Jdigital: “La política regulatoria se ha centrado en empeorar indirectamente la experiencia del jugador”

Con la aprobación en el Pleno del Proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela, el Sector vuelve a sentirse arrinconado y aprisionado por una Administración que prefiere regular por medio del relato y sin que exista ningún tipo de interlocución. Por ello, desde AZARplus hemos hablado en exclusiva con el director general de Jdigital, Jorge Hinojosa, quien ha manifestado su profunda preocupación por el procedimiento seguido y por el alcance de la llamada “enmienda intrusa”, que introduce nuevas restricciones al Sector sin haber pasado, como el propio director denuncia, por los trámites que exige una buena regulación.

Hinojosa sostiene que la enmienda implica “nuevas y profundas restricciones en la actividad del juego” y lamenta que no se hubiera tramitado mediante un proyecto de ley propio que garantizase “los trámites de consulta, información pública y emisión de dictámenes consultivos que se requieren para estos casos”, en lugar de recurrir al “atajo de una enmienda intrusa”. El director general insiste en que el Sector esperaba una tramitación adecuada que diera cabida al diálogo técnico y al escrutinio público.

Respecto a la regulación publicitaria, el responsable de la asociación recuerda que siempre han defendido la importancia de mantener un marco coherente en torno a esta materia. A su juicio, la integridad normativa es esencial para garantizar un mercado legal competitivo y protector del consumidor. Por ello considera que lo razonable habría sido concentrar todo el régimen publicitario en una sola norma, el Real Decreto 958/2020, introduciendo allí las modificaciones necesarias. Así, señaló que “lo más razonable hubiera sido mantener todo el marco publicitario en una única norma… en su caso con las modificaciones que el Gobierno considerase oportunas”.

Hinojosa ha subrayado que, desde un enfoque de buena regulación, lo adecuado era incorporar en la ley las habilitaciones que el Tribunal Supremo echó en falta en su sentencia, de modo que el resto del régimen pudiera desarrollarse “de manera conjunta y coherente con el conjunto de la normativa”. En cambio, la inclusión de normas puntuales, “desconectadas unas de otras” y orientadas únicamente a cubrir los artículos anulados, supondrá, según advierte, “una fragmentación del régimen de la publicidad que va a dificultar en el futuro realizar una evaluación adecuada de su eficacia”.

También ha mostrado preocupación por las nuevas obligaciones relativas a los medios de pago nominativos y a los proveedores de software que operan en el mercado del Juego. Hinojosa reitera que todas estas medidas deberían haberse desarrollado con diálogo con el Sector y con los actores afectados, algo que, en su opinión, “se ha visto menoscabado” por el procedimiento elegido.

De igual forma, Jorge Hinojosa ha querido hacer hincapié en el impacto real que la norma puede tener en el equilibrio entre el mercado regulado y el ilegal. El director general ha recordado que, en España y en cualquier jurisdicción regulada, es esencial preservar un nivel mínimo de atractivo para el mercado legal a fin de evitar que los jugadores migren a opciones no autorizadas.

Hinojosa subraya que “cuando ese equilibrio se rompe o se tensiona, aumenta el riesgo de que determinados usuarios opten por alternativas no autorizadas”, lo que implica consecuencias negativas en materia de protección al consumidor.

El director general ha sido especialmente crítico con lo que considera una política regulatoria excesivamente centrada en endurecer la experiencia de Juego legal. Según ha apuntado, Consumo está impulsando una línea normativa “claramente orientada a una intervención cada vez más directa en la experiencia de los jugadores”. Aunque reconoce que los objetivos de protección son compartidos, señala su preocupación sobre que “el grueso de la política regulatoria de los últimos años se haya centrado de forma casi exclusiva en el empeoramiento indirecto de esa experiencia del jugador”. El director general de Jdigital considera que este enfoque “puede tensionar el equilibrio indispensable que debe existir para garantizar que, dentro de un entorno regulado y supervisado, operadores y jugadores mantienen incentivos suficientes para permanecer en el mercado legal”.

Entre las normas que Consumo cuenta en su haber se encuentra el Reglamento de Publicidad, el de entornos de Juego más seguros, el sistema de límite conjunto de depósitos y el mecanismo de detección de comportamientos de riesgo. Para Hinojosa, la acumulación normativa, más allá del enorme impacto operativo que generan, “dificulta que los operadores cuenten con tiempo suficiente para asimilar y desplegar los nuevos requisitos, que pronto son sustituidos por otros adicionales”.

Hinojosa advierte de que esta sucesión de cargas puede “incentivar indirectamente el desplazamiento de algunos jugadores hacia alternativas no autorizadas, justo lo contrario de lo que pretende la Dirección General”. Para la asociación, cualquier medida legislativa debería ir acompañada de mecanismos eficaces de bloqueo del Juego ilegal y de estrategias que refuercen la competitividad del mercado regulado.

Sobre el nuevo algoritmo para la detección precoz del Juego problemático, Hinojosa reconoce que su existencia puede ser positiva y que responde a una necesidad real. Recuerda asimismo que los operadores llevan tiempo desarrollando modelos basados en datos para reforzar la protección del jugador. “Es algo deseable e importante”, afirma, en un sector en el que el entorno online permite mayores capacidades de análisis.

Sin embargo, advierte que la medida no puede analizarse de forma aislada, sino dentro del conjunto de la política regulatoria. El director de Jdigital afirma que el diseño propuesto plantea plantea “muchas dudas sobre su aplicabilidad y su idoneidad, especialmente en relación con varias de las 62 variables propuestas, e incluso sobre la legalidad de algunas de ellas, que no parecen coherentes con la habilitación de desarrollo reglamentario prevista en el propio Real Decreto por el que se desarrollan entornos más seguros de Juego, donde se habla de parámetros o variables de carácter objetivo vinculados a la actividad del usuario”.

Hinojosa recuerda además que el Real Decreto de entornos de Juego más seguros, aprobado hace apenas dos años, ya obligó a los operadores a implantar mecanismos propios de detección que implicaron “inversiones muy significativas”. Por ello ha manfiestado sorpresa ante el hecho de que la DGOJ considere que estos sistemas no son suficientes y proponga sustituirlos por un modelo completamente nuevo.

A su juicio, “el nuevo mecanismo llega demasiado pronto desde la perspectiva de la proporcionalidad regulatoria” y la medida puede resultar “precipitada y no del todo madura en su diseño”. Para el director, si la DGOJ tenía previsto desarrollar un algoritmo propio, “no comprendemos por qué se obligó a los operadores a desarrollar previamente unos mecanismos que ahora deben abandonarse; y, en sentido inverso, tampoco resulta claro por qué los sistemas que ya existen no son válidos más allá de que, según la memoria, los resultados obtenidos no satisfacen plenamente a la autoridad”.

Ante este escenario, Jdigital sostiene que habría sido imprescindible un diálogo técnico más profundo con el sector. El director general afirma que ese intercambio “habría sido no solo deseable, sino conveniente, para garantizar su acierto”. Por ello, la asociación permanece a la espera de que la autoridad reguladora “reconsidere ciertos aspectos del modelo y de sus plazos de implementación”.