La factura electrónica B2B será obligatoria y busca acortar los plazos de pago en España

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que obligará al uso de la factura electrónica en las operaciones entre empresas y profesionales, el conocido sistema B2B, con el objetivo de reducir la morosidad y reforzar el control sobre los pagos en el tejido empresarial español. La medida incide especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que contarán con mayor visibilidad sobre el estado de sus facturas y, previsiblemente, una mejora en los plazos de cobro.

España arrastra uno de los periodos medios de pago más elevados de la Unión Europea, en torno a los 80 días, por encima del límite legal de 60. Con el nuevo sistema, cada factura deberá registrar electrónicamente su emisión, aceptación y pago efectivo, lo que permitirá tanto a las empresas como a la Administración supervisar el cumplimiento de los plazos y detectar retrasos. Este seguimiento completo del ciclo de facturación se plantea como una herramienta clave para corregir una situación en la que, según datos comunitarios, solo una minoría de grandes compañías cumple puntualmente con sus obligaciones.

El decreto define la factura electrónica como un fichero estructurado de lectura automatizada, dejando atrás formatos como el papel o el PDF. Las empresas podrán intercambiar estos documentos a través de plataformas privadas (obligadas a estar interconectadas) o mediante una solución pública gratuita que desarrollará la Agencia Tributaria, accesible también para autónomos con bajo volumen de facturación.

La implantación será progresiva: las empresas con más de 8 millones de euros de facturación dispondrán de un año para adaptarse, mientras que el resto contará con dos, a partir de la publicación de la orden ministerial que regulará los aspectos técnicos, prevista antes del 1 de julio de 2026.

Actualmente, en España ya se intercambian más de 550 millones de facturas electrónicas al año, con ahorros estimados superiores a 2.700 millones de euros. A futuro, y tomando como referencia el modelo italiano, el volumen podría alcanzar los 2.000 millones de facturas anuales, con un impacto económico que superaría los 8.000 millones.

Este desarrollo normativo se enmarca en la Ley Crea y Crece y avanza en paralelo a otras iniciativas como Verifactu, centrada en el control del fraude fiscal, aunque ambas responden a objetivos distintos dentro de la estrategia de digitalización de la economía.