Italia: lo que la experiencia nos enseña

España es uno de los países de Europa con un menor índice de juego problemático, situándose al mismo nivel que Suecia y por delante de países como Alemania. La tasa de juego problemático se mantiene estable durante la última década, en torno al 0,3%, ya en base a todos los estudios promovidos por la Administración Pública (Plan Nacional de Drogas, Estudes, Edades…), ya en aquellos estudios los fomentados por iniciativas privadas, como el estudio Juego y Sociedad 2020. Además, la mayoría de los españoles percibe el juego con absoluta normalidad, como una actividad más de ocio, socialización y entretenimiento que forma parte de nuestra cultura popular.

En España, el juego privado se ha desarrollado de la mano de un sector responsable, que ejerce y promociona políticas de protección de los colectivos más vulnerables y que cuenta con políticas de “tolerancia cero” con el acceso de los menores a los establecimientos de juego y apuestas, como así corroboran los resultados de los controles en establecimientos de juego llevados a cabo, de manera constante, por el Servicio de Control de Juegos de Azar de la Policía Nacional.

Pese a las numerosas evidencias que conforman la realidad del sector del juego privado, parte del discurso público ha generado una injustificada alarma social que, obviando la realidad científica, ha conducido a la implementación de normativas arbitrarias que limitan la libertad individual y de empresa. Así, en el año 2020, el ministro de consumo de España, Alberto Garzón, aprobó una nueva ley limitante de la publicidad de las empresas de juego privado. Fuera del ámbito publicitario, acompañando a la campaña de desprestigio hacia el sector del juego privado, también se llevaron a cabo numerosas restricciones a su normal actividad, limitaciones que no aplican de ninguna forma a los operadores de juego público. Estas leyes toman como fuente de inspiración más próxima el caso de Italia, el primer país europeo en promulgar restricciones de este tipo.

En el año 2018, el ‘Gobierno Conte’, decidió prohibir la publicidad del juego a través de cualquier medio, incluyendo la publicidad de las apuestas deportivas y juegos de azar. Cuatro años después de la implementación de las medidas prohibicionistas en la vecina Italia, la experiencia demuestra que su instauración ha traído graves e indeseados efectos colaterales y que, en su práctica, no han resultado eficaces a la hora de tratar el juego problemático o de limitar el acceso de los menores y colectivos vulnerables al juego, objetivos por los que, en principio, estas leyes fueron promulgadas.

Lejos de combatir las actividades fraudulentas y de blanqueo de capitales, articular una oferta dimensionada del juego y ofrecer la protección necesaria a los colectivos más vulnerables, los casos de juego ilegal en Italia se multiplicaron. El número de operadores ajenos a la legislación aumentó sustancialmente, creando espacios difusos caracterizados por dificultar al consumidor distinguir entre aquellos operadores de juego que ofrecen las garantías necesarias para jugar de manera segura, responsable y sostenible, de aquellos que operan fuera de la ley.

Además del Decreto Conte, otras administraciones regionales y locales perjudicaron gravemente al mantenimiento de los empleos del sector del juego privado y la sostenibilidad de los establecimientos de juego, efectos ocasionados, entre otros, por la obligación de distancias mínimas entre los locales y las “zonas sensibles”. Los trabajadores del sector, sindicatos y empresarios se unieron para protestar reclamando la modificación de estas normativas abstraídas de la realidad, ya que, tal y como afirman los estudios realizados por el Instituto Superior de Sanidad de Italia, las personas con comportamientos problemáticos de juego buscan lugares para jugar lejanos a su zona de tránsito habitual – lugares donde es probable que les conozcan – con el objetivo de ocultar las conductas patológicas de su contexto familiar y relacional más cercanos.

Tras estas desastrosas consecuencias, la opinión pública italiana ha rebajado notablemente el discurso que estigmatizaba a los operadores de juego privado. Muchos partidos políticos, medios de comunicación e instituciones italianas comienzan a aceptar la realidad un sector económico generador de empleo, que aporta una elevada contribución al estado del bienestar a través de tributos y que ejerce su actividad con las más elevadas garantías éticas y jurídicas, contribuyendo a un desarrollo sostenible de su actividad y a la generación de espacios seguros para todos los jugadores.

En el ámbito regional se observa una vuelta atrás en algunos aspectos de las normas emitidas anteriormente, en el momento de mayor agresividad frente al sector y sin haber realizado análisis precisos del impacto que habrían tenido en los niveles de empleo y sobre la presencia de oferta de juego ilegal.

Entre estos, la región de Puglia, la ley de 2013 dispuso que el medidor de distancia – 500 metros de lugares sensibles – se aplique a las nuevas aperturas, dejando tiempo para que las salas existentes se trasladasen a otro lugar dentro de los 5 años posteriores a su promulgación. Tras un amplio debate político e institucional, se puso en marcha la LR de 17 de junio de 2019 que preveía la eliminación de la retroactividad del distanciómetro y la posibilidad de seguir funcionando para todos las salas anteriores a 2013.

También en Piemonte, durante 2016, se promulgó una norma por la que las máquinas recreativas ya no podrían estar presentes en establecimientos que estuvieran a una distancia de 300/500 metros de ‘lugares sensibles’. También en este caso, tras un profundo análisis, en julio de 2021 se produjo una modificación de la ley que eliminó sus efectos retroactivos y que permitió la reactivación de todas las máquinas de juego presentes en locales anteriores a la ley de 2016, salvaguardando así inversiones preexistentes, que permiten el mantenimiento adecuado de los niveles de empleo. Misma línea siguieron las regulaciones de Campania y Veneto, mientras que en otras regiones, incluida Lazio, han pospuesto la aplicación de la ley para evitar mayores desastres en el empleo.

Muchas son las voces – especialmente destacables las que provienen de dentro del Gobierno Italiano – que reclaman la vuelta atrás en la normativa que regula la publicidad, por el grave perjuicio que está causando en el deporte italiano de base.

De la experiencia del caso italiano resalta la conclusión de que las políticas prohibicionistas, y todas aquellas que pretenden estigmatizar un sector económico que cumple con todas las garantías legales y estándares éticos – como es el caso del juego privado presencial – obstaculizando el normal desarrollo de su actividad, traen consigo nefastas e indeseables consecuencias, fruto de su ineficiencia, que van en detrimento de la transparencia, las garantías de todos los jugadores, la protección de los colectivos más vulnerables, los numerosos puestos de empleo que genera el sector y la enorme aportación económica en forma de tributos.

Comunicado CEJUEGO

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