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Interesante Artículo de Opinión de Eduardo Morales Hermo

La Industria del Juego – La que nos está viniendo encima – más de lo que parece!!!

Eduardo Morales Hermo

La industria necesita prepararse para lo que está siendo y puede ser peor; una “inevitable” revisión restrictiva de la normativa y reglas del juego.

Es hora de hacer una llamada al sector, a la industria en su conjunto, para comenzar los preparativos para lo que todo parece que ahora será una revisión “inevitable” de la legislación nacional, pasando por las normativas regionales y que va a ser trasversal afectando al presencial y el digital. No quepa la menor duda que tendrá lugar el efecto dominó.

Esta corriente no es exclusivamente algo que se está experimentando en España; el Reino Unido, lleva un tiempo capeando diversas medidas restrictivas en el sector presencial y digital, y los partidos políticos han incluido medidas adicionales en sus manifiestos para las elecciones que se celebrarán el 12 de Diciembre; Italia también ha llevado implantado desde 2017 medidas restrictivas y punitivas (incremento de la fiscalidad de el sector presencial a las máquinas equivalentes a nuestras Tipo B y aquellas instaladas en salas de juego y bingos de mayor rango de precio de partida y premio, reduciendo el número de máquinas B instaladas en más de un tercio; además de prohibir la publicidad del juego online; Alemania ha reducido a la mitad su parque de máquinas instaladas en establecimientos presenciales, bares y salas de juego, además de casi prohibir la publicidad de juego en general; otros países enfocan sus medidas sobre el juego online como Bélgica y su restricción de publicidad; Suecia también ha reducido el alcance de la publicidad de juego de ambos canales; y podríamos continuar con otros países pero estas referencias son una muestra de la tendencia que se está estableciendo respecto de las actividades de juego.

Consecuencias, que los que toman las medidas no han calibrado adecuadamente:

  • Incremento del traslado de la actividad regulada al mercado ilegal.
  • Incremento de la inseguridad y falta de garantías para los consumidores.
  • Incremento del impacto del juego en personas vulnerables, a falta de un juego responsable en aquellas actividades ilegales.
  • Competencia desleal y daños sobre la industria regulada que actúa con base legal.
  • Consecuentemente, menores ingresos fiscales al trasladar demanda y oferta a una oferta incontrolada y carente de fiscalidad.

El origen de las actividades de juego viene de una actividad prohibida casi con carácter general, y los distintos estados deciden su regulación con el objeto de llevar a la normalidad lo que es una actividad lúdica y que demandan los consumidores. Estos, en ausencia de una oferta regulada y con garantías, se van hacia la oferta ilegal no controlada que simplemente trata de ofrecer lo que busca la demanda.

En aquellos países donde las restricciones son muy altas; caso de los Estados Unidos y la prohibición del juego online mediante el Wire Act de 2006, la actividad de juego online ilegal se estima en unos ingresos brutos por encima de los US$4 mil millones de dólares; algo que prevalece a pesar de la reciente apertura de la regulación de las apuestas deportivas en presencial y móvil que ya han incorporado más de 12 Estados. En países asiáticos pasa otro tanto con la oferta de juego online no regulada; Singapur, Malasia por ejemplo tienen una actividad de juego y apuestas online totalmente ilegal que alimenta miles de empresas “offshore” ubicadas en distintos territorios ad hoc, y otras muy conocidas que todavía obtienen una gran parte si no la mayoría de sus ingresos de la demanda no regulada.

Por lo tanto, cualquier medida restrictiva o prohibicionista respecto de una actividad para la que existe una demanda, lleva esta a la oferta que acude a satisfacer esta demanda.

Esa es la razón por la que EE.UU. y Asia son los paraísos “fiscales” y de ilegalidad del sector del juego digital, con los consiguientes efectos negativos para los consumidores y una evidente falta del control anti blanqueo de la actividad económica.

El juego es una actividad del segmento de entretenimiento, completamente licita, y que cuando está bien regulada – caso de España – tiene todas las garantías para los consumidores y sus flujos económicos están perfectamente controlados por la administración, tanto en cumplimiento de las reglas de juego, protección del consumidor, en su vertiente económica y social, como la obtención de los ingresos fiscales naturales de la actividad.

España: Los principales partidos políticos españoles ya establecieron planes para cambios en las leyes de juego en sus manifiestos durante las últimas elecciones y el “programa” firmado por los dos partidos que “pretenden” gobernar el país, tiene una dedicatoria especifica relativa al juego.

Las “podemitas” están comprometidas con una revisión de la Ley de Juego (¿) sin saber las implicaciones de competencias; inclusive VOX también acaba de hacer manifestaciones similares al respecto, y los socialistas como no podrían ser menos han “prometido·” que introducirían modificaciones a las normativas de juego o enmiendas a las existentes, sin especificar segmentos o canales.

No importa la ideología, parece que todos han incluido en sus objetivos tomar medidas restrictivas, o peores, respecto de la actividad del juego con la excusa de proteger a los consumidores, todo ello careciendo de los datos reales, ejemplos comparados y mucho menos de las consecuencias de medidas que solo buscan un impacto populista, algo que como poco podría calificarse de irresponsable.

Todo esto nos lleva a que una revisión de la legislación sobre juegos de azar ahora es inevitable, sea cual sea la composición del próximo gobierno y teniendo en cuenta que las competencias del presencial están en manos de las CCAA.

