“En el Juego no todos somos iguales”: la ONCE reconoce su estatus de privilegio ante el Senado

Alberto Durán López, vicepresidente de la ONCE, ha acudido al Senado para defender el modelo de negocio de la organización y presentar sus demandas de cara a la nueva legislatura. Lo hizo en el marco de la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad, pero sin disimular la estrategia de autopromoción, mientras se vanagloria de “no ser como el resto de juegos” con absoluto desparpajo.

Las palabras del presidente de la Comisión al inicio de la misma ya dejaban entrever lo que iba a ser la comparecencia del vicepresidente de la ONCE, un auténtico paseo: “Perdonadnos la demora, pero hemos acompañado al vicepresidente de la ONCE a la oficina de Correos, donde sabéis que todos los senadores tenéis la posibilidad de comprar el cupón diario de la ONCE”. No era una frase inocente, sino un ejemplo explícito del nivel de familiaridad entre representantes públicos y el Operador que, en cualquier otro contexto, debería estar sujeto al mismo grado de vigilancia que el resto del Sector.

Durante su intervención, el dato que más repitió, como si de un mantra se tratara, fue el número de vendedores con los que cuenta la organización: “20.700 vendedores con discapacidad, todos ellos en la calle, vendiendo nuestros productos de Juego”. Pero ni una mención a todas las peticiones de ayuda que sus propios trabajadores realizan continuamente ante las supuestas irregularidades que tienen con las comisiones de venta y las lamentables condiciones laborales a las que se ven sometidos.

El vicepresidente asegura en que “no hay autodispensación” en sus ventas, y que el 88% de ellas se produce mediante vendedores físicos. Eso sí, Durán reconoció que el 8,5% de la venta se realiza a través de terceros (estancos, gasolineras, etc.) y otro 3% por internet, un canal donde, según sus propias palabras, “nos da un cierto margen” precisamente por no requerir esa red física. Es decir, el canal online sí interesa, pero se esconde tras una fachada presencial que sirve de coartada.

Con evidente tono de superioridad moral, Durán expuso que la ONCE no realiza determinados juegos “por responsabilidad”, y que “el consumidor está protegido”. Una apreciación que resulta curiosa cuando sus Rascas son sus juegos más vendidos, con un alto grado de Juego problemático y que, como hemos denunciado en varias ocasiones desde AZARplus, son comprados incluso por menores.

“En el juego no todos somos lo mismo, ni por el tipo de juego que comercializamos ni por el canal que utilizamos”, ha señalado el vicepresidente, tratando de dejar clara una supuesta “superioridad moral” a la hora de ofertar juego, y perpetuando la falacia de que existe un “Juego bueno”, la ONCE, y un “Juego malo”, cualquiera que sea privado.

Peor aún fue su comentario al referirse a las trabas autonómicas para la ONCE: “A veces no entendemos muy bien algunos problemas que se ponen a nivel autonómico para las licencias de juego en el caso de la ONCE, porque estamos amparados por una ley estatal”. Lo que Durán obvia es que esa ley estatal los sitúa por encima de las normativas locales, en una suerte de impunidad normativa de la que se benefician sin rendir cuentas como el resto. “Nos quejamos lo justito”, ironizó, antes de rematar: “Pero cuando lo hemos hecho, hemos ganado”. Esto ha parecido más un aviso que un comentario inocente: el monopolio de la ONCE no se discute, y si se cuestiona, se judicializa… y se gana.

Alberto Durán presenta a la ONCE como “operador singular”, un eufemismo para decir que juega con reglas distintas. La defensa económica del modelo de negocio de la ONCE fue sobrecogedora: “De cada 100 euros que vendemos, 56,2 van a premios; 23,5 a la red de ventas; 8,5 a gastos indirectos; 5,8 a servicios sociales de la ONCE y 3,2 a solidaridad”, lo que significa que tan sólo un 11,7% de sus beneficios van a parar realmente a su labor social, mientras que el 8,5% se invierten en Marketing, aprovisionamientos, etc, como señaló el vicepresidente.

También hubo espacio para las insinuaciones políticas. Durán no disimuló su intención de influir legislativamente en los marcos que rigen su actividad. Citó, por ejemplo, la tramitación del anteproyecto de reforma de la Ley de Discapacidad y del futuro Proyecto de Ley de Economía Social, donde se mostró especialmente insistente en que se reconozca a los “centros especiales de empleo de iniciativa social” como parte plena del ecosistema. “Es como decir que para ser cura hay que ordenarse e ir al seminario”, señaló, con sorna. “Son entidades sin ánimo de lucro comprometidas con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad. Es imprescindible reforzar su reconocimiento, garantizar su financiación estable, asegurar su participación en el diseño de políticas públicas de empleo y proteger su naturaleza jurídica y social. La futura Ley de economía social debe diferenciar claramente los centros especiales de empleo de iniciativa social del resto, blindar su acceso a convocatorias específicas, reconocer su función como agentes sociales y económicos y favorecer la innovación social en sus infraestructuras. No es justo que entidades lucrativas compitan en igualdad de condiciones con iniciativas sociales que dedican sus recursos íntegramente a mejorar la vida de las personas con discapacidad.”

El vicepresidente de la ONCE ha mantenido un discurso ético, amparándose en la trillada descripción de sus loterías como “juegos sociales”, que le permite deslegitimar al resto del mercado privado. Y lo hace mientras se presenta como víctima de obstáculos autonómicos o de limitaciones externas, cuando en realidad ejerce una posición de privilegio absoluto, con un paraguas institucional que desarma cualquier intento de competencia.

La parte más reveladora de la comparecencia de Alberto Durán no estuvo solo en lo que él dijo, sino en lo que los senadores no dijeron. El ambiente en la sala, más cercano al homenaje que al escrutinio, dejó al descubierto el profundo arraigo institucional de la ONCE y su capacidad para neutralizar cualquier atisbo de crítica política.

Las intervenciones de los portavoces parlamentarios fueron una sucesión de agradecimientos, elogios y buenos deseos, sin una sola pregunta incómoda sobre su papel como Operador de Juego. La senadora Carmen da Silva, de BNG, incluso pidió que “nos pongan más deberes”, en referencia a la accesibilidad, mientras reconocía una “colaboración estrecha y satisfactoria”. Ni una mención a los privilegios regulatorios ni al trato desigual respecto al Juego privado.

Desde el PSOE, la senadora Álvarez García se refirió a la ONCE como parte de “una gran familia”, ensalzando su capacidad de adaptación sin plantear una sola cuestión sobre su modelo económico.

El propio Durán, en su turno de respuesta, no disimuló su satisfacción por el tono general. “Todo lo que hacemos nosotros es solo por una cosa: porque tenemos la confianza de la gente”, dijo. Incluso dejó frases reveladoras que evidencian el desdén institucional hacia cualquier forma de competencia como que “este es el país de la ONCE”.

Peor aún fue el tono final del presidente de la Comisión, que cerró con un guiño a la institución: “Nos queda por crear el ministerio de la felicidad, tanta como la que vosotros repartís cada día con el cupón”, señaló, entre risas. Todo en un ambiente de camaradería que, más que una rendición de cuentas, fue un encuentro amable entre compañeros…

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