reza la información publidada en El Derecho.com, “se adecua la normativa española para la correcta aplicación del Reglamento sobre fondos del mercado monetario, mediante la inclusión de una modificación en la Ley 35/2003 de instituciones de inversión colectiva, que permitirá establecer el régimen sancionador de los incumplimientos del Reglamento y cuya competencia será también de la CNMV”.

A continuación, ofrecemos la nota de prensa oficial:

Real Decreto-ley de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Este Real Decreto-ley tiene como objetivo principal transponer una serie de directivas europeas con plazo de transposición vencido y procedimiento de infracción abierto, así como adaptar el ordenamiento jurídico interno a algunos reglamentos comunitarios ya aplicables desde hace meses.

Conseguir una pronta transposición y adaptación de la normativa europea ayudará:

  • A mejorar la protección de los derechos de los usuarios de servicios de pago, que puedan realizar transacciones más seguras y que puedan acceder a una oferta creciente de servicios innovadores.
  • A mejorar la eficacia supervisora para garantizar la protección de los inversores y la integridad de los mercados, otorgándole al supervisor los poderes necesarios para sancionar y perseguir conductas relevantes relacionadas con la manipulación del mercado, la venta de determinados productos especialmente complejos o la manipulación de índices.
  • A incrementar la eficacia de la supervisión en solvencia al crear un canal de denuncias anónimas y mejorar la cooperación con otros supervisores;
  • A incrementar la protección del inversor al definir los poderes supervisores que deban tener los supervisores, a fomentar la innovación, y a una mayor competitividad de nuestro sector frente a los socios europeos.

Comunicado LA MONCLOA

VER EL DERECHO.COM

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