Tras el cierre de GambleAware y la llegada de la tasa obligatoria
La Gambling Commission enviará todos los fondos de sus acuerdos por infracciones al Tesoro Público
AZARplus
La Gambling Commission del Reino Unido ha decidido que todo el dinero procedente de los acuerdos regulatorios alcanzados con operadores que cometen infracciones pasará a ingresar directamente en el Fondo Consolidado del Estado, es decir, en las arcas públicas británicas. La medida entra en vigor de forma inmediata y equipara el tratamiento de estos pagos al de las multas económicas previstas en la Ley del Juego de 2005.
Hasta ahora, estos fondos se destinaban habitualmente a financiar proyectos relacionados con la investigación, prevención y tratamiento de los daños asociados al Juego, principalmente a través de GambleAware. Sin embargo, la desaparición de esta organización el pasado 31 de marzo y la implantación de la nueva tasa legal obligatoria han llevado al regulador a cambiar el sistema.
Desde abril de 2025, todos los operadores autorizados en Reino Unido abonan una tasa obligatoria que recauda alrededor de 100 millones de libras al año para financiar programas de investigación, prevención y tratamiento. Según la Gambling Commission, este nuevo mecanismo hace innecesario seguir utilizando los acuerdos regulatorios como fuente adicional de financiación para estos fines.
La decisión llega después de una consulta pública de ocho semanas en la que participaron distintos organismos y entidades. Aunque la mayoría de las organizaciones benéficas y del tercer sector se mostraron contrarias al cambio por temor a que ese dinero deje de destinarse a estas causas, el regulador ha mantenido su propuesta.
La Comisión argumenta que su función es supervisar y regular el Sector, no gestionar fondos destinados a programas sociales. Además, considera que los importes obtenidos mediante estos acuerdos son demasiado variables e imprevisibles para financiar proyectos estables a largo plazo, una tarea que ahora corresponde al sistema financiado mediante la tasa legal.
El regulador también rechaza que el cambio reduzca el efecto disuasorio de las sanciones. A su juicio, ese efecto no depende del destino del dinero, sino del coste económico que asume el operador infractor y de la repercusión pública que tiene la infracción.
A partir de ahora, todos los acuerdos regulatorios que se formalicen ingresarán directamente en el Tesoro británico. Será el Gobierno quien decida posteriormente el destino final de esos recursos, que podrán emplearse tanto para políticas relacionadas con el Juego como para cualquier otra prioridad de gasto público.
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