La ministra de Juego británica visita un Casino para conocer mejor el Sector, mientras Bustinduy busca demonizarlo

La ministra de Juego del Reino Unido, Baronesa Fiona Twycross, ha visitado por segunda vez el Grosvenor Casino de Liverpool en el marco de la Conferencia del Partido Laborista, en una muestra clara de interés por comprender mejor a la Industria del Juego privado y su papel en la economía y el empleo del país.

Acompañada por John O’Reilly, CEO de Rank Group, y Grainne Hurst, directora ejecutiva del Betting and Gaming Council (BGC), la ministra pudo conocer de primera mano las medidas de juego seguro implementadas recientemente en los casinos británicos. Durante su visita, Twycross dialogó con empleados, escuchó sus experiencias laborales y conoció iniciativas de atención al cliente y de responsabilidad social, subrayando la importancia del Sector en la generación de empleo, turismo y ocio en ciudades como Liverpool.

Grainne Hurst destacó tras la visita: “Fue fantástico visitar Grosvenor Casino Liverpool junto a la Baronesa Twycross, dándole la oportunidad de conocer al personal y ver la inversión que se está haciendo en los locales de todo el país. Los casinos forman parte del tejido de la economía nocturna británica y lideran la implantación de medidas de Juego seguro”.

Este clima de diálogo y reconocimiento contrasta diametralmente con lo que ocurre en España. Mientras en el Reino Unido las autoridades se acercan al sector para comprenderlo y reforzar sus medidas de responsabilidad, en España los responsables políticos optan por un camino opuesto: la demonización del Juego privado, el endurecimiento de las restricciones publicitarias y la imposición de carteles de advertencia con mensajes alarmistas que equiparan el Juego online al tabaco.

La diferencia es evidente: en el Reino Unido, el juego es reconocido como parte esencial del ocio, el turismo y el empleo, y las autoridades buscan un equilibrio entre crecimiento económico y protección del consumidor. En España, en cambio, el discurso oficial se centra en señalar a los operadores privados como un riesgo, mientras se mantienen al margen los productos del juego público, como SELAE y la ONCE, que gozan de una libertad publicitaria y comercial total.