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Como sostuvo el PSOE "el Juego no es una actividad ilegal; por tanto, no se trata de aplicar una especie de Ley Seca sobre el juego, o de aplicar retroactividades o aberraciones jurídicas como las que proponen en algún punto de esta iniciativa"

La Asamblea de Extremadura rechaza por 14 votos contra 3 una propuesta de Unidas por Extremadura con fuertes medidas restrictivas contra el Juego Privado

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Macías Rodríguez, diputado del Grupo Unidas por Extremadura, comenzó su defensa de Propuesta de Impulso sobre los Salones de Juego y Casas de Apuestas lamentando tener que presentarla ante la Comisión de Hacienda del Parlamento autónomo y no ante la Comisión de Sanidad, ya que en su opinión hay que “entenderlo como un problema de trastorno patológico de salud, de malos hábitos sociales, más que como una cuestión de recaudación tributaria y de situación en relación con Hacienda”.

La Propuesta, resumida en una serie de medidas de restricción de los establecimientos de juego y en la elaboración de un plan específico para la prevención de la ludopatía, se expuso desde la delirante base de que “uno de cada cuatro jugadores que ha jugado en los últimos doce meses presenta algún tipo de problema con

el juego: hurta dinero, se endeuda, juega compulsivamente, etcétera. Normalmente –como digo– esto afecta a la clase trabajadora, a los barrios en donde hay menos trabajo”.

Una argumentación aún más insostenible cuando el propio diputado continúo diciendo: “Como no hay datos exactos, ni ningún estudio propio de la Junta de Extremadura sobre la evolución del juego en Extremadura, sobre el aumento de las casas de apuestas, y tampoco hay un estudio en el que se analicen los comportamientos de la población, ni la edad con la que se inician en este tipo de ocio, pues andamos un poco a ciegas”.

Por lo tanto y sin más que “las declaraciones de personas que llevan varias organizaciones de ludópatas” y al parecer con la intuición de que “parece que los beneficios de estas empresas han aumentado especialmente este último año con la pandemia”, acusó al Sector de crear “una falsa realidad de que podemos conseguir riqueza con poco esfuerzo”.

En cuanto a la situación sobre el terreno señaló que la normativa extremeña de distancia de 300 metros entre locales de apuestas se estableció después de un boom en la creación de estos centros y dudó de que se cumpliera así como la distancia de 700 metros con centros educativos. Por lo tanto impera “la ley de la selva y la de los más fuertes y el constante bombardeo publicitario, en todo tipo de medios y espacios, a cualquier hora”.

Frente a ello las Propuestas que destacó el portavoz de Unidas por Extremadura fueron “limitar la concesión de nuevas autorizaciones de juego para casas de apuestas presenciales en función de la tasa de población, es decir, establecer una ratio de casas de apuestas según el número de habitantes”. “Llevar a cabo actividades informativas en los centros educativos, en el marco de la prevención de adicciones generadas por el juego y las apuestas, para informar de los riesgos y problemas de salud”. “Reconocer la ludopatía como problema de salud pública y garantizar los recursos públicos, en los planes de prevención y rehabilitación de la ludopatía, en el marco del sistema público de salud”. Y, la “paralización o moratoria de las autorizaciones para las aperturas de establecimientos de juego, en caso de que se vaya a realizar la modificación de la normativa ahora existente”. También abogó por la coordinación con los municipios en la apertura de establecimientos de juego. En definitiva, que como el Ministro Garzón, parece que todavía no se han enterado que el Director General de Ordenación del Juego ha manifestado públicamente y con los datos en la mano que en España no existe un problema de Salud Pública con el Juego… 

Ciudadanos apoyó la Propuesta pese a reconocer que la libertad de empresa debe prevalecer

En el primer turno de intervenciones el diputado de Ciudadanos Casares Sánchez fue el único que anunció el apoyo de su Grupo a la Propuesta de Unidas por Extremadura. Lo hizo porque “ninguna familia extremeña, ni yo como padre, queremos ver cómo

nuestros hijos pasan por el trance de una adicción al juego”. Calificó de “muy adecuada la propuesta sobre la distancia mínima de los establecimientos, en el supuesto de sucesivas renovaciones de autorizaciones” y de “acertado que la Junta de Extremadura elabore un plan de la Comunidad Autónoma para la prevención de la ludopatía”. También apoyó en el contenido de la Propuesta el punto relativo a reforzar el sistema de inspecciones.

Pero en lo que no estuvo de acuerdo el Grupo Ciudadanos fue en

suspender las autorizaciones para la apertura de establecimientos: “¿Quiénes somos nosotros para decir que una empresa o un autónomo no pueden abrir un negocio? Deben ser las leyes. Y creo que la libertad de empresa debe prevalecer”. Tampoco lo estuvo en “exigir la reducción del horario y de aforo respecto a la hostelería. Es decir, que es un negocio como otro cualquiera; tienen sus derechos, no los perjudiquemos más por esta pandemia que a

otros. ¿Quiénes somos nosotros para decir a una empresa o a un autónomo –que cumple la normativa y cumple sus tributos– que reduzca, excepcionalmente y por la tipología de su negocio, sus horarios? No nos parece justo”.

Pese a estas objeciones fundamentales, Ciudadanos mantuvo su respaldo a la Propuesta de Impulso de Unidas por Extremadura.

