Investigadores proponen cambios en el Juego, tras un exhaustivo informe sobre tributación y normativa

Un grupo de investigadores de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla ha realizado un informe sobre “el sector del Juego en Andalucía y su tributación”. Se trata de un exhaustivo estudio donde se realiza un análisis sobre el marco jurídico del Juego, la tributación y sus perspectivas, en el que además se plantean las distintas propuestas existentes. El resultado ha sido publicado por el Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía.

El estudio resalta la complejidad normativa y la pluriimposición que enfrenta el sector debido a la competencia autonómica en la regulación del Juego. Como resultado, se proponen reformas para mejorar la regulación y sistematización del sector del juego, con un enfoque en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Dentro de ese ámbito, se destaca la necesidad urgente de reordenar los tributos estatales vinculados a la Industria. La propuesta sugiere otorgar a las Comunidades Autónomas competencia exclusiva para gravar el Juego mediante tributos propios, transformando así tributos cedidos en tributos autonómicos.

Esta iniciativa busca aumentar la autonomía fiscal de las regiones, especialmente en un sector en auge como el del Juego. La propuesta, respaldada por la práctica legislativa autonómica, busca eliminar la incertidumbre sobre la constitucionalidad de la cesión de tributos y fortalecer la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas.

Además, se considera la posibilidad de reservar estos tributos sobre el Juego a los entes locales, sugiriendo que podrían convertirse en una valiosa fuente de financiación adicional para municipios turísticos. Aunque se plantean desafíos, como posibles diferencias de régimen jurídico entre regiones y la necesidad de evitar la competencia fiscal, la propuesta busca abordar el desorden y la presión fiscal existentes en el sector del Juego.

Asimismo, se propone la creación de un registro de operadores de juego en Andalucía, que permitiría una mejor supervisión y control del sector. El registro incluiría información sobre los operadores, sus actividades y los impuestos que pagan.

Otra de las reformas propuestas es la creación de un fondo de responsabilidad social del juego, que se financiaría con una parte de los ingresos generados por el impuesto autonómico sobre los premios de loterías y apuestas. Este fondo se utilizaría para financiar programas de prevención y tratamiento del juego problemático.

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