El juicio está visto para sentencia
La justicia encara el fallo del caso de la Primitiva de 4,7 millones tras 14 años sin dueño
AZARplus
El juicio por la conocida como “Primitiva millonaria” de A Coruña, un premio de 4,7 millones de euros sin cobrar desde 2012, ha quedado visto para sentencia tras más de una década de investigación y varias jornadas de vista oral en la Audiencia Provincial. En el banquillo se han sentado el lotero Manuel Reija y su hermano, Miguel Reija, entonces delegado provincial de la SELAE, para quienes la Fiscalía solicita seis años de prisión para cada uno por estafa (o apropiación indebida) y blanqueo de capitales, respectivamente.
Durante el proceso, ambas defensas han mantenido una línea común: negar cualquier actuación ilícita y reclamar la absolución. Manuel Reija ha insistido en que encontró el boleto en el mostrador de su administración de San Agustín y que desde el primer momento se reconoció como “no propietario”. Según su versión, actuó sin intención de cobrar el premio, pese a haber presentado hasta cuatro escritos ante la SELAE solicitando su abono. Ha justificado esas gestiones como intentos de evitar la caducidad del boleto o de aclarar el procedimiento del denominado “expediente de hallazgo”, asegurando incluso que desconocía su funcionamiento y que le resultaba “raro”.
Sin embargo, uno de los puntos clave del juicio ha girado en torno a los registros de la terminal de la administración, que, según la investigación, reflejan movimientos compatibles con la presencia del apostante en el momento de la comprobación del boleto premiado. La Fiscalía sostiene que esas operaciones, con combinaciones repetidas antes y después, evidencian que el lotero tenía delante al cliente cuando verificó el resguardo. El acusado lo ha negado de forma tajante, aunque sin lograr aclarar esas coincidencias.
Por su parte, Miguel Reija ha defendido que su actuación se limitó a funciones administrativas y que siempre actuó siguiendo “órdenes directas” de SELAE. “Todas mis acciones fueron siguiendo directrices de la SELAE, no de motu proprio”, declaró, insistiendo en que no percibió indicios de delito cuando tuvo conocimiento del caso y que por ello no avisó a la policía. También ha negado haber facilitado el cobro del premio a su hermano: “No hice ninguna gestión para que mi hermano pudiese cobrar el premio, en absoluto”.
El exdelegado ha explicado que conoció la existencia del premio a través de un aviso automático y que fue su hermano quien le mostró el boleto hallado. Según su testimonio, optó por proteger el resguardo: “lo primero que hice fue guardarlo en un sobre para proteger sus huellas”, declara, y recomendó devolverlo temporalmente a la administración por si aparecía el propietario. Además, ha defendido el hermetismo mantenido sobre la identidad de quien encontró el boleto como una forma de preservar la validez de posibles reclamaciones.
Uno de los aspectos más controvertidos ha sido su comunicación con la administración donde se selló el boleto. Los responsables de ese punto de venta sostienen que Miguel Reija les indicó que el premio “ya estaba cobrado”, mientras que él ha matizado que sus palabras fueron “el boleto ya ha aparecido”, subrayando la diferencia como clave en su defensa.
La Fiscalía, sin embargo, rechaza ambas versiones y sostiene que existió una actuación coordinada para ocultar el origen del boleto y facilitar su cobro. Considera que Manuel Reija actuó “de mala fe” y que su “acto de avaricia” derivó en una conducta “malévola”, mientras que atribuye al delegado un papel activo al no bloquear el premio y mantener la versión del hallazgo pese a las sospechas. Según el Ministerio Público, Miguel Reija “fue consciente del posible origen ilícito y le era indiferente”, contribuyendo a “enmascarar” la procedencia del resguardo.
Frente a esta tesis, las defensas han cuestionado la validez de las pruebas técnicas, especialmente los registros de la terminal, y han insistido en que no existe evidencia concluyente de delito. También han subrayado la falta de protocolos claros en aquel momento para gestionar un boleto extraviado de estas características, argumentando que las decisiones se tomaron sobre la marcha ante una situación excepcional.
El caso llega a su desenlace con dos familias reclamando la propiedad del premio (entre ellas la del considerado por la investigación como legítimo dueño) y con un proceso que se ha prolongado durante 14 años sin que el importe haya sido abonado. El tribunal deberá determinar ahora si existió una actuación fraudulenta o si, por el contrario, se trató de una gestión irregular en un contexto sin normas definidas.
VER AZARplus 12/07/23.- El caso del boleto millonario “sin dueño” se convierte en docuserie
** Los comentarios deben ser moderados, en muy poco tiempo, serán validados