Juan Bravo, Consejero de Hacienda y Financiación Europea andaluz, reivindica con firmeza las competencias de Juego de la Junta frente a las injerencias municipales

La pretendida potestad de los Ayuntamientos andaluces para regular la apertura de locales de juego o establecer distancias con los centros educativos fue presentada por el Grupo Socialista en el Pleno del Parlamento de Andalucía el pasado 11 de febrero a través de una pregunta oral, convertida en realidad en un ataque a la defensa del Gobierno autónomo de sus competencias exclusivas en materia juego.

El diputado socialista Fernández Hernández comenzó por afirmar que casi el 20% de los adolescentes de 14 años había entrado alguna vez para apostar en los locales de juego durante 2019, lo que calificó, precisamente en estos tiempos, de epidemia, sosteniendo que lo que estaban haciendo los Ayuntamientos era lo que tenía que hacer la Junta en lugar de prohibírselo al “plegarse a los intereses del juego”.

En su respuesta el Consejero de Hacienda de la Junta Bravo Baena explicó que no se estaba prohibiendo las limitaciones municipales, sino haciendo cumplir la Ley de Juegos y Apuestas que claramente otorga esas competencias al Gobierno andaluz. Y además le recordó a su interlocutor la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de la Comunidad de Valencia tumbando las pretensiones del Gobierno socialista de la región con respecto al mismo tema.

A partir de ahí el debate entró en el terreno puramente político con cruce de reproches sobre las actuaciones del actual Gobierno y del anterior con el PSOE en el poder, lo que le permitió al representante socialista llegar al disparate de acusar al Consejero de “jugar por los intereses de las salas de juego (…) porque a lo mejor le ha llamado Rafael Catalá para que esa sea su postura”.

Reproducimos para nuestros lectores las intervenciones íntegras del diputado socialista y del Consejero de Hacienda por constituir un elemento muy clarificador del desarrollo que está teniendo esta polémica que no afecta solamente a Andalucía.

Fernández  Hernández, diputado socialista: Señor Consejero, casi el 20% de los adolescentes de 14 años había entrado alguna vez para apostar en los locales de juego durante 2019. Eso es una epidemia que está sufriendo Andalucía. Eso es una epidemia que está sufriendo Andalucía. Eso es una epidemia que están sufriendo muchas familias de Andalucía, con la ludopatía y con la integración de los jóvenes…, con la incorporación de los jóvenes al juego. Y eso es lo que han hecho los ayuntamientos cuando han planificado, dentro de sus competencias urbanísticas y del desarrollo de la localización de las actividades económicas de sus ayuntamientos, de sus municipios. Es lo que han hecho, en vez de hacerlo la Junta de Andalucía, que ha vuelto a plegarse a los intereses del juego, frente a los intereses de la población. Por eso mismo es por lo que le preguntamos: ¿cuáles son los motivos por los que el Consejo de Gobierno ha prohibido y ha pedido la derogación, a ayuntamientos como el de Alcalá de Guadaira, de las medidas tomadas para alejar este problema de los jóvenes y de los espacios socioculturales y deportivos?

Bravo Baena, Consejero de Hacienda y Financiación Europea: Doy por hecho, cuando usted hace referencia al año 2019, prácticamente podríamos reproducir los números para el 2018 y 2017, ¿no? Entiendo que a usted le han dejado esta pregunta sin contarle los antecedentes. Yo, con la máxima lealtad, voy a intentar contárselos, ¿de acuerdo? Primero, este Gobierno no está prohibiendo las limitaciones a los municipios; lo que está haciendo es aplicar la Ley de Juegos y Apuestas. ¿Sabe cuándo se aprobó esa ley? En el año 1986. ¿Sabe quiénes la aprobaron? Ustedes. En todo este tiempo, estamos aplicando lo que ustedes aprobaron. En esas tres décadas, ustedes, ni una sola crítica. En el año 2018, todo esto que ahora usted ha expuesto, que yo puedo compartir o no con usted, lo hacemos. Oiga, el artículo 8.2 dice, que el Consejo de Gobierno es al que le corresponde «planificar los juegos y apuestas de la comunidad, estableciendo los criterios en la concesión de autorizaciones, tanto en lo que respecta a la distribución territorial y al número de las mismas, como a las condiciones objetivas para obtenerlas». Y en base a dichas competencias exclusivas, el anterior Gobierno —es decir, el que usted se siente identificado— estableció un régimen de distancias mínimas entre salones o entre salas de bingos. Y si quiere, lo seguimos debatiendo en la segunda parte. Pero fíjese, cuando el Gobierno de España, en el Decreto de Simplificación de la Junta de Andalucía, entendía que había competencias que se estaban invadiendo, lo comunicó; lo mismo que nosotros estamos haciendo, para llevar un respeto de las competencias de cada uno, sin confrontación, intentando llegar a puntos de acuerdo. Muchas gracias.

