La Comisión de Juego británica refuerza su régimen de sanciones con un nuevo enfoque basado en “la gravedad de las infracciones”

La Comisión del Juego del Reino Unido ha anunciado una reforma integral de su sistema para imponer sanciones económicas, con el objetivo de “mejorar la transparencia, la proporcionalidad y la eficacia” en la aplicación de la normativa. Los cambios, que entrarán en vigor el próximo 10 de octubre, son fruto de una consulta pública que se extendió entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, y en la que participaron 29 organizaciones del Sector.

A partir de esa fecha, el cálculo de las sanciones seguirá un proceso estructurado de siete pasos, que incluye la introducción de cinco niveles de gravedad para clasificar las infracciones. En función de esa clasificación y del rendimiento bruto del Juego o ingresos equivalentes generados durante el periodo de la infracción, se determinará el punto de partida del componente penal de la sanción. Para los casos más graves, las multas podrían alcanzar hasta el 15% del GGY, o incluso superarlo en situaciones excepcionales.

La Comisión también aplicará ajustes por factores agravantes o atenuantes, elementos disuasorios y resolución anticipada. Además, se separará cualquier elemento de “devolución” incluido en la sanción, que responda a ganancias indebidas o perjuicios a los consumidores.

John Pierce, director de Cumplimiento e Inteligencia de la Gambling Commission, afirma: “Estamos realizando cambios para reforzar la transparencia y la coherencia de la forma en que imponemos las sanciones económicas. Estas propuestas han sido objeto de amplias consultas y se han tenido en cuenta las opiniones compartidas por todas las partes interesadas». Pierce subrayó que el nuevo enfoque «fomentará el cumplimiento lo antes posible, apoyando la protección de los consumidores junto con resultados justos y proporcionados para los operadores”.

El nuevo marco incluye también disposiciones especiales para las loterías sociales, organizaciones benéficas y titulares de licencias personales, cuyas sanciones no se calcularán en base al GGY, sino mediante fórmulas alternativas adaptadas a la propia empresa.