Las nuevas tecnologías de reconocimiento biométrico, menos invasivas y más seguras

La primera de las mesas-coloquio ha tenido como título “Protección de datos en el ámbito del Juego. Tratamiento de datos”, y ha contado con José Luis Piñar, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad San Pablo CEU y exdirector de la AEPD, Juan Antonio Hernández, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Vigo y exletrado del Tribunal Constitucional, Leire Arbona, Directora del Departamento Legal&Compliance de Veridas y Daniel Choliz del Junco, abogado en el Departament de Derecho Digital y Cumplimiento de Deloitte. Susana Pastor ha sido la ilustre moderadora de la mesa.

José Luis Piñar ha destacado la complejidad de tratar datos personales sensibles en el Sector y recuerda la importancia de la reciente guía de la Agencia sobre el tratamiento de datos biométricos, una regulación controvertida en su aplicación a los sistemas de control de acceso en bingos y casinos. “Esta guía ha generado múltiples debates y controversias“, afirma Piñar, subrayando que, aunque la guía no tiene carácter normativo, “plantea una interpretación restrictiva sobre el uso de datos biométricos, que algunos cuestionamos”.

El exdirector ha explicado que la normativa de la Agencia en relación con el uso de datos biométricos exige que, incluso con consentimiento explícito, debe ofrecerse una alternativa menos intrusiva, como presentar un documento de identidad.

Por su parte, Juan Antonio Hernández ha enfatizado la crisis del consentimiento como base jurídica en el tratamiento de datos biométricos. “El consentimiento como base jurídica está en horas bajas. Cada vez se interpretan sus requisitos de forma más restrictiva, tanto en la Unión Europea como en las guías de la Agencia Española”, apunta, haciendo alusión a sentencias recientes que invalidan el consentimiento cuando no existe una alternativa real al usuario.

Hernández sugiere que, dada la dificultad de obtener un consentimiento válido, el legislador podría optar por crear una ley específica que regule directamente el uso de la biometría en el Juego. Esto abriría una vía reguladora que no dependería del consentimiento y permitiría un control riguroso y claro. “El reglamento europeo de protección de datos permite establecer obligaciones específicas para ciertos sectores; en el caso del Juego, donde hay usuarios con acceso restringido, podría justificarse una ley que permitiese la verificación biométrica con medidas de seguridad adecuadas”.

Leire Arbona, directora legal en Veridas, empresa especializada en biometría, ha aportado el enfoque técnico de las nuevas tecnologías y sus posibilidades para garantizar la privacidad. Según Arbona, el avance en sistemas biométricos renovables, que no dependen de una única referencia y permiten revocar datos si son comprometidos, ofrece una respuesta al temor de una pérdida permanente de privacidad. “La tecnología de reconocimiento biométrico ya no se basa en puntos fijos del rostro, sino en modelos interpretativos que cambian en cada sistema, lo que la hace menos invasiva y permite su renovación. Este tipo de biometría es más segura y respeta los derechos del usuario”, afirma.

Arbona ha abogado por una regulación que se centre en el uso responsable de la biometría en lugar de prohibir su aplicación, “siempre que haya participación activa del usuario”, añadiendo que la tecnología de hoy permite salvaguardar tanto la privacidad como la seguridad.

Ante la posibilidad de que una ley autonómica regule el uso de biometría en locales de Juego, el abogado Daniel Choliz ha advertido que tal normativa podría entrar en conflicto con el marco estatal y europeo, generando un enfrentamiento de competencias.

Hernández puntualiza que, en caso de conflicto, la Agencia Española de Protección de Datos podría cuestionar la competencia autonómica y sancionar al Sector, aunque reconoce que los tribunales tendrían la última palabra en un proceso que se vislumbra largo. “Es posible que la agencia entienda que regular un derecho como la protección de datos es competencia estatal, y eso abriría un proceso de cuestionamientos legales que terminarían en el Constitucional”, concluye Hernández.

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