Los principales letrados del Juego comentan los desafíos regulatorios que esperan al Sector en este nuevo panorama político
La Mesa de Juristas de JuegoForum recuerda la importancia de contar con la Ley ante las injusticias regulatorias
AZARplus
JuegoForum ha contado con una Mesa de Juristas compuesta por letrados de primer nivel como Miguel García Campos, Carlos Lalanda y Santiago Moreno.
Santiago Moreno señala que la norma debe incardinarse de forma coherente en el ordenamiento jurídico europeo. “Los últimos textos normativos, distan mucho de los principios de buena regulación y se han basado en un populismo exacerbado y han tratado de constreñirlo o de intentar prohibirlo de facto”.
Sin perder la locución con las administraciones, Moreno recuerda que se debe apuntar a los recursos judiciales. “Un parámetro que no debemos olvidar para la defensa de la actividad”.
Santiago Moreno pone de ejemplo la Ley de Juego de la Comunidad Valenciana. Una ley que introduce una serie de enmiendas que se aprueban con alevosía, y que hacen que la ley sea letal para el Juego en la comunidad. Los aspectos principales como distancia mínima de 850 metros, que se aplica además con retroactividad con los Salones que tengan que renovar su licencia. “Habría que cerrar prácticamente el 90% de los salones. Un autentico disparate. La congelación del sector durante cinco años es otra de las medidas que han puesto al Sector en un escenario nefasto. Un reglamento recurrido por diversas empresas y organizaciones sectoriales”. La norma se transforma de manera sorpresiva de la noche a la mañana y sin respetar los derechos adquiridos vigentes de los empresarios, “lo que obliga a muchos locales al cierre”. Una serie de medidas que no tocan para nada al Juego público, y declara que, en este sentido, puede haber un falseamiento de la competencia. “Esto se ha planteado al tribunal europeo, y creo que ha sido un éxito, pues es la primera vez que un tribunal español presenta este hecho ante el tribunal europeo. Como buena noticia, parece ser que hay dos enmiendas que pueden modificar las medidas, y se posibilitaría que los bares puedan tener máquinas tipo B”.
Miguel Campos señala, respecto a los ámbitos regulatorios anteriores, que la modernidad en la legislación, en muchas ocasiones, no produce los frutos deseados. “Muchos cambios modernos lo que producen es esclavitud. La modernidad es buena, y hay que utilizarla de manera adecuada, sin perder de vista los principios fundamentales de funcionamiento y respeto a la sociedad”. Según el letrado, el sector se ha basado en principios como la discreción. El sector ha estado siempre necesitado de salir del foco mediático. García Campos recuerda encontrarse hace seis años en un congreso de Anesar, donde hablaba de la burbuja que se estaba formando respecto a los Salones de Juego: “Estos van a morir de éxito”, señalaba. “Desgraciadamente fue así. El crecimiento desmesurado, dio lugar a que se tuvieran que tomar medidas restrictivas. Hoy veo que el Sector va por buen camino, siempre y cuando se desinfle el suflé y se vuelvan a los principios originarios de respeto y verdad”.
Para García Campos, la legislación del Juego ya no consiste en colores políticos, y pone como ejemplo el caso de Extremadura como paradigma de que un cambio político no supone la corrección de errores cometidos por una Administración. “Extremadura aprueba el decreto para la modificación de regulación de Maquinas con los controles de acceso. Esos controles de acceso contienen una flagrante ilegalidad: se obliga a todos los salones de juego de la región que tengan controles biométricos dactilares o faciales. Ese artículo, desde el punto de vista jurídico, vulnera la normativa la normativa legal vigente de protección de datos”.
En Extremadura la Ley de Juego no habilita a que se instalen los controles biométricos, y por tanto, ese reglamento vulnera la normativa española. “Este es un ejemplo palmario de que el cambio de color político o implica que vayamos a ir mejor, y que necesitamos acudir a los tribunales para defendernos”.
Santiago recoge otro ejemplo reciente como es la Ley del Juego de Galicia, una ley que constriñe al Sector, y que está realizada por el Partido Popular. Una ley con aspectos muy negativos, como el artículo de autorizaciones a las Máquinas tipo B. “Los colores políticos no tienen nada que ver, porque las administraciones públicas han comprado la idea de falso problema del Juego en la sociedad”. Santiago Moreno relata que, en lo que respecta a menores, el índice en hostelería y en locales de Juego, es prácticamente inexistente. “Nos han hecho creer que este problema es primario. Esperemos que esto se pueda ir enderezando”.
Por su parte, Carlos Lalanda, realiza una reflexión sobre la actualidad del Sector y las tendencias regulatorias en España. “Antes teníamos un único centro de decisión que era el estatal. Cuando estos centros se multiplican, los problemas se multiplican también. Los reguladores son las Asambleas, y estas se nutren de los partidos políticos. Los reguladores son los Gobiernos de las comunidades”.
Los letrados abordan asimismo los diferentes procesos regulatorios activos en las Comunidades Autónomas. Entre estas se encuentra la Ley de juego de Castilla y León, con modificaciones puntuales. Incluyen preceptos como cuestiones relativas a las distancias, al refuerzo de los controles de admisión y medidas relativas a la publicidad. La Ley de Juego de Canarias también está en tramitación parlamentaria en prácticamente los mismos puntos.
Navarra también se encuentra en plena tramitación, al igual que en el País Vasco o la Comunidad de Madrid, este último sobre los medios de pago en las Máquinas de Juego. “Un tema apartado que se tiene que empezar a regular desde el punto de vista normativo”.
Una vez concluida la Mesa Redonda, Luigi Limido, Director General de Bally Wulff España, pregunta a los ponentes hacia donde se dirige el Sector: “El único avance que se ha hecho por el momento ha sido en Valencia por parte de SOS Hostelería. ¿Vamos hacia un escenario más defensivo?” Santiago Moreno responde que, para el Sector, los tribunales son básicos. “Este sector ha conseguido muchas cosas en los tribunales. Hay que seguir en esa línea”.
Juan Manuel Ortega recuerda el video sobre el candidato de Unidas Podemos a la Alcaldía de Madrid, en el que declaraba que el 70% de las mujeres tienen un desorden de Juego Problemático, y plantea si no se puede hacer nada desde la legalidad contra ese tipo de afirmaciones. Carlos Lalanda cuestiona si se pudiese incluir como injurias. Los letrados manifiestan que con la actual línea que manejan los tribunales sobre libertad de expresión es muy difícil acallar. “Escuchamos burradas de todo tipo, y suelen salir airosas”.
Patricia Lalanda concluye la ronda de preguntas y esta mesa con una reflexión sobre las tendencias y posiciones a seguir: “Es esencial también la estrategia que siguen otros sectores, como la educación. Una línea que no debe olvidarse. Es fundamental, y creo que el Sector lo esta haciendo poco a poco y deberíamos aplicarla más”.
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