Madrid refuerza la seguridad jurídica de los Tributos sobre el Juego y revisará periódicamente toda su normativa

La Comunidad de Madrid ha aprobado dos iniciativas con incidencia directa en el ámbito tributario y regulatorio de la región, incluidos los Tributos sobre el Juego.

Por un lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Defensa del Contribuyente, que ahora iniciará su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid. La nueva norma será aplicable a los tributos cedidos por el Estado cuya gestión corresponde a la Comunidad, entre ellos el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y los Tributos sobre el Juego.

Según ha explicado el Ejecutivo madrileño, el objetivo es reforzar la seguridad jurídica de los contribuyentes, simplificar las gestiones fiscales y mejorar la relación entre los ciudadanos y la Administración tributaria autonómica.

Entre las principales novedades destaca la creación de una carpeta tributaria individualizada que permitirá consultar en tiempo real toda la información fiscal y el estado de los expedientes. Además, la Comunidad se compromete a emplear un lenguaje administrativo más claro y formularios de fácil comprensión.

La futura ley también contempla la creación de una Oficina de Defensa del Contribuyente, que sustituirá a la actual figura del Defensor del Contribuyente y asumirá la gestión de quejas y sugerencias relacionadas con retrasos administrativos, incidencias telemáticas o deficiencias en la atención al ciudadano.

Junto a esta iniciativa, el Gobierno regional ha aprobado el proyecto de decreto que introducirá un sistema permanente de revisión y evaluación de las normas autonómicas. La medida establece que todo el ordenamiento jurídico regional deberá someterse, con carácter general, a una revisión cada cuatro años para comprobar su eficacia y adecuación a la realidad económica y social.

Además, los reglamentos de carácter organizativo tendrán una vigencia máxima de cinco años, tras la cual deberán ser evaluados para decidir su mantenimiento, modificación o derogación.

El nuevo modelo también impulsará la simplificación administrativa mediante la ampliación de los supuestos en los que pueda aplicarse el silencio administrativo positivo, de forma que, cuando la Administración no resuelva en plazo, la solicitud del ciudadano o de la empresa pueda entenderse estimada.

Por último, se incorpora un procedimiento abreviado para la elaboración de determinadas leyes y normas de especial simplicidad, reduciendo significativamente los tiempos de tramitación administrativa.