Manuel Padrón alerta del “desmadre” generado tras el fin de la moratoria del Juego en Canarias

El presidente del Grupo Juan Padrón, Manuel Padrón, ha lanzado un duro diagnóstico sobre la situación regulatoria del Juego en Canarias, poniendo el foco en la elevada presión fiscal, la inseguridad jurídica y la falta de coordinación entre las distintas áreas de la Administración autonómica. El empresario ha defendido en El Espejo Canario la necesidad de ordenar el Sector con criterios homogéneos y advirtió de que las actuales disfunciones administrativas están generando problemas tanto para las empresas como para la propia planificación del Juego.

Padrón, que dirige uno de los principales grupos empresariales del Sector en el archipiélago, sostuvo, sin pelos en la lengua, que la Administración “funciona fatal” y criticó que los distintos departamentos implicados en la regulación actúen de forma independiente, sin compartir criterios. “Las administraciones, no sé qué pasa, pero es que son como reinos de taifas, vasos no comunicantes“, afirmó, en referencia al papel que desempeñan Presidencia, Hacienda, Comercio y los ayuntamientos en materias relacionadas con el Juego.

Según explicó, el cambio normativo que sustituyó el antiguo sistema de autorizaciones por el modelo de declaración responsable ha permitido agilizar la apertura de establecimientos, una fórmula que considera positiva siempre que vaya acompañada de una labor inspectora eficaz. “La palabra lo dice: declaración responsable“, señaló, para añadir que corresponde a la Administración “hacer de policía, investigar y controlar eso“, verificando posteriormente que los operadores cumplen todos los requisitos legales.

El empresario considera que ese control posterior no se está ejerciendo de forma adecuada y que ello ha favorecido situaciones que, a su juicio, deberían haberse detectado desde el primer momento.

Uno de los aspectos sobre los que más insistió fue la fiscalidad que soporta el Sector. Padrón cifró entre 60 y 70 millones de euros la contribución anual en impuestos de las empresas de su grupo y aseguró que, solo en los últimos cinco años, la Administración habría recaudado alrededor de 400 millones de euros procedentes de su actividad.

En este contexto, denunció especialmente la tributación del bingo tradicional. Explicó que los cartones físicos comienzan soportando una tasa del 25%, porcentaje que puede elevarse hasta el 40% cuando se superan determinados niveles de facturación. “La fiscalidad del bingo es confiscatoria“, afirmó de forma tajante.

Para Padrón, la carga tributaria no debería condicionar el futuro de una modalidad de Juego frente a otra. “Yo quiero que la gente venga y que si quiere jugar a un cartón, que lo juegue físico o electrónico, que juegue donde quiera jugar, pero que la fiscalidad no sea la que me mate“, manifestó. En una de las frases más características de este genio y figura del Sector resumió su visión sobre el reparto de los ingresos con la Administración: “Mi socio tonto es el que más lleva“.

Otro de los grandes ejes de sus declaraciones fue la interpretación de la normativa sobre los centros comerciales y las galerías comerciales. El presidente del Grupo Juan Padrón denunció que existen establecimientos que, mediante una declaración responsable, se presentan como centros comerciales pese a no reunir, en su opinión, las características exigibles para ello.

Según explicó, esta situación provoca un agravio comparativo entre operadores. Mientras algunas empresas encuentran dificultades para obtener de la Consejería de Comercio la certificación necesaria para instalar un salón de Juego en espacios ampliamente reconocidos como centros comerciales, otras logran abrir establecimientos utilizando interpretaciones distintas de la normativa.

“Las galerías comerciales no son centros comerciales“, defendió, insistiendo en que un verdadero centro comercial debe cumplir requisitos relacionados con la seguridad, la gestión conjunta y la prestación de determinados servicios. Por ello reclamó que la Administración verifique estas declaraciones y evite que se utilicen para eludir las limitaciones previstas por la planificación. “Yo quiero que las cosas funcionen“, aseguró, advirtiendo además de que “es una puerta que está otra vez abierta ahí y que yo quiero cerrar“.

Padrón también mostró su preocupación por el crecimiento experimentado por el número de salones tras el fin de la moratoria que permanecía vigente desde 2020. Según indicó, una vez reabierta la posibilidad de solicitar nuevas autorizaciones, “en seis meses salieron casi 100 licencias a la calle“, concentrándose principalmente en Gran Canaria y Tenerife.

A su juicio, la Administración reaccionó demasiado tarde ante ese incremento de solicitudes y posteriormente trató de corregir la situación modificando los criterios sobre las distancias respecto a los centros educativos. Sin embargo, considera que hacerlo con efectos retroactivos puede generar nuevos conflictos jurídicos e incluso posibles reclamaciones patrimoniales. “Esto es un desmadre“, resumió.

El empresario vinculó parte de esta situación a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que, según explicó, dejó fuera del cómputo de distancias a los colegios de Educación Infantil y Primaria a efectos de la instalación de nuevos salones de Juego.

“Las reglas de Juego dicen que para instalar un salón de Juego tiene que estar distanciado a 300 metros de un centro de enseñanza. Eso se lo cargan a raíz de una sentencia“, afirmó.

No obstante, quiso dejar claro que la ubicación de los establecimientos es una cuestión distinta del acceso de menores. En ese sentido defendió el sistema de control implantado por su grupo y respaldó el refuerzo de las medidas de protección.

“En nuestros salones de Juego no entran menores. Y tenemos un control férreo“, aseguró, mostrando además su apoyo a la implantación de controles físicos de acceso en todos los salones, similares a los existentes en casinos y bingos, así como a cualquier medida dirigida a impedir la entrada de menores y personas inscritas en los registros de prohibidos.

Durante la entrevista también lamentó que una misma normativa pueda recibir interpretaciones diferentes según el órgano administrativo o la resolución judicial aplicada en cada caso. Esa sucesión de sentencias, declaraciones responsables y criterios distintos ha terminado configurando, en su opinión, un escenario especialmente complejo. “Estamos en un mundo de locos“, llegó a afirmar.

Pese a sus críticas, evitó realizar acusaciones directas de corrupción. “Yo no sé si hay corrupción. Prefiero no contestar“, respondió cuando fue preguntado por esa posibilidad. Sí dejó claro, sin embargo, que algunas empresas utilizan mecanismos que él no está dispuesto a emplear. “Yo no soy así, pues no quiero ser así, no quiero cambiar y quiero seguir siendo lo más honesto posible“, afirmó.

Además de abordar diversos procedimientos judiciales relacionados con el antiguo Hotel Santa Catalina, Padrón avanzó que continuará reclamando explicaciones a los responsables políticos canarios una vez finalice el verano. Su objetivo pasa por lograr que Presidencia, Hacienda, Comercio y los ayuntamientos coordinen criterios, actualicen los registros administrativos y refuercen la supervisión de las declaraciones responsables para aportar mayor seguridad jurídica al sector.

“Cada uno atendiendo lo suyo. Y llegan tarde“, concluyó.

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