La UE avala exigir licencias nacionales y abre la puerta a devolver apuestas en el Juego online

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Nicholas Emilíou, ha determinado que operar sin licencia nacional puede acarrear consecuencias civiles de gran alcance, incluida la devolución de las cantidades apostadas por los clientes, incluso en contextos donde los sistemas de concesión de licencias presentaban deficiencias.

Las conclusiones del abogado, emitidas en el marco de un litigio entre un consumidor alemán y el operador Tipico, parten de que la exigencia de licencia nacional en materia de apuestas deportivas es, en sí misma, plenamente compatible con el Derecho de la Unión. Según se expone, los Estados miembros conservan un amplio margen para regular el Juego por razones de interés general, especialmente vinculadas a la protección de los consumidores y la prevención de la ludopatía.

En este sentido, Emilíou subraya que los riesgos asociados al Juego justifican la existencia de sistemas de autorización previa que permitan a las autoridades controlar tanto a los operadores como las condiciones de oferta.

Uno de los elementos centrales del dictamen es el rechazo a la idea de que los operadores puedan eludir la exigencia de licencia alegando fallos en los procedimientos nacionales. El Abogado General afirma que no cabe una “autorreparación” por parte de las empresas. Es decir, incluso si el sistema de concesión de licencias es defectuoso, como ocurrió en Alemania durante años por falta de transparencia, ello no legitima a un operador para prestar servicios sin autorización.

Desde el punto de vista jurídico, esto implica que los tribunales nacionales pueden aplicar las consecuencias previstas en su derecho interno frente a quienes operen sin licencia. En el caso alemán, esto se traduce en la posible nulidad de los contratos de Juego y en la obligación de devolver las cantidades apostadas, así como en eventuales responsabilidades civiles. Estas medidas son consideradas “proporcionadas” y coherentes con el objetivo de disuadir a los operadores de actuar al margen del sistema regulatorio.

No obstante, el dictamen introduce un matiz relevante. Aunque la regla general es la aplicabilidad de estas consecuencias, el Abogado General abre la puerta a excepciones en situaciones concretas. En particular, cuando un operador haya actuado confiando en garantías claras, precisas y concordantes por parte de las autoridades nacionales como, por ejemplo, indicaciones de tolerancia mientras se reformaba el sistema, podría resultar desproporcionado exigirle posteriormente la devolución de las apuestas.

En estos supuestos, la responsabilidad podría desplazarse hacia las propias autoridades públicas, especialmente si su actuación generó una confianza legítima en los operadores. El dictamen advierte, además, del impacto económico que podría suponer imponer devoluciones masivas años después, afectando a contratos celebrados durante largos periodos y a cantidades potencialmente elevadas.

Otro de los aspectos clave abordados es la inexistencia de reconocimiento automático de licencias dentro de la Unión Europea. Emilíou insiste en que una autorización obtenida en un Estado miembro no habilita por sí sola para operar en otro. Cada país puede exigir su propia licencia y establecer condiciones específicas, siempre que sean proporcionales y no discriminatorias.

Pese a las conclusiones presentadas por el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la última palabra, en cualquier caso, corresponderá al Tribunal de Justicia de la UE.

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