La Audiencia Nacional cierra definitivamente la causa sobre la reestructuración de Codere

La Audiencia Nacional ha cerrado definitivamente la vía penal impulsada por un grupo de accionistas contra la antigua cúpula de Codere por la reestructuración acometida en 2021. La Sala de lo Penal ha confirmado la inadmisión acordada previamente por el juzgado central de instrucción al considerar que el órgano judicial carece de competencia para investigar los hechos denunciados, poniendo fin al recorrido judicial.

El auto respalda la decisión inicial y descarta entrar a analizar el fondo de las acusaciones planteadas por cerca de medio centenar de inversores minoritarios. Estos dirigieron su denuncia contra el consejo de administración del antiguo holding Codere S.A., responsable de la operación que supuso la transferencia del control del grupo a sus acreedores. En concreto, señalaban al entonces presidente Norman Sorensen y a los exconsejeros Anthony Reganato, Paul Lavelle, Charles Turner y Carlos Villaseca.

La denuncia también se extendía a la propia Codere S.A., posteriormente liquidada en el marco de la reestructuración, así como a Codere New Topco, que pasó a concentrar el negocio operativo, y a Codere Online Luxembourg.

Los denunciantes atribuían a los señalados presuntos delitos de falsedad contable, administración desleal, adopción de acuerdos sociales abusivos o fraudulentos, así como infracciones relacionadas con el mercado y con la Hacienda Pública. Sin embargo, la Sala concluye que los hechos descritos no encajan en los supuestos que habilitan la actuación de la Audiencia Nacional. El tribunal sostiene que no se aprecia una afectación grave a la seguridad del tráfico mercantil ni a la economía nacional, ni un perjuicio generalizado que justifique su intervención, y tampoco considera acreditado que los hechos se produjeran íntegramente fuera de España, pese a la domiciliación en Luxemburgo de parte de la estructura societaria.

Además, la resolución rechaza investigar al liquidador de Codere S.A. El auto es firme y no admite recurso, lo que cierra definitivamente esta vía.

La decisión de la Audiencia Nacional pone fin al intento de trasladar este conflicto al ámbito penal en dicho tribunal, mientras el grupo continúa su actividad bajo la estructura resultante de aquella reestructuración.