El Sector defiende su compromiso con la sostenibilidad frente a la hiperregulación política y normativa

Durante el XII Congreso de ANESAR, la mesa redonda titulada “Competitividad y sostenibilidad en un sector (hiper)regulado” ha reunido a voces destacadas del Sector para debatir sobre las consecuencias de la creciente presión normativa que afecta al Juego presencial en España. La sesión, moderada por Carlos Tarancón, asesor jurídico de Sareiba, ha contado con la participación de Carmen Aparicio, Jefa de Área de RSE de la CEOE, Carlos Duelo, director corporativo de Relaciones Institucionales y ESG de Cirsa e Inma García, manager en la Dirección de Personas de Grupo Vid.

Tarancón ha señalado en su introducción que, en su opinión, el Sector ha sido víctima desde hace años de “un ataque populista” que ha llegado hasta la política, lo que ha tenido consecuencias directas en su competitividad. Considera que la hiperregulación no puede considerarse un camino hacia la sostenibilidad, una afirmación que ha contado con la respuesta unánime de los ponentes.

Carmen Aparicio ha asegurado que “la regulación en sostenibilidad ha sido un auténtico tsunami normativo”. Según ha explicado, en apenas tres años la normativa se ha multiplicado, y ahora el propio marco regulatorio intenta simplificarse ante su complejidad. Además, advierte que “la falta de armonización entre comunidades autónomas, así como entre países europeos, genera una enorme dificultad para operar con criterios unificados y eficaces”.

Por su parte, Carlos Duelo ha declarado que la hiperregulación “es mala siempre. Tiene que haber equilibrio. No podemos permitir que la normativa se defina por prejuicios o ideologías, sino por datos y consenso”. A su juicio, el proceso de regulación ha sufrido una grave desviación: “Antes hablábamos con los reguladores, ahora legislan en base a lo que impone la opinión publicada, más que la opinión pública. Da la impresión de que las leyes se están redactando con sesgos políticos, no con datos técnicos”.

Duelo también ha señalado hábilmente el uso de mecanismos legislativos “confusos” para regular el Juego, como “introducir enmiendas sobre el juego a través de normas ajenas”, como es el caso de la ley del Servicio de atención a la clientela, lo que refleja, un “batiburrillo legislativo que está afectando al Sector”.

Inma García coincide en que el entorno actual genera una “fatiga normativa” y que “las empresas necesitan un marco legal sostenible, que dé estabilidad y permita planificar a medio y largo plazo”. Desde su experiencia en gestión de personal, advierte que “la inseguridad jurídica es enorme, especialmente en el plano laboral”, donde la acumulación de cambios y nuevas obligaciones está impactando directamente en los costes: “Solo con la reducción de jornada, los costes pueden incrementarse entre un 7 y un 8%”.

García ha subrayado también que el absentismo y la necesidad constante de formación dificultan la transición hacia un modelo más eficiente: “Necesitamos personal preparado, pero la rotación y la actualización normativa complican mucho esa labor”.

Duelo ha respaldado esta afirmación señalando que “la reducción de jornada tiene un impacto directo en los salones. Si a eso le sumas el absentismo, el problema se multiplica. En algunos casos llega a ser inviable”.

Otro de los temas clave del debate fue el régimen de inspecciones. Inma García ha arrojado cifras claras en el debate: “El mes que viene ya habremos alcanzado el número total de inspecciones que tuvimos en todo el año pasado. De media, estamos recibiendo entre 10 y 12 inspecciones, muchas de ellas sin resultado sancionador”. Ha asegurado que, aunque comprenden el objetivo de garantizar el cumplimiento, “la reiteración y duplicación de las inspecciones genera una carga innecesaria y desorganización”.

Carlos Duelo añade que “las inspecciones no deberían asustarnos. Somos un Sector cumplidor”, pero ha criticado la forma en que algunas se llevan a cabo: “A veces más que inspecciones parecen redadas. No se trata de incomodar a los clientes o dar una imagen distorsionada. Hay que inspeccionar, sí, pero con proporcionalidad y respeto”.

Además, Duelo ha recordado la falacia de la DGOJ al publicar semestralmente sanciones que alcanzan los 70 millones de euros al Sector del Juego: “Siempre se destaca en los titulares que ‘se sanciona a las empresas del Juego’, cuando en realidad se trata de empresas ilegales sin licencia. Las sanciones a los Operadores legales son mínimas y, en la mayoría de los casos, por fallos técnicos”. Esto, según señala, “alimenta una narrativa pública equivocada que daña al Sector”.

Pese a este entorno complejo, los ponentes coinciden en el compromiso firme del Sector con la formación y la sostenibilidad. Inma García afirma que “todas las empresas estamos comprometidas con la formación, como demuestra la labor que impulsa ANESAR, porque es lo que nos permite afrontar con garantías las inspecciones”. En esa línea, Duelo apunta que “todo el Sector está muy concienciado con el Juego responsable”, y reivindica que “las medidas aplicadas en este ámbito demuestran que ya tenemos consumidores responsables”.

Carmen Aparicio también ha valorado positivamente la formación como “un activo que da un gran valor añadido a las empresas”, y ha pedido de nuevo “una armonización regulatoria que permita avanzar en innovación y sostenibilidad a medio y largo plazo, sin que cada año se cambien las reglas de Juego”.

El debate ha concluido con la constatación de que el Sector está sometido a un marco normativo excesivo, fragmentado y cambiante, que limita su capacidad de competir, atraer talento e innovar. Una situación que, según ha resumido Tarancón, solo puede empezar a resolverse cuando “la pelota pase a los políticos, y estos comprendan que seguir así solo genera pérdida de competitividad y perjuicio para un Sector que ya ha demostrado su cumplimiento y compromiso”.