Magnífico artículo de opinión de José Antonio Gómez Yáñez en el que se pregunta: ¿Es el juego una actividad socialmente responsable? ¿lo son otras? ¿son inmaduros los españoles mayores de edad? ¿qué deben hacer las empresas?

El Juego como terreno de peligrosa innovación (jurídica)

Jóse Antonio Gómez Yáñez

¿Es el juego una actividad socialmente responsable? ¿lo son otras? ¿son inmaduros los españoles mayores de edad? ¿qué deben hacer las empresas?

La publicidad del juego online ha desbordado los límites razonables en dimensión e intensidad, hasta el punto de que Autocontrol hizo un dictamen negativo a alguna campaña. Ahí reside el origen de la marea que se abate contra el sector del juego.

Suele ocurrir que para subsanar ciertos problemas se recurra a remedios que pueden ser peores que la enfermedad. El derecho surgió, entre otras cosas, para limitar el poder de las Administraciones, toda una jurisdicción, la contencioso administrativa, se destina a este objetivo e impuso restricciones a la arbitrariedad administrativa.

La necesitad de acotar la publicidad de las webs online está generando una sobreactuación, bienintencionada. En los últimos días han aparecido mensajes que van en la dirección de que la Administración (léase Ministerio de Consumo) pretende ampliar la discrecionalidad administrativa generando conceptos vagos, sin contornos precisos, lo que llevaría la acción de las Administraciones a los confines del derecho (o sea, a la linde de la arbitrariedad). Veamos sólo dos nuevos conceptos.

La nueva Subdirectora General de Regulación de la DGOJ, en ACENCAS,  deslizó el concepto “juego socialmente sostenible”.  Conviene “delimitarlo y chequearlo”:

¿Es socialmente sostenible que la tasa de juego problemático en España sea del 0,3%, según los estudios del Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III y varios oficiales (País Vasco, Asturias, Cataluña, la propia DGOJ) lo que convierte a España en uno de los tres o cuatro países con tasas más bajas? Por cierto, la “Memoria del análisis de impacto normativo del Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego” (online) (un documento impresionante aunque haya partes discutibles) en su nota a pie de página 17, pág. 45, toma estos estudios como referencia. Aunque unas páginas antes, en la 42, hay un confuso párrafo acerca de una Recomendación de la Comisión Europea de 2014 que parece sugerir que esta tasa andaría entre el 0.1% y el 0.8% más 1,1% y un 2,2%. Hubiera sido mejor, más preciso, incluir en el texto los datos españoles, suficientemente contrastados, que una vaga referencia europea de fuente y ámbito ignotos que tiende a sobredimensionar el tema.

  • En los últimos 30 años las tasas de juego problemático en España descienden. Recogiendo todos los estudios sobre el tema publicados en España entre 1990 y 2019 (ver Juego y Sociedad 2019, IPOLGOB Universidad Carlos III, pág. 100) la tendencia es descendente y está en mínimos desde 2004:

Jesús Fuentes

Salvo error u omisión, se podría concluir que mantener este nivel de juego problemático y esta tendencia es un indicador suficiente para considerar que en España la (calidad de la) normativa actual y la gestión de las empresas son “socialmente sostenibles”.

El hecho de que los estudios citados estén financiados por CEJUEGO y, antes, por Codere, indica que las empresas de juego asumen un compromiso de vigilancia estricta de las “externalidades negativas” de su actividad.

La población en tratamiento por Trastorno de Juego es el 0,02% de los comprendidos entre 18 y 75 años, lo que equivale al 3,1% de la población en tratamiento por drogadicciones (datos del Ministerio de Sanidad y de las Consejerías de Salud autonómicas en las Memorias Anuales del Plan Nacional contra las Drogas). Parecen tasas lo bastante bajas, y en descenso, para pensar que este problema en su faceta más aguda está controlado, desde luego, mejor que las adicciones con sustancias.

En Madrid, el epicentro de esta algarabía, inscritos en el programa de “ludopatía” hay 92. Sería absurdo teclear el porcentaje que representa este número sobre 5,5 millones de mayores de edad.

La presencia de menores en salas de juego ha sido desmentida por la Policía Nacional (28 casos sobre casi 3.000 inspecciones) y las policías autonómicas y locales de Badajoz, Asturias, Madrid…

En suma, si nos atenemos a los indicadores objetivos de las “externalidades negativas”, hay que concluir que el sector del juego es “socialmente responsable”.

Veámoslo de otra manera ¿Qué la publicidad del juego la protagonicen “famosos” es responsable? Se deduce que no en esta regulación, pero Julia Roberts es la imagen de Lancôme y Charlize Theron de Dior J’Adore. El objetivo de sus campañas de Navidad, San Valentín, etc., es vender, y en tal caso hay que recordar que el 1% de las mujeres entre 18 y 75 años se pueden clasificar en el nivel “muy alto” de sensibilidad a las compras compulsivas o impulsivas (Percepción Social sobre el Juego de Azar en España IX, IPOLBOG Universidad Carlos III, 2018, págs. 72 y 73). Estas campañas deberían someterse al mismo criterio, ¿o no?

