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Según reza la respuesta escrita ofrecida por el Gobierno a las preguntas realizadas por parte del Grupo Popular (GP) en las que se interesan por el incremento del Juego Online anunciado por el Ministro de Consumo en dicho periodo

La DGOJ afirma que “NO tiene datos sobre los casos diagnosticados de ludopatía durante el Estado de Alarma por el Covid-19”

AZARplus

En esta información nos hacemos eco de la escueta y, al mismo tiempo, reveladora respuesta que ha ofrecido el Gobierno por escrito, a las preguntas sobre los casos diagnosticados en relación al Juego Problemático durante el periodo del Estado de Alarma motivado por la crisis sanitaria del Covid-19, realizadas por parte del Grupo Popular (GP). Todo un ejemplo de vacuidad e incoherencia que vamos a analizar a continuación.

“La Dirección General de Ordenación del Juego no tiene datos sobre los casos diagnosticados de ludopatía durante el estado de alarma por el COVID-19”. Tal fue la respuesta, literalmente, a la pregunta formulada por María del Carmen Ríolobos Regadera, Diputada por Toledo, Elena Castillo López, Diputada por Cantabria y José Ignacio Echániz Salgado, Diputado por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, quienes se interesan por el incremento del Juego Online anunciado por el Ministro de Consumo durante el Estado de Alarma por el Covid-19. Concretamente, las tres preguntas señalan si “se ha detectado incremento de casos diagnosticados de ludopatia”, así como “cuántos de ellos entre los jovenes menores de 25 años” “entre los menores de edad”. La respuesta del Gobierno, insistimos, fue: “La Dirección General de Ordenación del Juego no tiene datos sobre los casos diagnosticados de ludopatía durante el estado de alarma por el COVID-19”

Una respuesta significativa, sin duda, precisamente por su incoherencia si tenemos en cuenta la restrictiva política llevada a cabo por el Ministerio de Consumo, tratándose, como se trata, de una cuestión tan importante, clave, a la hora de argumentar o intentar justificar las medidas restrictivas en relación al Juego Online. Así pues, resulta sorprendente, a la par que escandaloso, que no se cuenten con este tipo de datos, tan fundamentales para ayudar a tomar decisiones sensatas, basadas realmente en datos que justifiquen o, al menos, apoyen y motiven una u otra decisión cuando se plantean e implantan restricciones a nivel normativo.

Así las cosas, por un lado, cabe preguntarse si no se está regulando en base a suposiciones sin contrastar o, lo que es aún peor, si no se está demostrando un nulo interés en recabar información rigurosa que permita legislar adecuadamente, siempre en función de la realidad.

Recordemos, sin ir más lejos, que el Real Decreto Ley 11/2020, sobre nuevas medidas urgentes para hacer frente al Covid 19, que incluía restricciones publicitarias al Juego Online, en cuya Exposición de Motivos se argumentaba que se pretendía evitar la intensificación del consumo de Juegos de Azar en línea que “pueden derivar en conductas de consumo compulsivo o incluso patológico”. Una probabilidad que, como es lógico y obvio, debe estudiarse, seguirse de forma seria para obtener datos, información fiable, en suma, que realmente resulte valiosa para no errar, corregir posibles errores y no caer en ellos en el futuro. En definitiva, para entender en qué contexto nos encontramos.

De otro modo, si carecemos de datos, recordemos que la DJOG depende del propio Ministerio de Consumo, tanto antes como después, las decisiones políticas difícilmente pueden justificarse de forma mínimamente. Por contra, lo que obtenemos es esta esclarecedora respuesta por parte del Gobierno o, concretamente, del propio Ministerio de Consumo, el mismo desde el que, llegado el momento, se restringió sin contemplaciones la publicidad del Juego Online.

