Gobierno y sindicatos acuerdan reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

El Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT han firmado un acuerdo para impulsar la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que cumple treinta años desde su entrada en vigor en 1995. El acto contó con la participación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y de los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez.

La iniciativa se enmarca en un contexto de elevada siniestralidad laboral. Según los últimos datos oficiales disponibles, entre enero y noviembre de 2025 fallecieron 686 personas trabajadoras en accidentes ocurridos en el puesto de trabajo o en los desplazamientos vinculados a la actividad laboral. En ese mismo periodo se registraron cerca de 575.000 accidentes con baja. Gobierno y sindicatos coinciden en que estas cifras evidencian la necesidad de actualizar una norma diseñada para una realidad productiva distinta a la actual.

El acuerdo es fruto de los trabajos desarrollados en la Mesa de Diálogo Social desde febrero de 2024 y da continuidad a la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027. El texto recoge el compromiso de iniciar la tramitación administrativa y parlamentaria para modificar la Ley actual con el fin de incorporar nuevos enfoques preventivos.

Entre los objetivos de la reforma figura integrar la perspectiva de género en la protección de la salud laboral, así como tener en cuenta la diversidad generacional en la prevención de riesgos. También se plantea equiparar los riesgos derivados del trabajo a distancia y de la falta de desconexión digital al resto de riesgos laborales.

El acuerdo prevé, además, el desarrollo de reglamentos específicos para abordar los riesgos psicosociales y para reforzar la protección de los trabajadores frente a los efectos del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. En este ámbito, se incluye la definición de la violencia y el acoso laboral conforme al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que contempla conductas presenciales y aquellas ejercidas a través de tecnologías digitales.

Durante la firma, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señaló que “cada mañana debemos pensar que hay trabajadores y trabajadoras que no vuelven a su casa”, y defendió la necesidad de avanzar en una normativa adaptada a los riesgos actuales. Los sindicatos han pedido responsabilidad a los grupos parlamentarios para que la reforma se traduzca en una ley actualizada y eficaz.

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