El Secretario General de ANESAR asistía en calidad de experto al Parlamento de Cantabria donde tuvo la oportunidad de expresar su opinión en relación a la Regulación del Juego de la Comunidad.
Juan Lacarra: “Esta ley es en exceso reglamentista”
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El Secretario General de ANESAR iniciaba su intervención señalando que Cantabria cuenta con un número de salones de Juego “que está ligeramente por debajo de la media nacional”, cuya distribución está principalmente en el núcleo urbano de Santander, así como en poblaciones mayores de 10.000 habitantes.
Lacarra indicaba dos grandes cambios desde la aparición de la Ley del Juego de Cantabria en el 2006, que son la aparición de las apuestas deportivas, y la irrupción del Juego online: “dos modalidades que han venido aparejadas de una intensísima publicidad, que ha dado mucha notoriedad a nuestra actividad”. En lo que respecta a la reforma de dicha Ley, el Secretario General de ANESAR indicaba que “es necesaria y oportuna” dado que ha habido cambios, “y la ley debe adaptarse a estos cambios”, pero manifestando que “una de las claves de esta norma es regular y no prohibir”
Juan Lacarra comentaba diferentes aspectos sobre esta Ley que era necesario abordar. Lo primero que anotaba era que “esta ley es en exceso reglamentista”, que contiene diferentes restricciones: “se está impidiendo crecer a un Sector, impidiendo ya no sólo publicidad sino cualquier cuestión promocional de nuestra actividad, siendo esta una actividad legal”.
Remarcaba también durante su comparecencia el hecho de que se haya incrementado la distancia en esta nueva versión también con respecto a las unidades de salud mental, estableciéndose en 500 metros, al igual que a los centros de enseñanza. “la coherencia nos haría alejar otros establecimientos como estancos, bares, supermercados…”, medidas restrictivas con las que, como bien indica el Secretario General, “se está vaciando prácticamente de contenido la posibilidad que permite la misma ley de trasladar los establecimientos de Juego dentro del mismo municipio, si debemos respetar las restricciones que nos impone la propia ley, y no encontraremos ningún sitio que sea mínimamente rentable, es por ello que en las alegaciones planteábamos que se permita un único traslado con las condiciones que existían en el momento de concederse la autorización”.
Asimismo, desde ANESAR también planteaba que se valorase hacer las autorizaciones indefinidas, para no depender de los consecuentes cambios políticos. “con esto no se está pidiendo blindar las autorizaciones, pues siempre queda la posibilidad de aplicar medidas cautelares en caso de que se produzca algún tipo de incumplimiento grave a la normativa”.
Por último, Lacarra reiteraba su parecer respecto al incremento de las sanciones, pues no sólo se incrementa muchísimo en las mínimas de cada tramo, sino que se elimina el artículo 36.3, que permitía modular estas sanciones: “creemos que las sanciones deberían quedar como estaban; las horquillas son amplias y el instructor de los procedimientos sancionadores tiene un amplio margen al respecto”. Lo que no lograba ver como una medida necesaria es que “en el ratio de las muy graves pasen de 10.000 a 30.000 euros y sin la posibilidad de modularse, supondrá llevar al cierre de los salones de Juego que por alguna circunstancia cometan algún tipo de infracción”.
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