La Justicia da la razón a la Junta y anula los acuerdos del Ayuntamiento de Cádiz, dejando sin efecto las restrictivas medidas de distancia del municipio
El TSJA derriba la modificación del PGOU de Cádiz para limitar en 500 metros los Salones de Juego de los centros escolares
AZARplus
Como era de esperar, la justicia ha acabado imponiéndose ante las pretensiones que el Ayuntamiento de Cádiz estaba manifestando, metiendo mano donde no le compete, estableciendo por su cuenta medidas de distancia para Salones de Juego de 500 metros sobre Centros escolares.
El TSJA ha anulado los acuerdos urbanísticos del Ayuntamiento de Cádiz según relatan desde El Diario.es. Unos acuerdos que ya fueron suspendidos de forma cautelar, ante la falta de competencias por parte del Ayuntamiento de Cádiz para realizar este tipo de modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La propia Junta de Andalucía avisó al Ayuntamiento que esas modificaciones no le competían, pues la regulación del Juego Privado es competencia exclusiva de la Junta, por lo que la propia Junta, así como la Agrupación Gaditana del Recreativo (AGARE), interpusieron un recurso judicial contra el acuerdo, y finalmente ha tenido que ser el Propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía quien tumbe los intentos del Ayuntamiento.
La sentencia, según relatan desde el medio, manifiesta la siguiente conclusión: “Si bien este tribunal comparte la preocupación por los perniciosos efectos del juego patológico en general y más en colectivos vulnerables, como los menores, que deben ser objeto de la máxima protección al efecto, no es menos cierto que si de lo que se trata es de establecer una regulación afectante únicamente a la ciudad de Cádiz, en tal informe bien poco se dice de que se haya detectado o apreciado en Cádiz un especial y muy grave problema de salud a causa de la adicción al Juego que pudiera justificar la intervención municipal vía modificación del planeamiento”.
Un informe que a todas luces era incompleto, y que no aclaraba ninguna de sus supuestas alarmas sociales sobre el Juego, como señalan los jueces en la sentencia que ha compartido El Diario: “No nos aclara el número de personas atendidas en el quinquenio 2013-2017, ni la proporción que representan en el total de la población, ni si esos pacientes atendidos por adicciones en ese período (o cuántos de los 27 nuevos casos de 2018) lo eran por adicción al juego patológico o por adicción al teléfono móvil, únicas alternativas en las que el informe municipal centra esos problemas comportamentales. Lo demás en él son referencias genéricas a España, a otras provincias españolas o a otros países. La falta de motivación de la modificación puntual es manifiesta en este sentido”.
En la sentencia, los jueces que elaboran el texto llegan incluso a comentar según ha indicado el medio que “esa distancia es tan exagerada, tan desmedida, tan falta de justificación, que lo que debe concluirse de su exigencia es que el Ayuntamiento realmente ha pretendido con la modificación puntual la prohibición de nuevas aperturas de establecimientos del tipo que tratamos y que la mayoría de los ya existentes, si no todos, pasen a la situación de fuera de ordenación”.
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