Compartir

Incorpora a la regulación unos requisitos técnicos y operativos propuestos con respecto al Licenciatario, la Empresa, los Juegos de Azar y la organización de estos para la prevención del Juego Problemático, la protección del consumidor y la lucha contra las actividades ilegales

Difundimos la notificación enviada al TRIS por Países Bajos en relación a la Orden sobre los Juegos de Azar a distancia

AZARplus

En esta información nos hacemos eco de la Orden sobre los Juegos de Azar a distancia enviada al TRIS por Países Bajos, cuyo documento ofrecemos en pdf (en neerlandés), relativo a Concretamente, dicha notificación (2020/506/NL) la ha remitido la Dirección General de Sanción y Protección del Ministerio de Justicia y Seguridad, tal y como consta en el documento comunitario.

En cuanto al contenido de la Orden notificada se señala que esta “incluye disposiciones para la aplicación de la Ley sobre juegos de azar a distancia y la Orden sobre juegos de azar a distancia respecto a: la licencia para organizar juegos de azar a distancia, la explotación de la licencia, y el licenciatario (capítulo 2); la organización de juegos de azar a distancia (capítulo 3, sección 1); la política de integridad del licenciatario, incluyendo también medidas sobre el amaño de partidos (capítulo 3, sección 2); el acceso a los juegos de azar a distancia y la gestión de los créditos de juego (capítulo 3, sección 3); la protección de los consumidores, incluyendo la gestión de las reclamaciones y las obligaciones de información (capítulo 3, sección 4); el sistema de juego para la organización de juegos de azar a distancia (capítulo 3, sección 5); la inspección del sistema de juego (capítulo 3, sección 6); las obligaciones de registro y de comunicación y un sistema de protección de datos (base de datos de control) para la supervisión (capítulo 4).

Además, con la modificación de la Orden sobre la promoción, la publicidad y la prevención de la adicción a los juegos de azar, en el artículo 5.1, se han fijado disposiciones adicionales en relación con la restricción de la publicidad de los juegos de azar para proteger a grupos socialmente vulnerables, y en relación con la política del licenciatario sobre la prevención de adicciones, su desarrollo y ejecución, los conocimientos y las aptitudes del personal pertinente, el registro y el análisis de la conducta de juego de los jugadores, las intervenciones para dichas conductas de juego, la obligación de información hacia el jugador, el registro y la comunicación respecto a la prevención de adicciones, el registro de exclusión de jugadores (CRUKS) y (la salvaguarda de) los datos personales.

Por último, la Orden regula una exacción parafiscal destinada a combatir los costes asociados a (la prevención de) las adicciones de los juegos de azar. Los artículos del capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5 pueden contener reglamentaciones técnicas”.

Por su parte, el apartado que recoge una sucinta motivación señala lo que sigue: “Durante años, cientos de miles de neerlandeses han estado participando en juegos de azar en línea (que hasta ahora no han sido regulados). Por consiguiente, los objetivos de la política neerlandesa sobre juegos de azar, esto es, la prevención de las adicciones a los juegos de azar, la protección del consumidor y la lucha contra las actividades ilegales y los delitos, no están salvaguardados (en ausencia de una reglamentación detallada).

El sistema de concesión de licencias y sus requisitos se justifican por razones imperiosas de interés público que subyacen a la política neerlandesa sobre juegos de azar: la protección del consumidor, la prevención del fraude, la prevención de la incitación a los ciudadanos a malgastar el dinero o desarrollar adicciones a los juegos de azar y la prevención de problemas sociales graves en general.

A falta de armonización en el ámbito de los juegos de azar, corresponde a cada Estado miembro apreciar en estos ámbitos, conforme a su propia escala de valores, las exigencias que supone la protección de los intereses afectados (de conformidad con la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional y Bwin International, C-42/07, EU:C:2009:519, punto 57, y la jurisprudencia allí citada). Con el fin de proteger los intereses mencionados anteriormente, los Países Bajos consideran necesarios los requisitos (técnicos y operativos) propuestos con respecto al licenciatario, la empresa, los juegos de azar y la organización de estos. Estos requisitos no son discriminatorios y no van más allá de lo necesario para lograr los objetivos manifestados en la política de juegos de azar.

Los Países Bajos consideran que estos requisitos son proporcionales ya que se centran y se ajustan a (la lucha contra) los riesgos de la adicción al juego, el despilfarro y el fraude. Además, estos requisitos se centran y se ajustan al (elevado) nivel de protección previsto por los Países Bajos frente los riesgos antes mencionados asociados con los juegos de azar a distancia. Estos riesgos son más graves que los que se asocian con las formas más tradicionales de los juegos de azar y los requisitos propuestos se ajustan a la gravedad de dichos riesgos.

Por consiguiente, los requisitos se han desarrollado de tal manera que contribuyen a que la oferta de servicios de juegos de azar (de especial peligro) se regule de manera congruente y sistemática y, por lo tanto, los Países Bajos consideran estos requisitos adecuados para lograr los objetivos establecidos (de conformidad con la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional y Bwin International, C-42/07, Rec. P. I-7633, puntos 59-61 y la jurisprudencia allí citada). Medidas (o en su caso, alternativas) menos restrictivas resultarían menos eficaces para (luchar contra) los riesgos presentes, alcanzar el nivel de protección deseado y la ejecución de una buena supervisión del cumplimiento de los requisitos. Cuando ha sido posible y adecuado en relación con el nivel deseado de protección, la regulación se ha armonizado con las reglamentaciones de otros Estados miembros y las prácticas internacionales existentes”.

Recordemos que la Directiva (UE) 2015/1535 establece la obligación a los países comunitarios a realizar un procedimiento de notificación en relación a los proyectos de reglamentaciones técnicas antes de adoptarlos. Fundamentalmente, se trata de una herramienta informativa, de prevención y diálogo cuyo objeto es evitar obstáculos comerciales en materia de las reglamentaciones técnicas sobre productos y servicios que estén relacionados con la sociedad de la información.

Durante el período de statu quo de tres meses establecido a partir de la fecha de notificación del proyecto, el Estado miembro notificador no puede adoptar dicha reglamentación técnica, una medida con la que se da un tiempo a la Comisión a los otros Estados miembros para su examen y reacción, así como para emitir un dictamen motivado o con observaciones, o bien para bloquearlo.

Compartir
MACARENA

Dejar comentario

¡Por favor, introduce un comentario!
Por favor, introduce tu nombre

* Campos obligatorios
** Los comentarios deben ser moderados, en muy poco tiempo, serán validados