Los privilegios de la organización nacional se consolidan con el beneplácito de la máxima instancia judicial
Las máquinas de la ONCE conquistan impunemente la hostelería asturiana con el aval del Tribunal Supremo
AZARplus
El Tribunal Supremo ha salido al rescate de la ONCE… Para sorpresa de nadie. Dos recientes sentencias han dejado claro que la ONCE no es un operador más: es una entidad intocable que opera en un limbo legal diseñado a su medida.
Mientras cualquier Operador de Juego privado debe peregrinar por un desierto de burocracia autonómica, licencias locales y asfixiantes inspecciones para instalar una máquina, la ONCE se pasea por los bares de Asturias con un salvoconducto estatal que le permite ignorar a las autoridades regionales. El Principado intentó exigir que los terminales de la ONCE en la hostelería cumplieran con la normativa asturiana, pero el Supremo ha sido tajante: las comunidades autónomas carecen de competencia para inspeccionar o intervenir en los dominios de la “reserva estatal”.
Es fascinante observar cómo el Estado se erige en juez y parte. A través de la Disposición Adicional Primera de la citada ley, el Gobierno ha blindado a la ONCE y a SELAE, permitiéndoles comercializar sus productos en “redes externas” (es decir, el bar de la esquina) sin necesidad de pedir permiso a nadie que no sea su propio protector madrileño. Según el Supremo, permitir que una autonomía meta sus narices en los terminales de la ONCE sería “distorsionador” para la reserva. Al parecer, la única distorsión aceptable es la desigualdad flagrante frente al Sector privado, que sí debe someterse a las “políticas de dimensionamiento” de cada región.
Bajo el sarcástico paraguas de la “libre competencia“, el Supremo ampara un monopolio de facto en la hostelería donde las reglas solo se aplican a los de siempre. La ONCE no necesita autorizaciones autonómicas para sus equipos, ni para abrir establecimientos, ni para colonizar las barras de los bares. Es el privilegio infinito: una organización que se envuelve en la bandera de lo social para disfrutar de una inmunidad administrativa que cualquier otro operador consideraría un sueño feudal. En el casino del Estado, la banca, siempre que sea la ONCE o SELAE, nunca pierde, y el Supremo se encarga de que nadie le pida siquiera el DNI.
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