La Comisión de Adicciones aprueba revisar la autoprohibición y equiparar la inversión en prevención y promoción del Juego

La Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones ha aprobado dos Proposiciones No de Ley impulsadas por el Partido Popular centradas en la “prevención y tratamiento de la ludopatía online” y en la ampliación del sistema de autoprohibición. Ambas iniciativas salieron adelante gracias a los votos favorables del PP y a la abstención de PSOE, Sumar y Vox.

La primera PNL puso el foco en la “prevención de la ludopatía asociada al Juego online” y en lo que los populares califican como una incoherencia estructural del Estado, que combina un discurso restrictivo hacia el Juego privado con una fuerte inversión pública en la promoción de su propia oferta. La viceportavoz del PP en la Comisión, Elena Castillo, fue especialmente crítica al recordar que “es el propio Estado quien destina decenas de millones de euros a promocionar el Juego. Solamente en el último año contemplaban en el presupuesto 109,6 millones de euros, más concretamente 61,2 millones de euros desde el Ministerio de Hacienda para promocionar el Juego”. A su juicio, esta política lanza un mensaje “contradictorio y doloroso”, al tiempo que debilita cualquier estrategia preventiva. “Si hay dinero para publicitar, debe haber dinero para proteger”, subrayó.

Castillo defendió que “no se puede hablar de prevención, ni combatir una adicción, si se promociona activamente”, y reclamó al Ejecutivo “presupuesto, medidas vinculantes, evaluación real y prioridades claras”. En su intervención alertó además del impacto del entorno digital, y advirtió de que las instituciones “miran para otro lado mientras el Juego se cuela en el móvil”, haciendo también referencia a las loot boxes en videojuegos.

La Comisión aprobó la PNL, que insta al Gobierno a igualar o superar la inversión en prevención respecto a la destinada a la promoción del Juego, a impulsar un estudio científico exhaustivo sobre el trastorno por Juego desde una perspectiva neurológica, psicológica y social, y a poner en marcha campañas de concienciación dirigidas especialmente a adolescentes, familias y comunidades educativas. La iniciativa también plantea reforzar la formación de profesionales sanitarios y educativos y fomentar la colaboración interministerial y con las comunidades autónomas y entidades especializadas. Ahora toca esperar si, realmente, el Gobierno realmente invertirá la misma cifra que maneja en inversión, en políticas de prevención… Algo nos dice que deberíamos esperar sentados.

El segundo eje del debate giró en torno al Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego y a la duración mínima de la autoprohibición voluntaria. La PNL aprobada insta al Ejecutivo a modificar la normativa para ampliar de seis meses a un año el plazo mínimo de permanencia en el registro, atendiendo a criterios clínicos y al consenso con asociaciones especializadas en el tratamiento de las adicciones. En defensa de la propuesta, la diputada del PP Lourdes Ramírez sostuvo que la medida es “sensata, proporcionada y necesaria” y que no invade competencias ni impone tratamientos, sino que “refuerza una herramienta preventiva para que cumpla, de verdad, su función protectora”. A su juicio, los seis meses actuales “no se corresponden con los tiempos reales de recuperación y supone una salida prematura del sistema”, con el consiguiente riesgo de recaída. “Se trata de impedir que la recuperación se rompa por una decisión administrativa tomada demasiado pronto”, afirmó.

Desde el PSOE, la diputada Olvido de la Rosa justificó la abstención de su grupo defendiendo el modelo actual de seis meses prorrogables y advirtiendo de que un sistema más rígido podría generar “efectos contraproducentes”, como la sensación de pérdida de control o el desplazamiento hacia el Juego ilegal. También rechazó la introducción de evaluaciones psicológicas obligatorias como requisito para salir del registro, al considerar que podría vulnerar la autonomía personal de los inscritos.

Vox, por su parte, centró su crítica en la falta de un sistema único y plenamente interconectado. Su portavoz, Fernández Ríos, alertó de que la existencia de al menos 17 registros autonómicos distintos, muchos sin conexión efectiva entre sí, “constituye una disfunción del sistema” que vacía de contenido cualquier medida protectora.