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¿Exigirá el Gobierno en el nuevo Acuerdo que firmará en el 2021 a la Organización Nacional de Ciegos que cuide a sus vendedores tradicionales y les de unas condiciones dignas de trabajo en su propia Organización?

La ONCE no ha cumplido parte del acuerdo firmado con el Gobierno y el Ejecutivo no parece que haya hecho nada para proteger a sus vendedores y afiliados

AZARplus

El Gobierno español y la ONCE tienen suscrito para el periodo 2012-2021 un Acuerdo General en materia de cooperación, solidaridad y competitividad que prolonga Acuerdos anteriores en el mismo ámbito, pero que introdujo importantes variaciones ante la nueva situación creada por la promulgación de la propia Ley de 2011y por “los nuevos escenarios que están reconfigurando el mercado del juego en España, y las continuas incógnitas que provocan situaciones de incertidumbre”, según sus propios términos.

Por lo tanto, el próximo fin de este Acuerdo nos sitúa ante lo que parece inminente aparición de otro texto que le dé continuidad. Por eso conocer el Acuerdo en vigor es aún más importante y nos hace preguntarnos si ha sido el marco adecuado para velar por los derechos de los afectados, de sus condiciones de trabajo, de su atención sanitaria, de su promoción laboral y también por la propia equidad del mercado.

El Acuerdo vigente persigue la generación suficiente de recursos para que la ONCE y su Fundación cumplan con los deberes de solidaridad que tiene encomendados, desde la estabilidad financiera de ambas instituciones, teniendo como contrapartida su compromiso para prestar servicios sociales a las personas ciegas y con deficiencia visual grave, así como a personas con otras discapacidades.

El marco del Acuerdo es la designación de la ONCE, junto a SELAE, como Operador de los Juegos Reservados de ámbito estatal, y se señala que en el nuevo contexto de mercado mucho más competitivo tiene que asumir “las dificultades inherentes a toda transición a la competencia efectiva”, lo que hace imprescindible “que se actualicen y modifiquen los mecanismos operativos de la ONCE”.

Esta mejora de la eficacia para poder cumplir sus fines, queda bajo el “estricto control público del Protectorado”, que a su vez debe asegurar el cumplimiento del Derecho Comunitario y del modelo social europeo.

Las cláusulas del Acuerdo marcan como grandes objetivos del mismo para asegurar la continuidad de la ONCE, el cumplimento de los fines sociales mencionados y la creación, mantenimiento y mejora de puestos de trabajo para personas con discapacidad, aunque la mención directa alude más adelante solamente a las personas ciegas y con deficiencia visual grave y no a otras discapacidades.

Las cuentas de la ONCE serían auditadas anualmente por el Protectorado y, sí hay beneficios, el 15% de ellos se destinarían a programas especiales a favor de afiliados a aplicar en un periodo de 5 años.

A partir de aquí la lectura del Acuerdo empieza a suscitar muchas dudas, o mejor directas descalificaciones sobre su grado de cumplimiento, como en reiteradas ocasiones se ha hecho desde nuestra web a través de los testimonios de vendedores de la Organización o responsables sindicales de la misma. Son casos que atañen a la marginación de los vendedores en calle al comerciarse las loterías de la ONCE en supermercados, gasolineras, estancos… o por medios cibernéticos desde la propia sede central de la Organización. Todo ello contradice cláusulas del Acuerdo con los siguientes contenidos: En la repercusión social de los nuevos canales de venta “la ONCE garantizará (…) el objetivo de no disminuir la plantilla de agentes vendedores del cupón afiliados a la Entidad”. “La ONCE se compromete (…) a desarrollar acciones a favor de las personas con discapacidad para crear, mantener y mejorar la calidad de los puestos de trabajo de dichas personas”. “La ONCE se compromete a (…) aportar al Fundación ONCE el 3% de las ventas reales” y adicionalmente “el 2% de las ventas que superen cada año la cifra de referencia”.

En definitiva, la función social que da razón de ser a la ONCE ha quedado permanentemente en entredicho y las funciones de control del Patronato y del propio Gobierno no han servido para proteger a un colectivo de personas que necesitan muy especialmente esa ayuda y tampoco en absoluto para integrar un mercado libre sin el ejercicio de una competencia desleal en canales de venta, publicidad, política tributaria y condiciones laborales de los trabajadores.

Es cierto que en el Acuerdo no se recogen expresiones como la del Vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias de que “nadie se quedaría atrás en materia social” y tampoco los argumentos del Ministro de Consumo Alberto Garzón sobre la peligrosidad de los juegos instantáneos (ignorando a los Rascas), pero a muchos nos resulta evidente la flagrante situación de privilegio de la ONCE pese al abrumador incumplimiento de sus compromisos más fundamentales.

DESCARGAR PDF ACUERDO GOBIERNO Y ONCE (firmado el 19 de noviembre 2011)

DESCARGAR PDF ACUERDO CONSEJO DE MINISTROS (18 noviembre 2011)

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MACARENA

1 Comentario

  1. Soy una persona muy muy allegada a uno de los trabajadores. Mi familiar sufrió acoso laboral y muchas más cosas que podría contar. Doy Fe de que la Once no hace nada ni por sus trabajadores ni por nadie. Sólo se lucran y el premio concedido es mentira porque no los cuidan ni a los afiliados ni a los discapacitados porque se venden la mayoría de los cupones porque el discapacitado se mueve de su lugar de trabajo he hando muchas horas de trabajo que no son recompensadas de ninguna manera. Doy fe y lo he vivido muy de cerca en que condiciones están trabajando.

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