La firma participa de nuevo en la guía internacional de referencia sobre legislación del Sector, en el que repasa licencias, fiscalidad, publicidad y las distintas normativas en el mercado español
Loyra analiza el presente y futuro de la regulación del Juego en España en la ICLG Gambling 2026
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Loyra Abogados ha vuelto a colaborar con la International Comparative Legal Guide – Gambling 2026 (ICLG), una de las obras de referencia a nivel internacional para el análisis jurídico comparado de la Industria del Juego a nivel internacional. El despacho firma nuevamente el capítulo dedicado al ordenamiento español bajo el título “Gambling Laws and Regulations – Spain”, elaborado por Cristina Romero de Alba, Patricia Lalanda Ordóñez, Fernando A. Martín Martín y Carlos Lalanda Fernández, en el que se repasan, con una visión técnica y sin concesiones, los principales ejes regulatorios que estructuran el mercado.
El análisis pone el foco en el sistema regulatorio multinivel que caracteriza a España, con competencias repartidas entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, así como en los requisitos de licencias, las obligaciones de cumplimiento y las principales tendencias de supervisión y aplicación de la normativa. El capítulo, disponible de forma gratuita en la web de ICLG, se presenta como una herramienta útil tanto para operadores como para reguladores y otros actores del mercado.
Uno de los puntos de partida del análisis es la clásica división entre Juego público y Juego privado, una distinción que el texto describe con precisión jurídica y que, en la práctica, sigue generando un tratamiento claramente asimétrico. Mientras SELAE y la ONCE mantienen su posición de monopolio en determinados productos, el Juego privado, tanto presencial como online, opera bajo un régimen de licencias, controles y cargas regulatorias y fiscales sensiblemente más exigentes. El capítulo, sin entrar en valoraciones políticas, sí deja constancia de un desequilibrio normativo largamente asentado que condiciona la competencia y el acceso al mercado.
En el ámbito competencial, Loyra repasa el reparto de funciones entre la DGOJ, responsable del Juego online de ámbito estatal, y las comunidades autónomas, que regulan, autorizan y supervisan el Juego presencial, así como determinadas modalidades online en sus territorios. Esta dualidad, bien conocida por el Sector, se traduce en marcos regulatorios fragmentados, con diferencias relevantes en planificación, distancias, horarios, tipos de licencias y regímenes sancionadores.
El capítulo dedica un bloque específico al sistema de licencias, tanto estatales como autonómicas, incidiendo en la estructura de licencias generales y singulares para el Juego online, los requisitos de solvencia, garantías, cumplimiento técnico y obligaciones de registro. Se recuerda que el último concurso estatal se convocó en 2017, una circunstancia que sigue siendo un elemento clave del statu quo regulatorio y que limita la entrada de nuevos operadores al mercado estatal.
En materia fiscal, el análisis recoge la diversidad de impuestos aplicables según el tipo de actividad y el territorio, desde las tasas fijas por máquinas recreativas hasta la tributación sobre el GGR en casinos, apuestas y Juego online. En este último caso, recuerdan que la norma general establece un tipo del 20%, con una fiscalidad reducida del 10% para operadores establecidos en Ceuta y Melilla, además de otras cargas como el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre Actividades Económicas.
El informe también pasa revista a las obligaciones en materia de Juego responsable, protección del jugador y prevención del blanqueo de capitales, abordando cuestiones como los límites de depósito, los registros de autoexclusión, la identificación de clientes y las crecientes exigencias de control sobre medios de pago. En este contexto, se analizan igualmente las restricciones publicitarias, tanto las vigentes como las que están en discusión tras la anulación parcial del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales por el Tribunal Supremo y los intentos de reintroducción de dichas limitaciones a través de su incorporación en otros proyectos de Ley, como sucede con la Ley SAC.
Finalmente, el capítulo dedica su tramo final a la supervisión y al endurecimiento de la aplicación de la ley, con referencias concretas a la actividad sancionadora de la DGOJ frente al Juego ilegal, así como a las reformas normativas en curso, tanto a nivel nacional, como al autonómico, donde varias comunidades están revisando su normativa para reforzar la planificación y el control de accesos.
El extenso y detallado análisis de Loyra a la ICLG Gambling 2026 ordena y contextualiza los grandes temas que siguen definiendo el mercado español: un modelo regulatorio complejo, una clara desigualdad entre Juego público y privado y una agenda reformista que apunta a más control, más exigencias y pocas señales de reequilibrio estructural.
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