De cara al futuro, decir que la DGOJ “no tiene datos” cuando se le pregunta al respecto resulta una absoluta irresponsabilidad, teniendo en cuenta las alarmistas declaraciones de Garzón en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado celebrada en la mañana del viernes día 26 de junio, sobre la que también informamos ampliamente hoy en AZARplus. ¿Cómo si no podemos definirlas, si hace afirmaciones sin basarse en datos oficiales de su propia Dirección General de Ordenación del Juego, sin buscarlos siquiera, tal y como revela la escueta respuesta? ¿O acaso hemos de entender sus afirmaciones como razonables, cuando no se basan en nada concreto?

En su discurso, Garzón también señala que el Sector es complejo, y no tener datos al respecto sorprende todavía más si se tiene conciencia de tal complejidad y de sus requerimientos para abordarla. Una complejidad que, sin embargo, no solo significa que haya diversidad entre sus diferentes actores o segmentos, tal y como señala, ni tan siquiera que haya una diferenciación competencial a nivel estatal o autonómico, sino también, y sobre todo, que se precisa de un profundo conocimiento de sus dinámicas y de la materia en sí para que las políticas vayan más allá de acabar siendo simples ecos de alarmismos sociales.

Otro de los aspectos a subrayar es la falta de consistencia que llevó a “la determinación de tener que acotar de forma estricta a través de un Real Decreto Ley y del artículo 37 correspondiente la prohibición de la publicidad”, dijo Garzón durante su intervención en el Senado. Abundó al respecto manifestando que fueron “medidas extraordinarias” con las que “se producía un apagón total”. Una excepcionalidad que Garzón apoya, -entre otras cuestiones inespecíficas, ajenas al núcleo de la cuestión-, en que “Marzo ha sido en términos históricos donde se ha producido el consumo más extraordinario de TV en nuestro país”, además de apuntar que “puede ser paradójico, pero las estadísticas confirman que el juego online se incrementó durante el estado de alarma a pesar de que como las competiciones deportivas habían cesado las apuestas deportivas habían descendido de forma prácticamente total, y la oferta de juego se desplazó otros tipos como el póquer, el bingo, el casino, en definitiva otra tipología de juego pero que en última instancia está sujeto a las mismas características. Por la misma razón postergamos hasta la Fase 3 la reapertura de los locales de apuestas y todas estas medidas han sido a nuestro juicio satisfactorias”, dijo Garzón. Es decir, y esto es muy grabe, que la postergación de la reactivación del Sector Presencial de Juego no se basó en criterios sanitarios, se basó en la corazonada de que podría verse aumentado el consumo de una actividad legal, regulada y cuya misión es ofrecer Ocio y Entretenimiento de calidad. Todo un despropósito que ya denunció con razón la Patronal de Juego: “CEJUEGO critica la demora en la reapertura de los Locales de Juego a la Fase 3: “la DESESCALADA debería seguir PATRONES SANITARIOS y NO de ACTIVIDAD”.

“Por la misma razón postergamos hasta la Fase 3 la reapertura de los locales de apuestas y todas estas medidas han sido a nuestro juicio satisfactorias”

En definitiva y a la luz de estas declaraciones, y de la falta de datos, cabe concluir que se daba por hecho que el aumento del Juego Problemático podía ser una de las consecuencias negativas del confinamiento. Sin aportarse datos, por lo tanto, que pudieran apoyar de forma consistente la decisión de la restricción publicitaria, y desoyendo las advertencias de que tal restricción potenciaría el Juego Ilegal, como finalmente ha ocurrido. Y sin recabarse ni aportarse tampoco ahora, avanzándose ahora, para mayor gravedad, que la próxima aprobación del Proyecto de Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego tendrá un carácter restrictivo similar.

Por otra parte, resulta inconcebible que se establezca una relación entre Salud Pública y Juego, tal y como ocurrió a la hora de plantear estas restricciones, así como también planteó el Ministro Alberto Garzón en su comparecencia, sin apoyar esta visión y las decisiones que se deriven de ella en datos oficiales que permitan justificar ls posible necesidad de medidas restrictivas y prohibitivas. No siendo así, solo caba concluir que la ausencia de datos oficiales del Gobierno, lejos de apoyar la necesidad de medidas restrictivas y prohibitivas como las que se han tomado y se pretenden tomar, más bien hablan de un alarmismo y falta de rigor que asustan.

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