Unanimidad en los fundamentos y explicación de como SELAE y la ONCE mantienen injustificadamente sus privilegios, y como desmontar jurídicamente los intentos de los ayuntamientos por controlar el Juego
La regulación del Juego debe basarse en los principios de proporcionalidad, competencia e igualdad entre Público y Privado
En el XVII Congreso de Juego de Castilla y León, ha tenido lugar una mesa redonda bajo el tema “¿Necesitamos un nuevo marco normativo del Juego y de las Apuestas? Autorización autonómica para los juegos públicos, ordenación municipal, límites y tratamiento de la publicidad”. La mesa ha contado con la participación de Alejandro Landaluce, director general de Cejuego, José María Baños, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, y con Eduardo Nieto, abogado especializado en Juego y secretario general de ASEOCYL. Jesús Martínez, director general de Innovación Tecnológica de Melilla ha presentado y moderado el debate.
Uno de los puntos centrales de la mesa ha sido la disposición adicional primera de la Ley de Juego, que permite a SELAE y la ONCE operar en una red de comercialización externa sin autorización autonómica. José María Baño León, ha afirmado rotundamente: “No hay ninguna disposición en la ley que permita a las comunidades autónomas eximir de autorización a SELAE y ONCE cuando operan en locales de terceros, es decir, en la red de comercialización externa”.
Baño ha destacado la contradicción que plantea la abogacía del Estado en un informe que interpreta que, debido a la ampliación del monopolio, SELAE y ONCE también quedan exentas en su red externa. “Esta interpretación vacía de contenido la competencia de las comunidades autónomas para ordenar el juego. Si una comunidad autónoma quiere ser restrictiva en la planificación, esta interpretación le anula esa capacidad”, ha agregado Baño, quien señala además que esta extensión va en contra del principio de libre competencia que defiende el Derecho de la Unión Europea. “Debería haber un prefecto que dijera que esa red externa, cuando se instala un terminal, queda exenta de autorización”. Baño señala que, si se hiciera una interpretación como alguna comunidad hace, y si se partiera de la base de que la red de comercialización externa está exenta, “se crearía una discriminación al resto. Lo que puede constituir un abuso de posición dominante”.
El director general de Cejuego, Alejandro Landaluce, ha señalado las desigualdades que enfrenta el Sector privado en comparación con SELAE y la ONCE en cuanto a restricciones publicitarias. Landaluce ha recordado que el Sector privado ha estado sujeto a restricciones severas de publicidad en las recientes normativas. Además, el Real Decreto de 2020 limita la publicidad de Juego privado al horario de 1:00 am a 5:00 am., mientras que SELAE y ONCE martillean sin cesar en cualquier medio y a cualquier hora. “Todos los días, a cualquier hora, vemos anuncios de rascas y loterías, es decir, no de la obra social de SELAE y la ONCE”, apunta Landaluce, denunciando que se supone que esta libertad publicitaria para la ONCE se concedió para promocionar su obra social, pero tan sólo aparecen Rascas. Landaluce también comenta la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Real Decreto, y cómo el Gobierno ha decidido tratar de “colar” los artículos tumbados a través de una enmienda en la Ley General de Salud Pública. “Creíamos que se iba a hacer una nueva normativa mejor que la anterior. Pero nos encontramos con una enmienda de la Agencia Estatal de Salud Pública, donde se introducen los artículos tirados. Al hacerlo por enmienda y por comisión, no hay posibilidad de interacción por parte del Sector”.
Otro punto candente de la mesa ha sido la regulación urbanística de establecimientos de Juego en núcleos urbanos, como el reciente fallo judicial que anuló la decisión del Ayuntamiento de Burgos de limitar las ubicaciones de los locales de Juego. Eduardo Nieto ha explicado que la sentencia desestima un recurso de casación contra la sentencia del TSJ que anula un intento de hacer su propia normativa sobre distancias del ayuntamiento.
Nieto ha descrito el intento del Ayuntamiento de Burgos de crear “un tipo especial de suelo donde únicamente se permitiera la actividad de juego y apuestas”, lo cual, en la práctica, habría marginado estas actividades a zonas no residenciales y áreas industriales periféricas. “La normativa urbanística no debe excluir a priori una actividad económica, sino regularla con equilibrio y en coordinación con la normativa autonómica”, subrayó Nieto, quien resalta el papel de las comunidades autónomas para evitar restricciones injustificadas por parte de los municipios. “La normativa urbanística no debe excluir de facto una actividad económica”, argumenta el abogado, señalando que el alto tribunal anuló la modificación puntual del PGOU en base a que esta suponía una “restricción absoluta”, incompatible con las competencias exclusivas que las comunidades autónomas, como Castilla y León, poseen en la regulación y planificación del juego.
Tras las ponencias, Alejandro Landaluce, ha lanzado una reflexión crítica sobre los privilegios normativos que favorecen a los monopolios fiscales en detrimento del Juego privado: “Vas a cualquier gasolinera, bar o supermercado y puedes encontrar un punto de venta de la ONCE o de SELAE. Ellos no necesitan más lugares, pero siguen promoviendo una normativa que les permite operar sin las mismas restricciones que el Juego privado”.
José María Baño ha apoyado la visión de Landaluce y ha criticado la falta de conocimientos jurídicos en algunas administraciones, las cuales, en su opinión, son manipuladas para aceptar estas exenciones. “Muchas veces, los políticos aceptan argumentos sin un análisis riguroso, y se fomenta una competencia desigual. Es fundamental que la regulación se base en el principio de proporcionalidad y competencia, algo que SELAE y ONCE eluden con frecuencia”.
Jesús Martínez ha aprovechado para destacar la importancia de que las restricciones a la publicidad respondan a la protección de los colectivos vulnerables y no a criterios discriminatorios entre operadores. “Si los juegos públicos se parecen cada vez más a los privados, ¿por qué debe haber una diferencia en el trato publicitario?”. Martínez ha manifestado que la percepción de que el trato preferencial hacia SELAE y ONCE no tiene justificación desde una perspectiva de protección al consumidor.
El debate ha concluido con una reflexión de Eduardo Nieto sobre la reciente Ley del Juego de Castilla y León, que restringe la posibilidad de instalar terminales de juego físico en locales abiertos al público. Nieto ha alertado que la ONCE ya ha comenzado a presionar a legisladores para revertir ciertas restricciones y obtener una normativa más permisiva en futuras modificaciones de la ley. “Esta ley ha sido la que más prórrogas de enmiendas ha tenido en la historia de las Cortes, y todo era por presiones de determinada organización a los grupos políticos para conseguir introducir en la ley autonómica el privilegio de no necesitar la autorización previa autonómica ni ningún control de instalación para poder instalar cualquier terminal físico en cualquier establecimiento abierto al público” Nieto señala que, de haberse hecho, ya no en hostelería, sino en cualquier establecimiento abierto al público, como una peluquería, un polideportivo, una ludoteca, una biblioteca, habrían podido instalar sin control de ningún tipo un terminal físico, pero no los juegos catalogados en el 2011, sino de cualquiera de los que venden ahora mismo. “Al final no se consiguió, hubo una presión insoportable y no se consiguió, y por eso es importante que el regulador aguante y defienda el sector. Pero no han pagado, porque ahora ya hay propuestas para renovar la ley”.
Para terminar, Landaluce ha comentado un hecho que parece una broma por parte de la ONCE, pero que es real: “Hasta ahora la ONCE tiene su supuesta autorregulación. Se han impuesto una distancia de 10 metros a la puerta de los colegios. Y esto es verdad. No es una broma”. Ver para creer.
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