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Pese a citar en su Informe la Sentencia en sentido contrario del Tribunal Supremo y a reconocer al juego como una actividad económica amparada por la Ley General de Unidad de Mercado 

La Secretaría del Consejo para la Unidad del Mercado aplica la “Ley del Embudo” para avalar la nefasta normativa valenciana sobre el Juego Privado

AZARplus

La Secretaría del Consejo para la Unidad del Mercado, Departamento perteneciente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha elaborado un Informe para dar contestación a la reclamación presentada por una Asociación contra el establecimiento de distancias mínimas entre centros escolares y establecimientos de juego (850 metros) y establecimientos de juego entre sí (500 metros), así como contra el requisito del mando a distancia en bares para activar las máquinas recreativas, que se determinan en la Ley de Juego de Valencia.

La mencionada Asociación argumenta que tales medidas no se adecuan a los principios de necesidad y proporcionalidad fijados por la Ley General de Unidad de Mercado (LGUM) y que no responden a la preceptiva razón imperiosa de interés general que tendría que sustentarlas. En consecuencia, estos contenidos de la Ley de Juego de Valencia serían un obstáculo a la libertad de establecimiento de la legítima actividad de juego dentro de la Comunidad Autónoma.

En su Informe la Secretaría considera que la actividad de juego es una actividad económica incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM, ya que se ejerce por operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional y que los límites de acceso a la actividad deben de motivarse en razones imperiosas de interés general y deben ser proporcionados “no existiendo otro medio menos restrictivo o menos distorsionador de la actividad económica”.

Con este preámbulo sería fácil imaginar que la Secretaría iba a tener un pronunciamiento muy distinto al que finalmente realiza, cuando también añade que las razones imperiosas tienen que concernir al orden público, la seguridad pública, la protección civil o la salud pública según la jurisprudencia del Tribunal de justicia de las Comunidades Europea y como señala la LGUM.

Sin embargo, a continuación el Informe entra en las consideraciones de la Ley de Juego de Valencia sobre prevención de la ludopatía y protección de menores y ludópatas, e incluso en el blanqueo de dinero, para justificar las medidas citadas. Así expone que mas medidas se engloban en “la más amplia razón imperiosa de interés general de protección de la salud (evitar que los adolescentes se inicien en el juego y puedan posteriormente en la edad adulta desarrollar comportamientos adictivos)”. Por tanto la Secretaría considera que la distancia de 850 metros entre Salones de Juego y Casas de Apuestas con centros educativos cumple el principio de necesidad y proporcionalidad proclamada en la LGUM. O sea, que se manifiesta favorable a la interpretación y aplicación de la popularmente llamada “Ley del Embudo”…

Lo anterior es aún más impactante considerando que el propio Informe destaca que la sentencia del Tribunal Supremo que analizó el requisito de distancia mínima de 800 metros entre Salones de Juego que se determinaba en el Reglamento de Salones Recreativos y Salones de Juego de la Comunidad Valenciana no acreditaba suficientemente la necesidad y proporcionalidad  de esta limitación. 

En cuanto a la distancia de 500 metros entre establecimientos de juego, al no afectar a los establecimientos ya autorizados, el Informe también reconoce que “podría perjudicar a los nuevos entrantes, que tendrían menos opciones para ubicar sus establecimientos”, pero eso no impide su posicionamiento final favorable que se apoya en que la medida es proporcionada “en el caso de que no existiera otra medida menos distorsionadora que permitiera alcanzar el mismo objetivo (evitar una concentración excesiva y promover un entorno urbano equilibrado y saludable que evite la sobreexposición al juego de la población y con ello el riesgo de que ésta caiga en conductas ludópatas)”. 

Este lenguaje directamente político se extrema en el Informe de la Secretaría del Consejo de la Unidad de Mercado al entrar en el tema del mando a distancia para los bares ya que ahí encontramos literalmente este texto: “el uso de máquinas de tipo B y de máquinas auxiliares de apuestas deportivas en establecimientos de hostelería son canales habituales utilizados por las personas menores de edad para jugar por dinero, especialmente, como actividad de ocio grupal”. 

Por lo tanto nos encontramos de nuevo con “la más amplia razón imperiosa de interés general de protección de la salud pública”.

Y las conclusiones de este documento son que las limitaciones de la Ley de Juego de Valencia: “a) no son discriminatorias, b) están justificadas por razones imperiosas de interés general, c) son proporcionadas a dichas razones, d) son claras e inequívocas, e) son objetivas, f) han sido hechas públicas con antelación, g) resultan transparentes y accesibles, y h) se rigen por el principio de igualdad de trato y no discriminación”. 

Mientras tanto los trabajadores de la Hostelería y del Sector del Juego de la Comunidad de Valencia se concentran en manifestaciones por el derecho a ganarse la vida en las calles de la ciudad, perdiendo así el tiempo en vez de profundizar en las bondades y virtudes de la Ley de Juego y las otras disposiciones del Botanic sobre su futuro, el de su trabajo y el de sus familias, rindiéndose para siempre ante la excelencia que la citada “Ley del Embudo” les ha tocado vivir…

Ofrecemos a nuestros lectores en formato pdf el documento con el contenido del Informe relativo al tema.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

VER PDF INFORME 

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