CCAA como Madrid, Valencia, Canarias, Asturias, Cataluña, entre otras están anunciando medidas restrictivas, en particular contra las casas de apuestas – cuando en muchas de ellas se pueden instalar por no estar reglamentadas, y sin el más mínimo análisis del impacto real de una actividad que con mucho es la más modesta en cuando a cantidades medias jugadas por sesión por los consumidores. Pero estas medidas populares “venden” aunque detrás solo hay humo.

El análisis de la normativa existente que emana de las primeras normas y reglamentos del 1978, es que en general, tenemos una normativa muy superior a otros países vecinos, tanto en presencial como el digital – esta última de nuevo cuño desde su elaboración en 2011 -, y que si bien todo es mejorable y siempre es necesario ir evolucionando para adaptarse a los tiempos y corregir cualquier disfunción, no hay razón para la alarma que se está utilizando para determinar la necesidad de cambios restrictivos sustanciales.

El cumplimiento de unas normativas que ya son “muy exigentes” en cuanto a la operativa, y que tienen un control muy alto, con resultados excelentes en cuanto al comportamiento de los operadores de la industria como puede verse por los datos de la aplicación del régimen sancionador por incumplimiento que aportan en sus informes las CCAA y la DGOJ, que para si quisieran otras actividades industriales o comerciales.

La industria que es la mejor conocedora de la idoneidad y efectos y posibles defectos de la normativa debería considerar esto como una oportunidad para reestablecer la narrativa sobre el juego en España, pero esto requerirá un enfoque diferente de todo lo anteriormente hecho, siendo no menos importante el posicionamiento univoco de la industria misma. Esto va a suceder, y tenemos que estar preparándonos para eso ahora.

Es necesario establecer una advertencia para todo el sector del que no se escapan los operadores de máquinas en bares, debiendo asegurarse de que no se conviertan en una consideración secundaria en el discurso político.

Una voz común para el sector nunca ha sido más relevante y necesaria. Necesitamos examinar las formas en que los diversos segmentos, apuestas y verticales de juego pueden colaborar, al menos en los asuntos más importantes como la investigación y provisión empírica de datos y factores de la industria para ayudar a informar el debate.

Si bien es probable que los cambios de las distintas leyes – nacional o regionales – actuales no se pongan en marcha durante varios meses, la industria debe comenzar a planificar ahora para estar completamente preparados y aportar sus argumentos al debate.

Por lo tanto, y aunque podría pasar algún tiempo antes de que veamos algún movimiento real, creo que es esencial que comencemos el proceso inmediatamente a la vista de lo que ya se conocen como intenciones de modificar, prohibir y hacer cosas con las distintas normativas por los distintos particos de gobierno local, regional y nacional.

La industria debe exigir una normativa diseñada para poder adaptarse al cambio tecnológico. Estas intenciones expresadas a numerosas normativas regionales y nacional de los años recientes, nunca se materializaron porque la narrativa negativa acabó con el apetito político.

Es más que evidente que, como en todas las demás industrias y productos, la tecnología es una aliada de la evolución de la oferta que no tiene freno y que se mueve cada día a mayor velocidad, afectando tanto a la oferta presencial como a la digital, por lo que las regulaciones deben dejar libertad a esta evolución natural sin perder la tutela y garantizar la protección a consumidores y empresarios en el consumo y la oferta del producto.

Todos principales partidos están ahora en la misma línea, aunque con distintos formatos de discurso y medidas, lo que hace que el cambio sea inevitable sea cual sea el resultado del nuevo gobierno, quien quiera que esté en él, y es el momento de que la industria tenga bien claro cuáles son las consecuencias de medidas que trasladen la demanda y oferta fuera de la legalidad, y hacerlas llegar a los responsables de la regulación, con el objetivo de que ésta respete el equilibrio entre el legítimo derecho a ejercer una actividad lícita como que el consumidor tenga las garantías y protección necesarias que eviten cualquier perjuicio económico o social.

Hemos de acabar con los tópicos de que el juego es “un gran negocio” y que siempre ganan los mismos; acabar con el tópico del oscurantismo, cuando se trata de una actividad totalmente regulada y controlada económicamente; y que dejen de compararla con el tabaco o la bebida, porque si se ofrecen los datos, éstos no resisten la comparación, para empezar cuando se trata de una actividad en la que participan un mínimo porcentaje de consumidores comparados con aquellos del tabaco y el alcohol, y no digamos las consecuencias derivadas del uso abusivo de unos y otros productos, solamente hay que aportar los datos empíricos para desmontar estas falacias.

Llegado a este punto, el juego no debe distinguirse por el canal que lleva la oferta al consumidor, porque es igualmente juego tanto el presencial como el que se ofrece por canales digitales, y es un grave error que, bien sea por el canal de oferta o el segmento o vertical de producto, se establecen distingos en cuanto a su idoneidad, utilizando para la defensa la denostación de los que no son propios de la institución que lleva a cabo las acciones de defensa de la actividad.

Esta es una oportunidad para comenzar de nuevo un planteamiento univoco de la industria y debemos acometerla bien, porque no debe haber margen de error, ya que nos jugamos mucho en los meses venideros.

Eduardo Morales Hermo

1 diciembre 2019

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