El Sector exige una reforma legal urgente para cerrar la brecha entre la tecnología antifraude y la norma obsoleta

La V Jornada sobre amaños y corrupción en el deporte, organizada por la Policía Nacional en estrecha colaboración con LaLiga, sirvió de escenario para que los principales actores del Juego online en España confrontaran los desafíos tecnológicos y normativos que definen la lucha contra el fraude deportivo. Bajo el título “Retos futuros contra la corrupción y fraude deportivos”, la mesa redonda compuesta por Jorge Hinojosa, director general de Jdigital; Eloy Fernández, responsable de Producto en Luckia; y Santiago Asensi, socio fundador de Asensi Abogados, concluyó que la eficacia en la detección de amaños ha alcanzado niveles de excelencia, pero se encuentra estrangulada por un marco legal y judicial que se muestra “absolutamente obsoleto“.

La naturaleza del fraude en las apuestas es global, un mal que “no entiende de fronteras“. Eloy Fernández, de Luckia, señaló que la universalidad del problema ha forzado a los operadores a emplear estrategias de contrainteligencia.

Luckia, por ejemplo, ha evolucionado desde el análisis manual de patrones hacia la “utilización de algoritmos apoyados por la inteligencia artificial que nos ayudan a detectar de una forma más práctica y útil patrones irregulares o delictivos“. Fernández explicó que, pese a lo que algunos usuarios puedan creer, la razón detrás de cierres de cuenta en los Operadores no es penalizar a quienes ganan dinero, algo que es normal que pase, sino a clientes con ventajas no reguladas, “o clientes que tengan información privilegiada”. Estos análisis se basan no solo en el patrón de apuestas, sino también en los medios de pago que utilizan, IPs, o las estructuras de los emails a través de los cuales se registran. El proceso exige entrenamiento constante de los algoritmos “para reducir la “tolerancia al fallo al mínimo posible”.

Por su parte, Jorge Hinojosa enfatizó que si hubiera que calificar la calidad del mercado de Juego en España, él la pondría “por encima del ocho en términos de seguridad ante el amaño y corrupción“. Pese a ello, advirtió que el sector se enfrenta al “peor de los escenarios para el operador: tener que usar la tecnología para luchar contra la tecnología“. El director de Jdigital destacó las acciones proactivas de los operadores, que ya están “bloqueando el 50% de las cuentas cuando hay sospecha de suplantación“.

Hinojosa subrayó la importancia de la innovación, ya que “lo que hoy es una solución es que dentro de un año probablemente ya no sea la solución“. Propuso que los operadores deben nutrirse de la información de “otros sectores estratégicos que le pueden dar información sobre problemas“, como las entidades financieras, para detectar irregularidades por parte del usuario. Como ejemplo, el director señalo que “si un teléfono que se aporta no tiene movimiento alguno más que en lo que respecta al Juego, eso es algo bastante sospechoso“.

La “disparidad absoluta” entre la investigación y la acción legal fue el eje de la intervención de Santiago Asensi. Mientras que el trabajo de la Policía Nacional, Guardia Civil, LaLiga y la DGOJ es “excelente, extraordinario y fluido“, existen muchos casos que acaban en juzgados y tribunales que “están saturados” y carecen de la especialización necesaria. Para un juez habitual, un asunto de integridad deportiva “no es un asunto cómodo“.

El foco de la crítica legal se situó en el artículo 286 bis 4 del Código Penal, que Asensi catalogó como una norma que “nació obsoleta“. Este artículo, que tipifica el amaño tiene un grave problema, y es que, según el abogado, deja fuera conductas fraudulentas actuales, como amañar “una tarjeta amarilla o un penalti” en un partido donde el marcador (5 a 0) ya está decidido y la acción “no va a tener ningún tipo de influencia en el resultado final“. La jurisprudencia existente es escasa, basándose en sentencias antiguas relativas al mantenimiento o cambio de categoría, lo que no se corresponde con el problema actual. Por ello, Asensi urgió la promoción de la reforma del Código Penal “a la mayor brevedad posible“.

Santiago Asensi reportó que su despacho gestiona cerca de “3.000 asuntos relacionados casos judiciales relacionados con jugadores fraudulentos“, siendo el 85% de estas demandas relativas a “limitaciones o a cierres” de cuentas. Estos jugadores fraudulentos se amparan en un “supuesto derecho a apostar“, ignorando que el Juego no es un servicio básico. “De igual manera los Operadores no obligan a los jugadores a apostar, los jugadores tampoco pueden obligar a los Operadores a aceptar su Apuesta”.

Las conductas fraudulentas más comunes fuera del amaño de partidos son la detección de “errores de cuotas” por parte de bots informáticos y el “arbitraje” (apuestas seguras que aprovechan la disparidad de criterios entre casas). Eloy Fernández lamentó que el mercado regulado, al ofrecer seguridad al cliente, se haya convertido en el ecosistema perfecto para los estafadores. Esto se debe a que estos sujetos están “muy preparados” con falsificaciones (nóminas, movimientos bancarios) y que jurídicamente hablando, tienen una posibilidad en los tribunales debido a la falta de especialización judicial.

En el cierre de la ponencia, los ponentes coincidieron en que la solución no es una hiperregulación, ni mucho menos. Jorge Hinojosa fue enfático: “Más regulación no necesariamente tiene de aportar más seguridad”. Lo que se necesita es una revisión de la Ley de 2011 que sea “equilibrada, de proporcionalidad, de eficacia“, enfocada en los “mecanismos de protección del operador” frente a los fraudes.

Asimismo, Hinojosa anunció que Jdigital tiene varios frentes abiertos de mejora, con la creación inmediata de un grupo de trabajo para la coordinación con la Policía Nacional y que impulsará un programa de reuniones para que los Operadores y los cuerpos de seguridad del Estado se conozcan mejor y puedan recabar información útil sobre cómo colaborar. El objetivo final es fortalecer la cooperación institucional y evitar que la información que aportan los operadores caiga en el vacío, de modo que los jueces no obliguen a “volver a abrir la cuenta de un cliente que sabemos que está actuando de forma fraudulenta“.

Asensi concluyó que el problema de la normativa de juego y el Código Penal radica en que no están pensados para la las infinitas formas de fraude existente en la actualidad, y que se necesita actualizar esta normativa lo antes posible.