Fernández Hernández: Consejero, cuando se hacen los hechos políticos, siempre se tiene en consideración quiénes son los beneficiados de esos hechos y quiénes son los perjudicados. Si nos remontamos a esa legislación, en la que teníamos, el 8.2… El 8.2 se hizo precisamente —y en el espíritu del legislador estaba— que se hizo para la evitar la concentración de los puntos de juego. Se hizo precisamente para evitar que se pudieran concentrar en puntos específicos territoriales muchos casinos, muchos salones de juegos, en un ámbito en el que se hablaba del ámbito territorial de Andalucía, y donde se hizo precisamente buscando que no fueran un foco atractivo para el juego, de forma incontrolada. Pero la organización municipal, la organización de las actividades económicas y la voluntad que tienen los ayuntamientos de proteger a los ciudadanos y a los vecinos y las vecinas, eso es lo que usted ha conculcado con su petición. Porque cuando se le pidió informe a la delegación de Hacienda, a la delegación provincial de Hacienda pertinente, no la dio. Porque al ayuntamiento de Alcalá de Guadaira se le reconoce, por la Consejería de Salud, la pertenencia…, o la posibilidad de que ellos pudieran regular eso dentro de sus normas urbanísticas. Usted, lamentablemente, lo que ha hecho es jugar por los intereses de las salas de juegos, por el juego, las apuestas, que son las causantes de tanto, tanto daño que les está haciendo a los andaluces. Eso es lo que ha hecho usted, y a lo mejor porque Rafael Catalá le ha llamado para que esa sea su postura. Muchas gracias.

Bravo Baena: Salvo el análisis ideológico de si Rafael Catalá o tal…, yo, hasta ese punto, creía que usted me estaba dando la razón a lo que yo decía. Porque esto que usted está planteando sería igual para el 2018, y ustedes no lo veían así, puesto que no lo cambiaron. ¿Sabe qué planteamientos hicieron ustedes? Que la distancia en los salones fuera de cien metros. Eso ustedes, no yo, ustedes. ¿Qué plantean los ayuntamientos? Quinientos metros, con relación a determinadas distancias. Oiga, eso va en contra de su norma, de su artículo 8.2 y de la sentencia del Tribunal Supremo que ha tumbado, por ejemplo, lo que ha hecho Valencia. Si ustedes quieren que esto se convierta en un caos, en vez de intentar llevar una normativa de la manera más lógica y coordinada…, porque eso lo ha hecho un Gobierno en socialista en Valencia y se lo ha tumbado el Tribunal Supremo. Nosotros intentamos que eso no se vuelva a producir. Y sabe que aquí ya hemos hecho unas modificaciones, en este Parlamento; se las contamos a ustedes, a todos los partidos, que han hecho situaciones mucho más de lo que ustedes jamás hubieran planteado. Entonces, si lo que hablamos es de una discusión ideológica, yo ahí no voy a competir con usted, jamás. Si de lo que hablamos es de proteger a la gente, a las personas y generar un marco regulatorio adecuado para todo el mundo, ahí ustedes siempre me van a encontrar. Si su propia ley, después de treinta años, no les gusta, tráigala aquí y la modificamos. Muchas gracias.

VER AZARplus DE HOY.- Andalucía limita los accesos a Locales de Juego, la publicidad y las distancias con centros educativos