Voto en contra del PP en defensa de la seguridad jurídica

Desde el Grupo Popular Hernández Carrión comenzó por considerar que el alejamiento de 300 metros establecido por la Junta de Extremadura se había mostrado claramente insuficiente y que, por lo tanto, le parecía bien el cambio, así como otras medidas de la Propuesta como reconocer la ludopatía como enfermedad de salud pública, prohibir la publicidad en espacios deportivos, establecer una estrategia específica para la prevención de ludopatía o aprobar la paralización o moratoria en la concesión de autorizaciones, pero anunció su voto en contra porque “no podemos estar de acuerdo con una serie de cuestiones que generarían inseguridad jurídica”. En ese sentido criticó que la Junta de Extremadura había decretado para las Casas de Juego y Apuesta limitaciones de horarios y aforos de presencia, especialmente más restrictivas que con el resto de la hostelería. Tampoco “podemos estar de acuerdo con elevar la prohibición de otorgar autorizaciones. Es también generaría inseguridad jurídica. No podemos convertir el juego en una actividad delictiva; el juego no es un delito”.

Hernández Carrión se opuso fundamentalmente a la posición política de Unidas por Extremadura en el tratamiento del tema: “No podemos estar de acuerdo y no podemos votar a favor de una propuesta donde ustedes mezclan, incluso, la ideología con la prevención de la ludopatía. Mezclan las ideas políticas con cuestiones sanitarias. Dice, en su propuesta, que se tienta a la clase trabajadoras con políticas neoliberales. Pero ¡qué tienen que ver las políticas neoliberales aquí! Es decir, es que se está criminalizando, ideológicamente, a un sector que genera empleo y que genera impuestos con los que pagamos los servicios públicos”.

También rechazó prohibir las terminales de apuestas deportivas en Salones de Juego, Bingos y Casinos diciendo: “Pero ¡si es que ahí es donde tienen que estar las terminales de apuestas deportivas!”. Asimismo no aceptó implementar regularmente planes de inspección, calificando la medida de “persecución”: “No se puede instar a la persecución de una actividad reglada, legalmente puesta en marcha y que está con carácter legal en España”.

Notable, y atípica, intervención socialista al rechazar la Propuesta

El parlamentario del Grupo Socialista Redondo Milara manifestó que iba a votar en contra de la Propuesta aunque compartían la preocupación de Unidas por Extremadura, pero consideraba que la Junta había sido pionera en tomar medidas respecto al juego, las distancias, inspecciones y controles de acceso. Por lo tanto veía que Unidas por Extremadura “ha pretendido abanderar este problema, como una especie de lucha partidista”.

Pero su argumentación fue bastante más allá, sorprendentemente más allá conociendo otras intervenciones desde el Partido Socialista en otros foros parlamentarios: “Lo que no compartimos con ustedes –expuso el diputado –  es que, para combatir los efectos negativos que provoca la adicción al juego, demonicemos a un sector del que viven muchas familias en Extremadura, que pagan impuestos y que esos impuestos sirven también para financiar los servicios sociales. Señores diputados, el juego no es una actividad ilegal; por tanto, no se trata de aplicar una especie de ley seca sobre el juego, o de aplicar retroactividades o aberraciones jurídicas como las que proponen en algún punto de esta iniciativa, señor Macías. Esa es la clave, que se pueda ejercer esta actividad de modo responsable y seguro, sin estigmatizar y sin perseguir a nadie, sino equilibrando. Porque una cosa debe quedar también muy clara: no todos los jugadores son ludópatas”.

Y el diputado socialista añadió una pregunta: “¿Existen evidencias científicas o de algún otro tipo que digan que hay más contagios en estos locales que en restaurantes, en bares o en cualquier otro tipo de establecimiento similar? No, no existen esas evidencias”. “Sabemos -.añadió-  que la adicción al juego patológico no suele ser una adicción aislada, por eso es fundamental plantear planes de adicción globales y no unitarios”.

En su turno final nuevamente Macías Rodríguez de Unidas por Extremadura utilizó argumentos que pueden cuestionar mucho su conocimiento real del tema, por ejemplo al decir que los establecimientos de juego “la primera medida que toman es sellar todas las ventanas que dan al exterior. Les sirve para poner publicidad y para oscurecer el interior. Y no es porque sí: eso se hace para que los jugadores que están allí, que normalmente tienden a permanecer mucho tiempo, pierdan el sentido del transcurrir del día”.

Sin embargo, defendió que su Propuesta no era ideológica ya que “no se trata de perseguir ni de demonizar ni de recaudar más…, que ya digo que reconozco que este Sector, por lo menos en Extremadura, está muy regulado, paga sus impuestos y además no es poco lo que ingresa la Hacienda pública extremeña con ese tipo de actividad”.

Una exposición final en realidad contradictoria y un tanto incomprensible puesto que sí se reconoce que el Sector está muy regulado, ¿por qué proponer más regulaciones?

En definitiva el resultado de la jornada fue de gran contundencia: 14 votos en contra y solamente 3 a favor de la Propuesta permitieron pasar página a esta enésima iniciativa del incomprensible ajuste de cuentas que esa fuerza política parece pretender realizar con el Sector del Juego.

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