¿Es sostenible socialmente una actividad que costó la vida a 33 personas en los cuatro primeros meses de 2019? (últimos datos publicados). Sin duda no. Pues bien, tal número son los fallecidos por ahogamiento en playas (11), piscinas (5) y ríos (17) (https://rfess.es/2019/05/61-ahogados-en-los-cuatro-primeros-meses-de-2019/#.XlTi-jJKjcs), en verano la cifra se dispara, sobre todo en piscinas. Desde el punto de vista de lo socialmente sostenible: ¿se deben prohibir las piscinas, playas y ríos? ¿es socialmente aceptable este número de víctimas? Lo es porque millones de personas disfrutan de actividades acuáticas y porque todo en esta vida conlleva riesgos, pero en España 29 millones de personas juegan ¿cuál es la diferencia?

La alarma social. En los barómetros del CIS se pregunta por los tres problemas del país y por los otros tres problemas que más afectan personalmente a los entrevistados. Cada barómetro entrevista a 3.000 personas. Tres recientes suponen 18.000 respuestas: ninguna cita el juegoNo debería confundirse la alarma social con la aparición en digitales, minimanifestaciones o con la repetición de mensajes manidos por articulistas que tienen que teclear todas las semanas y, a veces, se encuentran sin tema. Recientemente una criticaba el juego en España a partir de su recuerdo de los casinos de New Jersey. Y ahí hay otro error: el modelo de juego español y europeo no tiene nada que ver con el americano o el asiático. Nuestros casinos, bingos y salones son microscópicos en comparación con los de aquellos países. Y esto está muy bien. Son admirables los columnistas diarios o semanales ¡qué esfuerzo por encontrar temas!, pero a veces caen en cosas sobadas. Eso no es alarma social. La gente pasa tranquilamente por delante de los salones de juego, bingos y salas de apuestas.

Si estos indicadores no sirven, convendría tener rápida información sobre otros “medibles objetivamente”.

Otro concepto que se desliza, ahora en la pág. 41 de la Memoria del citado RD: “La protección de adultos mayores de edad en edad temprana” (adultos y edad temprana en la misma frase, el papel lo aguanta todo, deben querer decir inmaduros). A los 18 años se tiene derecho a voto, es decir, a decidir sobre sus bienes y los de todos a través del voto; derecho a gestionar sus bienes, a contraer matrimonio –incluso antes-, firmar contratos laborales o mercantiles, a tener licencia de caza, ser policía, guardia civil o soldado, etc., para resumir: se asumen todos los derechos y deberes inherentes a la ciudadanía (como concepto jurídico y político). So capa de este concepto anida la idea de prolongar la “protección del Estado” a los ciudadanos sumiéndolos parcialmente en una minoría de edad en determinados terrenos decididos por los legisladores o, en este caso, por los “reglamentadores” puesto que tratamos de un Real Decreto no de una Ley. Un mayor de edad es un mayor de edad, y esto de “en edad temprana” es un engendro infantilizador. Si el ministerio del ramo opina que los 18 años no son suficientes para saber jugar online –de eso se trata- o presencialmente, que asuma que está diciendo muchas cosas: que no tiene juicio para administrar sus bienes, no sabe discernir, no sabe controlarse cuando maneja el ordenador, etc., en tal, caso, que agarre el toro por los cuernos y proponga la elevación de la mayoría de edad a los 21 o a los 35 años, pero mantenga la coherencia, vaya a ser que por otro lado nos proponga reducir la edad de derecho de voto a los 16 años.

En suma, la publicidad del juego online debe regularse restrictivamenteEl sector del juego debe aprender que es mejor autorregularse a tiempo que dejar que las cosas se pudran, y de estos apretones debería extraer consecuencias. Pero esta regulación no debe servir para introducir conceptos que induzcan a la arbitrariedad administrativa o infantilicen a los ciudadanos. España no es un vertedero donde aniden todos los vicios y los jóvenes mayores de 18 años tienen suficiente juicio para ejercer sus derechos civiles, laborales y económicos (¿o no?). Si no es así, habríamos fracasado como sociedad para educar adultos.

¿Qué deben hacer las empresas?

En junio se presentará la 11ª edición de Juego y Sociedad y la Universidad Carlos III volverá a informar a la sociedad española y a las administraciones de las tasas de juego problemático. Es una ocasión para que los presidentes de las principales empresas de juego y de las patronales sectoriales firmen un documento en el que se comprometan a mantener su vigilancia sobre las tasas de juego problemático mediante estudios anuales y a que, si esas tasas suben o España deja de estar entre los cinco países con las más bajas de Europa, sus empresas y patronales, tomarán las medidas apropiadas. Esta sería la mejor demostración de su compromiso con el juego responsable y con la sociedad y, me parece, que con la viabilidad de sus empresas a largo plazo.

José Antonio Gómez Yáñez

Socio de Estudio de Sociología Consultores y Profesor de Sociología de la Universidad Carlos III

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