El Grupo Popular registra una batería de preguntas para conocer el impacto real del acuerdo firmado con otros cinco países europeos
El PP exige transparencia a la DGOJ ante el posible estancamiento del pacto europeo contra el Juego ilegal
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La ambiciosa alianza europea para blindar el entorno digital frente al juego ilegal, presentada a bombo y platillo el pasado 20 de noviembre de 2025, corre el riesgo de quedar sepultada bajo la inacción burocrática. El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una doble tanda de preguntas parlamentarias en el Congreso de los Diputados para exigir cuentas a la DGOJ sobre el grado de cumplimiento de la declaración institucional suscrita junto a Austria, Francia, Gran Bretaña, Italia y Portugal, para enfrentarse al Juego ilegal, presentada a bombo y platillo el pasado 20 de noviembre de 2025.
Los populares sospechan que, tras la foto oficial, el compromiso del Gobierno para perseguir a los operadores no autorizados podría haberse convertido en un “anuncio sin efectos prácticos“, carente de una hoja de ruta ejecutable y de resultados inverificables.
El Partido Popular pone el foco en dos frentes críticos que la DGOJ parece haber dejado en el aire. Por un lado, se cuestiona la eficacia de la “reclamación conjunta a plataformas digitales y redes sociales” destinada a que los gigantes tecnológicos refuercen sus filtros contra la publicidad ilícita. Transcurridos varios meses, el Ejecutivo no ha aclarado a qué plataformas se ha dirigido formalmente ni qué volumen de contenidos, anuncios o perfiles han sido retirados como consecuencia directa de este pacto.
De igual modo, la iniciativa parlamentaria incide en la cooperación internacional, preguntando específicamente si se ha producido ya un “intercambio de información entre reguladores sobre operadores ilegales“. El PP exige saber cuántos operadores han sido identificados mediante esta red europea y qué medidas de bloqueo o sanción se han activado en suelo español gracias a dichos datos. La formación concluye instando al Gobierno a realizar una evaluación pública de la eficacia de esta cooperación, rechazando que la seguridad del entorno digital se gestione a base de comunicados de prensa sin auditoría posible.
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