La necesidad de una regulación eficaz marca la agenda de la segunda mesa debate del Congreso de ANESAR

La mesa redonda celebrada bajo el título “Construyendo puentes: el Sector del Juego hacia una regulación sostenible” ha dejado una visión clara sobre los desafíos legislativos que enfrenta el Sector. El debate ha evidenciado una necesidad urgente de coordinación normativa, seguridad jurídica y diálogo institucional honesto. A través de un cruce de opiniones diverso y enriquecedor, se han expuesto sin ambages las dificultades del marco legal actual y se ha apelado a una nueva etapa de colaboración público-privada realista y efectiva.

David Álvaro, director general adjunto de ACENTO y moderador del encuentro, ha iniciado la sesión con una potente imagen: “Cada día se producen unas 3.500 páginas de legislación. Es como si cada 24 horas se escribieran cuatro Quijotes”. Y el planteamiento ha ido más allá: La Industria del Juego está sometido a una presión normativa y discursiva asfixiante.

Álvaro ha reclamado una mirada abierta hacia modelos regulatorios internacionales donde, como sucede en países como Reino Unido, se fomentan organismos que “no ponen trabas al sector, sino que propician consensos y convivencia con los derechos de los ciudadanos”.

José Luis Ayllón, director del Departamento de Presidencia, Asuntos Públicos y Relaciones con las Cortes de la CEOE ha expuesto con claridad las amenazas que genera el actual modo de legislar: “Hoy en día una norma puede esconder una regulación del Juego en una disposición adicional de una ley sobre aranceles o transporte”. Algo que ha sucedido recientemente con la criticada enmienda del PSOE y SUMAR en la Ley sobre Atención a la Clientela, con la que el Gobierno quiere reinstaurar los artículos tumbados por el Supremo en relación al Real Decreto sobre Comunicaciones Comerciales. Ayllón ha criticado las llamadas “leyes ómnibus”, que introducen modificaciones sustanciales en normas sin relación alguna con el Sector: “Esto provoca desconcierto y hace imposible anticiparse desde las empresas”.

Ayllón ha subrayado la falta de Presupuestos Generales del Estado como otro grave problema, y ha alertado sobre el “efecto anuncio”, donde medidas que aún no se han aprobado se dan por vigentes por su reiterada mención en los medios. Como conclusión, ha dejado un mensaje claro: “El Gobierno teme más a los sectores que van unidos. Hay que trabajar en común, como hace ANESAR, para ser escuchados”.

Juan López Alegre, CEO de Strategycomm, ha elevado el tono al señalar que el Sector privado “es víctima de un sistema de prevaricación legislativa”. Como ha destacado acertadamente López Alegre, “quien regula, compite con nosotros. El Estado es propietario de los juegos públicos y decide qué impuestos pagamos, cuándo abrimos o si podemos anunciar nuestros productos”, denunciando además que “por cada persona que accede al Juego privado, hay seis que acceden al Juego público, y sin embargo es el Sector privado los criminalizados”.

López Alegre ha señalado al marco regulatorio actual de ser “indefendible”, con más de 9.000 normativas locales que afectan desde el horario hasta los rótulos de los salones: “No hay silencio que permita superar este nivel de regulación. Es un desequilibrio total”. Además, recuerda que el Juego privado representa un 0,84% del PIB, pero sostiene sectores estratégicos como la hostelería, con un 13%, o el turismo, especialmente ante la llegada de turistas asiáticos que “valoran positivamente la existencia de una industria del Juego”. Para él, el Sector debe asumir que está en una batalla: “Si tomamos conciencia del punto de partida desigual e injusto, y del potencial que tenemos, estamos en condiciones de librarla”.

Por su parte, Ramón Cubián, director general de Suelo de la Comunidad de Madrid, ha reivindicado una postura más constructiva: “No se trata tanto de cuántas leyes hay, sino de si el marco normativo es eficaz. Una ley no vale más por ocupar más folios, sino por ser justa, ajustada y útil”. A su juicio, hablar de sostenibilidad normativa implica ir más allá del ecologismo: “Estamos hablando de sostenibilidad empresarial, de atender a factores sociales, de cuidar a los empleados y también a los clientes”.

El director general también ha defendido la acción de su Comunidad, recordando que “la ley del juego de Madrid se actualizó con mejoras en publicidad y responsabilidad social, escuchando al Sector”. Subraya que “es positivo que haya competencia regulatoria entre Comunidades Autónomas, siempre que se genere confianza y estabilidad jurídica”.

Cubián ha asegurado que, cuando se habla de sostenibilidad, o ASG, “no se piensa o no se debe pensar en que son factores políticos ‘progres’, si no en que se genere sostenibilidad para la empresa. Ahí es cuando centramos que es lo que hay que hacer para que las empresas tengan futuro. Hay que defenderse de los ataques, pero no entrar en una batalla”.

Para concluir, Cubián ha señalado que en la Comunidad de Madrid no existe un sentimiento autonomista, “creamos una comunidad buseiness friendly, y si las comunidades autónomas han tenido que pasar por tiempo oscuros para el Juego como Valencia o Baleares, para salir de la oscuridad tienen que generar actividad normativa. Yo estoy siempre en el lado de una normativa eficaz, de la sostenibilidad y de una administración que genere confianza, que es donde estamos y pretendemos estar”.

David Álvaro ha señalado para concluir el debate: “Muchas veces, la legislación nace no de una necesidad real, sino de una bandera política. Se utiliza el Juego como arma ideológica para movilizar a ciertos sectores sociales”. Juan López ha respaldado esta idea con datos: “España es el segundo país de la UE con menor tasa de Juego problemático. Sin embargo, se organizan manifestaciones contra salones financiadas por quienes gobiernan las ciudades”.

La mesa redonda de ANESAR ha servido de plataforma para lanzar una propuesta firme y razonada: la necesidad de una regulación eficaz, estable y sostenible, que permita al Sector desarrollarse con garantías, generar empleo, proteger a los usuarios y contribuir, sin discriminaciones, al progreso económico del país.