Alejandro Landaluce, Director General de CEJUEGO y Juan Lacarra, Secretario General de ANESAR, ofrecieron un discurso veraz, objetivo y basado en los datos, frente a la demagogia ofrecida por el Director Adjunto de Juego de la ONCE con quién, entre otros, compartieron tribuna
La Industria del Juego vuelve a tener voz en el parlamento de Cantabria ante la inminente reforma de la Ley del Juego
AZARplus
El Director General de CEJUEGO Alejandro Landaluce y el Secretario General de ANESAR Juan Lacarra tuvieron ayer la oportunidad de exponer su experta opinión respecto al Juego en la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior de Cantabria sobre la inminente reforma de la Ley del Juego de la Comunidad, en la que también participó el Director Adjunto de Juego de la ONCE Patricio Cárceles, más centrado en hacer publicidad de la ONCE y en tratar de modificar un punto referente a la limitación de autorizaciones de la ONCE, que en hablar sobre dicha Ley.
El turno de ponencias lo inició Alejandro Landaluce, quien reseñó la importancia de la formación, la educación y la prevención como medidas para incluir en la normativa, “más que hablar de distancias o de restricciones”.
El Director General de CEJUEGO defendía la utilización de los controles de acceso en los locales de Juego, pero señalaba la importancia de la eficiencia de estos controles, en tanto en cuanto no recrudezcan sus medidas.
Hubo tiempo también para informar sobre datos oficiales referentes al Juego, como los que manejan desde la Unión Europea con ESPAD, que indican que “España es el segundo país de Europa con menos ludopatía. Los menores en España juegan menos que en el resto de Europa, y existen menos menores que jueguen”, mientras que el Juego público son los más utilizados por los menores.
Landaluce señalaba muy oportunamente que en el Juego ha habido una reforma: “Ha crecido el número de salones, pero han caído el número de máquinas en salones, y en cuanto a las apuestas sí ha crecido pero no hay tantas máquinas. Al final lo que hay que ver es que hay menos gasto en general de Juego en Cantabria, y no hablo de la pandemia, sino de antes. Es una realidad; hay menos ingresos por impuestos del Juego, y si hay menos facturación es porque la gente juega menos”.
Para terminar, el Director General de CEJUEGO expresaba que las medidas relativas a las distancias son “efectistas más que efectivas”, y añadía la necesidad de incluir unas medidas sancionatorias acordes a la realidad, “ecuánimes y justas”.
El Secretario General de ANESAR Juan Lacarra, por su parte, comentaba sobre esta reforma que “es necesaria y oportuna”, pero que se debe “regular y no prohibir”, pues nos encontramos ante una ley “en exceso reglamentista” que lo que hace es impedir “crecer a un Sector, imposibilitando ya no sólo publicidad sino cualquier cuestión promocional de nuestra actividad, siendo esta una actividad legal”.
Lacarra añadía que el hecho de que se haya incrementado la distancia en esta nueva versión también con respecto a las unidades de salud mental, estableciéndose en 500 metros, al igual que con los centros de enseñanza, hace que se imposibilite el trasladar los establecimientos de Juego dentro del mismo municipio: “si debemos respetar las restricciones que nos impone la propia ley, y no encontraremos ningún sitio que sea mínimamente rentable, es por ello que en las alegaciones planteábamos que se permita un único traslado con las condiciones que existían en el momento de concederse la autorización”.
El Secretario General de ANESAR solicitaba a su vez que se valorase hacer las autorizaciones indefinidas, para no depender de los consecuentes cambios políticos. “con esto no se está pidiendo blindar las autorizaciones, pues siempre queda la posibilidad de aplicar medidas cautelares en caso de que se produzca algún tipo de incumplimiento grave a la normativa”.
Hubo tiempo también para hablar sobre las sanciones, indicando que las sanciones deberían quedar como estaban; las horquillas son amplias y el instructor de los procedimientos sancionadores tiene un amplio margen al respecto”, ya que la subida de esta cuantía “supondrá llevar al cierre de los salones de Juego que por alguna circunstancia cometan algún tipo de infracción”.
Era el turno del El Director Adjunto de Juego de la ONCE, Patricio Cárceles, quien se ceñía al guión en su interlocución dando únicamente datos bondadosos acerca de la ONCE y añadiendo cumplidos que rozaban lo empalagoso hacia la Administración cántabra, hablando por ejemplo durante la mayor parte de su tiempo sobre la inversión de la ONCE en obras sociales, el número de trabajadores con discapacidad, porcentaje de inclusión, valores de igualdad y paridad, ayuda a los menores, o incluso sobre los perros guías de la Organización.
Un discurso enfocado en la demagogia que culminaba con una “pequeña solicitud”: “nuestra propuesta es modificar el apartado 2 del artículo 17, que regula las autorizaciones en materia de juego: proponemos añadir que se deje claro que se refiere en ese punto a los juegos de la Reserva Estatal de la Lotería. […] Sé que es un matiz meramente técnico, que podríamos haber hecho llegar de otra forma, pero para nosotros era un honor poder comparecer hoy aquí y explicarlo directamente”.
Una petición sobre la cual el propio Alejandro Landaluce, en su turno de réplica, comentaba que Loterías y la ONCE están exentas siempre y cuando se realice en sus establecimientos, en su red primaria y en su red secundaria. Pero “el que alguien les pida una autorización para saber lo que van a poner en un bar o en un colegio, pues está bien. ¿Qué luego les quieren dar la autorización? Se la dan, como hacen con nosotros. Lo hemos luchado en muchos sitios, y en muchos nos han dado la razón, como por ejemplo en Extremadura. Si la propia Ley del Juego les dice que tienen esa competencia, y lo único que piden es la autorización, pídanla. Pero me extraña que se luche por quitar esa competencia”.
Landaluce también argumentaba en su segunda vuelta que el estudio sobre el Plan Nacional de Drogas del 2019 indica que la prevalencia del Juego presencial en el último año en la población de 15 a 64 años, que ha realizado un posible Juego Problemático, “dentro de las personas que tienen un problema con el Juego, lo que más juegan es a loterías, primitivas y bonoloto, con un 81,9%. En segundo lugar loterías instantáneas como Rascas con un 50,1%, la tercera las quinielas, con un 21,9% y ya en cuarta posición las apuestas con un 17,5%”.
El Director General de CEJUEGO diferenciaba a su vez entre el Juego legal e ilegal para hablar del Juego online, manifestando que en el Juego legal es imposible que un menor pueda jugar de manera online, mientras que en una plataforma ilegal, sí sería posible, y es por ello que es tan importante que el Juego se regule de una manera plausible y sostenida, eliminando de esta forma esa posibilidad.
Juan Lacarra utilizaba su tiempo de réplica para contestar a las preguntas de los diferentes diputados dentro de la Comisión, como la relativa a la sanción del menor en caso de entrar en un local de juego: “Puede parecer duro pero como medida disuasoria está funcionando, como en Navarra o el País Vasco, aunque los menores apenas intentan entrar”, e indicaba la importancia de los proyectos de concienciación y prevención tales como el Proyecto FES, “porque cuanto más informados estén nuestros potenciales clientes, también es bueno para nosotros”, y recuerda que desde este punto de vista, desde ANESAR también se ha dado formación para sus empleados: “llevamos realizándolo desde 2018, y ahora en este 2022 hemos puesto en marcha otro programa formativo para empleados con un curso de atención al cliente y otro de competencias en Juego Responsable. Un curso elaborado por la Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación y alabado por el Gobierno Vasco”.
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