María Ángeles Júlvez aclara las inexactitudes publicadas sobre la anulación por el TSJA del Decreto por el que se rige el Registro de Prohibidos

En esta información, damos voz a la Directora General de Justicia del Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez, quien puntualiza aspectos importantes sobre la noticia publicada por Público y reproducida por El Periódico de Aragón sobre la anulación por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) del Decreto del Gobierno de Aragón por el que, desde el 2017, los locales de Juego tenían la obligación de anotar quién accedía a sus instalaciones para facilitar el control de entrada de menores e inscritos en el registro de autoprohibidos.

Tal y como explica Júlvez a AZARplus, “la noticia no es tal y como la han publicado”, en relación a la información apuntada, de la que nos hicimos eco, puntualizando a continuación una serie de cuestiones en relación a  las tres Resoluciones dictadas que adjuntamos a continuación, todas ellas en el mismo sentido, apunta.

De acuerdo con Júlvez, es importante aclarar que los recurrentes son, aunque se hable de muchos, concretamente “las empresas del grupo El Dorado (Hermanos Rubio) y Apuesting (Grupo Valls), quienes a su vez son el 51% de AESA (Asociación Empresarial de Salones de juego de Aragón)”.

El contexto en el que se interponen los recursos y la declaración de nulidad del Decreto por parte de la Justicia son aspectos destacables para entender la escasa entidad del supuesto problema. Según explica Júlvez: “Se trata de  que introdujimos una modificación al Decreto de 2009 que Regula el Registro de Prohibidos, para adicionar la trazabilidad del registro de control de acceso (Decreto 35/2017), lo recurren, nosotros entendemos que es un Decreto organizativo, por tanto con una serie de requisitos en su tramitación, la Sala de lo Contencioso, entiende que es un Reglamento de Desarrollo y por tanto debe cumplirse en su tramitación otros requisitos formales, por tanto se declara nulo el Decreto por el defecto de forma”.

La decisión de no recurrir en casación obedeció a la intención de realizar una nueva tramitación del Decreto con los requisitos formales señalados en la sentencia. “Así pues, -explica-, la trascendencia que tiene es ínfima, puesto que la Dirección General, lejos de recurrir en casación ya que se tardará 2 años en resolverse, pensamos que era mejor volver a tramitar el Decreto con los requisitos formales que dice la sentencia, es decir, en definitiva, se pospone en unos meses la trazabilidad del registro de control de acceso”. 

La Directora General de Justicia del Gobierno de Aragón, se pregunta por la motivación de los recurrentes, manifestando que los Salones deben favorecer dicho control aplicando las medidas necesarias: “La verdad es que no entendemos muy bien que pretenden los recurrentes, ya que creemos que está superada la fase de oponerse los Salones al control de acceso, y de hecho, la sociedad en estos años nos ha dado la razón, quieren que existan estos controles y como Administración debemos navegar todos a una, los Salones deben favorecer dicho control con todas las medidas que se consideren pertinentes para que su responsabilidad social quede a salvo”.

Asimismo, aporta más elementos que refuerzan su argumento, al considerar que es importante que el Sector coopere con las inspecciones, habida cuenta además que las sanciones a estos establecimientos han descendido. En palabras de Júlvez: “Me habéis oído reiterar en muchas ocasiones que las sanciones a estos establecimientos han bajado, pero puedes comprobar que algunos siguen teniendo reticencias y no creo que eso sea bueno para el colectivo, entiendo que deben ser facilitadores y cooperadores necesarios con las inspecciones, cuando ellos son cumplidores con las normas, nosotros lo publicitamos sin ningún ambage”, afirma.

Finalmente, con respecto a la cuestión práctica, Júlvez recuerda que debe tenerse en cuenta que “sigue habiendo control de acceso regulado y tenemos más de 3.000 autoprohibidos que siguen estándolo y sigue en vigor el Decreto de 2009”.

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